Cinco policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron detenidos este fin de semana acusados de haber plantado pruebas para incriminar a una persona en ataques a balazos a instituciones públicas que incluyeron amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro. Los efectivos -uno los cuales ahora trabajaba en la Oficina de Gestión Judicial del MPA- serán imputados por "encubrir" a una banda inculpando a su rival, el próximo miércoles. Los efectivos plantaron tres pistolas al conductor de una Hilux que fue detenido el 31 de enero en la zona oeste que fueron utilizadas en la balacera contra una sucursal del banco Macro, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ataque a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales y contra una estación de servicios de la zona sudoeste, hechos ocurridos entre diciembre y el pasado mes. Así lo indicó el fiscal Franco Carbone, quien ordenó los arrestos de Damián R., Lisandro V., Yael F., Joaquín D. y Marcos Martín M., a quienes llevará a audiencia imputativa el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal.
"Durante el fin de semana último fueron detenidos cinco policías a quienes se les van a imputar una serie de delitos vinculados a encubrimientos en distintas balaceras a objetivos importantes y que también tuvieron por objeto amenazas al gobernador de la provincia y a distintos funcionarios provinciales", según explicó en conferencia de prensa Carbone.
El funcionario, quien investiga distintas balaceras registradas en Rosario durante diciembre y enero indicó que se trata de investigaciones que se iniciaron cuando fueron baleadas las instalaciones del Banco Macro, el hospital de Emergencias -HECA-, la comisaría 19°. y la Policía de Investigaciones (PDI), entre otras Instituciones.
El fiscal detalló que, en distintos procedimientos, los policías que serán acusados por "encubrimiento" plantaron "armas" para beneficiar a bandas delictivas "que efectivamente cometieron los atentados", dijo.
El primer ataque fue el 12 de diciembre pasado, cuando dos hombres, uno de ellos con guantes de látex, disparó con una pistola calibre .40, de gran poder de fuego, contra la sede del Banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar los atacantes dejaron una amenaza contra Pullaro, que hacía referencia al enojo de los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero. Unas horas después se produjo un ataque similar contra la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde el calibre que utilizaron los atacantes fue el mismo. Además, los tiradores dejaron otro mensaje casi idéntico al que habían arrojado en la puerta del banco horas antes.
El tercer ataque se produjo el 27 de diciembre. Ese día fue baleada la comisaría 19ª de Rosario. Los disparos, según los peritajes, se hicieron con una pistola .380. En una audiencia imputativa fue acusado Riquelme, preso actualmente en la cárcel de Marcos Paz, de planear y de financiar este ataque. La sospecha del fiscal era que también había organizado los dos atentados previos, pero no obtuvo pruebas para endilgarle esos hechos.
Además, en la investigación judicial detectaron que el 20 de enero pasado se usó una de las armas plantadas por la policía, una calibre 9 mm, para balear la sede de la TOE, en la zona oeste de Rosario. Ahí también se encontró un mensaje que hacía referencia a la banda Tripi. Tres días después, con esa pistola tirotearon el bar de una estación de servicio. Y apareció el mismo mensaje.
El fiscal reveló que los uniformados arrestados concretaron el hecho el 31 de enero pasado cuando, "plantaron" tres armas de fuego, calibres 9 milímetros, 40 y .380 y un cartel con un mensaje contra el gobernador Pullaro para incriminar falsamente a un joven que conducía una camioneta Toyota Hilux.
"Claramente esas armas deberían haber estado secuestradas en ese momento porque ya habían ocurrido esas balaceras y en cambio estaban en poder de los policías cuando detuvieron al joven conductor", apuntó Carbone.
Sobre la situación del joven detenido en esa oportunidad, el funcionario aseguró que fue "liberado cuando surgió esta hipótesis y tuvimos los resultados de las pericias a las armas secuestradas".
El fiscal afirmó que tiene “comprobado” que las pistolas “fueron puestas” por los agentes a Alexis Michel C. M., quien recuperó la libertad por pedido del propio funcionario del Ministerio Público de la Acusación. “Están encubriendo a una banda, si se quiere, que es rival con el grupo al que pertenece o tiene identidad de pertenencia la persona a la que supuestamente le encontraron las armas. Los pormenores, si hubo dinero de por medio, y un montón de cuestiones, se van a guardar para la audiencia”, amplió.
La banda conocida como Tripi, a la que pertenece el conductor de la Toyota Hilux al que le plantaron las armas, opera en los monoblocks del barrio Fonavi Parque Oeste, donde el monopolio de la venta de drogas lo tiene Iván Tripi, que fue condenado el año pasado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2. La distribución de cocaína en el barrio la manejaban desde las cárceles de Resistencia y Ezeiza, donde están presos la mayoría de los integrantes de este grupo.
