La Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Fundesc), junto a vecinos de la ciudad de Rosario y la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas, presentaron un amparo contra la eliminación de los subsidios nacionales al transporte público. Roberto Sukerman, representante de Fundesc, consideró que “si no se suspenden las quitas de subsidios los boletos podrían subir a más de 1000 pesos. En el mundo el transporte masivo (colectivo, trenes, subtes) se subsidia. Es parte de planificar la movilidad urbana”. Se suma a las numerosas críticas contra la política de recorte de los gastos.
“Los subsidios no son sólo por las tarifas, sino por una defensa del uso de los transportes públicos en lugar de los autos individuales. Pero además en este caso evitar la quita de subsidios es claramente para poder defender los bolsillos de sectores vulnerables de la población”, consideró Sukerman.
Si bien la Fundesc presentó el amparo en la justicia de Rosario, la propuesta de que no se eliminen los subsidios apunta a tener alcance nacional. En la presentación se reclaman varios puntos clave para evitar subas extraordinarias en el costo de los transportes. Por un lado, se solicita la vigencia del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”. A su vez, se pide que este fondo este integrado por “la suma de 85 mil millones de pesos, con más un 211,4 por ciento, equivalente a la inflación del 2023 o el sistema de actualización y preservación del valor del Fondo que el Tribunal considere”.
Otro de los puntos que aparece en el amparo es que “se disponga que, del Fondo referido, corresponde a las empresas y municipios que brindan el servicio de transporte público de pasajeros urbano y suburbano”. También que "se condene al Estado Nacional a transferir las sumas de dinero correspondientes a los puntos previos de la pretensión, mensualmente y con puntualidad”. En tanto, se busca que haya una convocatoria al Consejo Federal para “la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros” o “se condene al Estado a realizarla”.
En la presentación ante la justicia de la Fundesc se solicita también que "se deje sin efecto y se declare inválida toda vía de hecho, acto o norma que elimine o restrinja el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y su distribución entre los beneficiarios legales".
Al punto anterior se agrega además el pedido para “declarar el derecho a los usuarios con base en el artículo 42 de la Constitución Nacional a que el Estado Nacional ejecute el “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” de modo que la tarifa del transporte público de pasajeros urbano e interurbano sea justo y accesible a los ingresos de los usuarios”.
Desde la Fundesc se mostraron muy críticos del programa de fuerte recorte del Estado que intenta llevar adelante Javier Milei. “El gobierno ha interrumpido las transferencias a las provincias suspendiendo el Fondo que hace a este instrumento fundamental para el desarrollo social”, se planteó a través de un comunicado de la fundación. “La medida afecta directamente a millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que tienen riesgo de desaparecer”, se agregó.
Para cerrar, se planteó que “el inminente inicio del ciclo lectivo 2024 conlleva la necesidad de utilización diaria del sistema de transporte público de pasajeros para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, asistentes escolares que, junto con trabajadores y jubilados, también deben trasladarse cada día”. Si se quitan los subsidios, “el boleto será impagable para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables”.
