Lejos de apoyar a los gobernadores de su partido político, la ministra Patricia Bullrich y varios de sus adalides mileístas eligieron agitar su propia interna, priorizar su pertenencia al gobierno anarcoliberal y salir públicamente al cruce de los patagónicos que defienden los derechos de producción de sus provincias.
A través de una misiva firmada por un intendente, algunos diputados y decenas de desconocidos dirigentes macristas, la titular de la cartera de Seguridad exigió que la política de ajuste y reducción del gasto fiscal “debe ser acompañado por todas las provincias”.
Contra los gobernadores
Puntualizó también que el PRO “no puede avalar” la actitud de los mandatarios de las provincias patagónicas petroleras que cerraron filas con el chubutense Ignacio Torres, en su decisión de no entregar petróleo si Javier Milei no revierte su recorte en la coparticipación federal.
Como si fuera poco, les hizo “un llamado a la responsabilidad” y les dejó claro que “el PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país”. Estas actitudes, argumentaron, “ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso”.
En otras palabras, se puso en contra de los suyos para defender al gobierno de sus aliados. Y en esa línea sostiene que los miembros de su partido asisten “consternados a la resistencia de muchos gobernadores a compartir el esfuerzo fiscal” con Nación.
Del lado de Milei
El mensaje de la misiva tiene tres ejes que revuelven la interna del PRO: acompañar al gobierno de Milei en su ajuste del gasto fiscal, pide discutir la política de coparticipación pero, a la vez, defiende la política de motosierra contra las provincias.
“El gobierno nacional debe cumplir con los compromisos de la coparticipación establecidos por la Constitución y las leyes, pero no está obligado -ni puede hacerlo- a conceder condonaciones de las deudas provinciales.” En este sentido acusa a las provincias de fomentar un “escandaloso” número de “empleo estatal” en detrimento del privado.
Luego sostiene que “es necesario discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales, como establece nuestra Constitución y nunca se ha cumplido”. Pero remarca que, mientras tanto, “todos debemos sumar nuestros esfuerzos”.
"Kirchnerismo golpista”
Por otro lado, de manera forzada, la carta sostiene que la actitud de Torres, gobernador de Juntos por el Cambio, es un “mecanismo no institucional” que fue “acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista”; esto “deja en claro que el PRO no puede avalar eso”.
De paso mete en la misma bolsa a “gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico” y “beneficiarios de prebendas de todo tipo”, a las que no identifica.
Y en otro intento de probar que todo tiene que ver con todo, lanzó “un llamado a la responsabilidad a todos quienes comparten nuestra visión de un país federal en el que cada provincia genere sus propios recursos y sea sustentable, en el que la maquinita de imprimir billetes deje de financiar privilegios a expensas del bienestar de los ciudadanos y en el que la continuidad y el respeto de la Constitución y las leyes sean el punto de partida de la resolución de disputas y controversias”.
Entre sus fundamentos, la carta retoma la crítica al supuesto gradualismo que Mauricio Macri intentó durante su gobierno endeudador y que “impidió la continuidad del cambio”. Y como contrapartida defendió el “coraje y decisión” con el que apoyan al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Sostiene que el gasto fiscal (léase ajuste) “debe ser rápido y profundo”, y exigió que también “debe ser acompañado por todas las provincias”.
Además, reconoce que “la derrota parlamentaria de la ley Bases fue un duro golpe” para las aspiraciones del arco de derecha pero resala que el bloque de Juntos por el Cambio “se mantuvo compacto” en su alianza con el oficialismo minoritario en Diputados.
