Senadores del radicalismo, el peronismo disidente y partidos provinciales le reclamaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a sesión especial para debatir el decreto de necesidad y urgencia 70/23 firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió en diciembre del año pasado.
La nota fue enviada el viernes a última hora, pero ingresó esta mañana a la Cámara alta y reclama "según lo establecido en el artículo 19 y 20 del Reglamento, en virtud de su facultad, convocar a una sesión especial" para tratar el DNU.
Los senadores que firmaron
La mayoría de los firmantes pertenecen a provincias patagónicas, a excepción de dos misioneros y los tres peronistas disidentes.
Se trata de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, de Por Santa Cruz; el radical fueguino Pablo Blanco; la representante de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva; y los peronistas disidentes Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba).
También estamparon su firma los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
En cambio, no fueron de la partida los chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (UCR).
El tratamiento del DNU
El reglamento le otorga a la Vicepresidenta de la Nación, como presidenta del Senado, la facultad de establecer día y hora de la convocatoria a la sesión, algo que fue parte de la discusión con Unión por la Patria y sus reclamos anteriores.
Además, la Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convocó la semana pasada, comenzará este jueves, formalmente, a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como decenas de normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, encabeza desde hace semanas la voz de la oposición para exigir que Villaruel convoque a la sesión requerida por ese bloque para tratar el DNU. “Nosotros le pedimos a la vicepresidenta que llame a la sesión, pero ella opina que tienen que pedirlo todos los bloques, no sé de donde saca eso, porque con 5 senadores alcanza”, le apuntó Mayans a inicios de mes.
A pesar de los reclamos de Unión por la Patria, la vicepresidenta y titular del Senado convocó a la reunión preparatoria de la Cámara alta, en la que se designaron las autoridades, recién la semana pasada. La carta de los senadores opositores ahora suma presión para poner en marcha el tratamiento del DNU.
La denunciada conformación de la Bicameral
En ese sentido, también la semana pasada, hubo un avance respecto del tratamiento del decreto presidencial de desregulación económica. La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo designó al senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto como titular a cargo del ese cuerpo, que tiene a cargo la revisión del DNU.
Tras esa designación, los bloques del peronismo y el kirchnerismo rechazaron la conformación al considerar que se había "vulnerado" la representación que les corresponde, ya que desde Unión por la Patria reclaman que les corresponde tener 4 diputados y 4 senadores, pero les otorgaron 6 de los 16 miembros que conforman el organismo parlamentario.
"No vamos a participar de ninguna votación de autoridades de esta Bicameral de DNU, porque claramente están violando la representatividad popular de nuestros bloques", adelantó la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.
Además, la designación de Pagotto fue objetada por las diputadas de izquierda Myriam Bregman y Romina del Pla, quienes pidieron leer una carta de organismos de derechos humanos que objetan al senador riojano por haber sido abogado defensor de exmilitares y funcionarios de la dictadura militar en juicios por delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital y el Grupo de Curas en Opción por los Pobres declararon su "preocupación y repudio" por la designación. Mientras que la organización H.I.J.O.S Capital recordó que Pagotto "calificó al fallo 'Muiña' de la Corte Suprema de Justicia --que había habilitado el beneficio del 2x1 para los genocidas-- como 'jurídicamente inobjetable'".
