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Luego de una campaña sucia contra Juan Grabois y la exsecretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, el presidente Javier Milei redujo por decreto el financiamiento del FISU (Fondo de Integración Sociourbana), que del 9 por ciento del impuesto PAIS pasará a recibir sólo el 0,3 por ciento. Los medios adictos al gobierno venían haciendo una avanzada burda: acusaron a Grabois y a Miño de quedarse con "la caja" de la urbanización de barrios populares, aunque no presentaron ni un dato que respaldara esa acusación y terminaron desmentidos por el funcionario que La Libertad Avanza nombró como nuevo responsable del área. Pero aunque la opereta se cayó, el gobierno avanzó con el recorte. Debido a la quita, las obras públicas que se venían realizando en los barrios populares quedarán interrumpidas, reducidas al mínimo. Y unos veinte mil de trabajadores -cooperativas formadas con vecinos de los propios barrios, con mujeres trabajando en las obras e ingresos similares a los salarios de mercado para la construcción- perderán su continuidad laboral.
El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo, que en menos de una carilla y sin argumentar -el texto sólo dice que el ministerio de Economía está facultado para hacerlo- desarmaron el plan de integración sociourbano. Se trata de la política social más avanzada que tenía la Argentina.
El programa de Integración Sociourbana fue creado con dos objetivos: mejorar las condiciones de vida de los barrios populares y hacerlo generando trabajo de manera intensiva.
Sus obras llevan a los barrios populares los servicios públicos que esos territorios no tienen: conexiones de agua potable, instalaciones de electricidad segura (para evitar los incendios, tan frecuentes en las viviendas precarias), veredas, núcleos húmedos (cocina más baño), cloacas, mejoramientos de viviendas, plazas.
En cuanto a la creación de trabajo, con la política de favorecer el uso intensivo de mano de obra, 20 mil vecinos de los propios barrios, según las estimaciones de la SISU, se desempeñaron en esos mejoramientos urbanos. El 10 por ciento de la población del país vive en barrios populares, por lo que las obras que faltan hacer no son pocas.
A continuación, algunas claves sobre el plan que acaba de desfinanciar Milei.
¿De dónde salió la SISU?
El programa fue creado en 2018 por una ley del Congreso (la 27.453), que se aprobó por unanimidad, con el respaldo de los bloques del oficialismo y la oposición. La norma fijó que un 25 por ciento de las obras debían ser hechas por habitantes de los propios barrios.
Por eso los movimientos sociales tuvieron participación en las obras, que también organizaron los municipios y las gobernaciones.
¿Qué dijo la campaña sucia?
"Gastó 480 mil millones de pesos y sólo terminó el 6 por ciento de las obras (LN+); "Se hicieron tres cordones cuneta" (LN+); "Esto no es ni más ni menos que las rutas de Lázaro Báez (...) dicen que trabajan para los pobres y los revientan, como Milagro Sala y como la gente de Sueños Compartidos" (Luis Majul); "El fondo que manejaba Juan Grabois gastó 130 millones en viáticos y comisiones" (Clarín); "El gobierno entiende que es una 'caja negra' que tiene escasos o nulos controles" (Infobae).
Sin embargo, luego de varios días de campaña el actual titular de la SISU, Sebastián Pareja, nombrado por el gobierno de Milei para reemplazar a Miño, aclaró que no había encontrado irregularidades. "Es más: si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández le pega en el palo. Lo que estoy viendo es que tiene 1200 obras y el 80 por ciento del presupuesto ejecutado. El BID la promueve como un ejemplo, no me imagino al BID acompañando a una política de corrupción". El secretario agregó que los fondos tienen muchos controles y que no tiene "ni un dato a la vista para hacer una denuncia penal".
¿A quiénes llegaban las obras?
A las viviendas de los barrios populares que el Estado registró en el Renabap (hoy están reconocidos 6467 polígonos, donde viven más de 5 millones de personas, más del 10 por ciento de los argentinos). Sobre este punto vale tener presente que desde la dictadura del ‘76 en la Argentina se dejaron de hacer loteos populares. Las generaciones de nuestros abuelos o bisabuelos, con un salario, podían comprarse un terreno en cuotas, pero ese camino hace ya 50 años que está vedado. Una de sus consecuencias es que la principal vía de acceso a la vivienda de las clases subalternas pasaron a ser las ocupaciones. Las tomas avanzaron sobre terrenos invendibles, despreciados por el mercado, inundables, sin agua, ni cloacas, sobre los que crecieron los barrios. Cuando comenzó el programa de integración sociourbana, el 90 por ciento de las viviendas censadas no tenía agua potable.
Sobre el impuesto al dólar
La propuesta de urbanización, aunque sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, no tuvo financiamiento en el gobierno de Cambiemos. Accedió a algunas líneas de financiación internacional, del BID, y recién con la llegada a la Casa Rosada del Frente de Todos comenzó a contar con recursos a escala. En 2020 se creó el Fondo de Integración Socio Urbana, al que se otorgó el 9 por ciento del impuesto a la compra de dólares ahorro (o dolar PAIS). Al año siguiente, el FISU recibió una parte (el 15 por ciento) del impuesto a las grandes fortunas (cobrado por única vez durante la pandemia) que hizo que la urbanización pudiera dar un salto. De hacer veredas o cordones cuneta se pudo pensar en abordar obras grandes, como las cloacas.
Como se observa en el cuadro sobre el financiamiento del FISU, en 2021 el impuesto a las grandes fortunas tuvo gran peso en el presupuesto para urbanizar los barrios populares, y luego pasó a ser clave lo ingresado por el 9% del impuesto a la compra de dólares, que es lo que ahora quedó recortado.
Según la estimación de Habitar Argentina, la quita implicará que de cada 100 obras que iban a hacerse en los barrios populares sólo podrán ser concretadas 10.
En diciembre pasado la SISU hizo una rendición de cuentas públicas sobre sus trabajos. Fue en la Facultad de Economía de la UBA, en una jornada abierta al público. Muchos de los datos de esta nota salen de esa rendición. Por otra parte, en la web hay un Monitor de obras de Integración Socio Urbana, con datos abiertos.
¿Qué pone en juego la SISU?
Un punto poco visible de los cambios que implicó el programa es que revirtió la lógica de la obra pública destinada a los que menos tienen. Porque antes de este plan, el Estado sólo financiaba la llegada de los servicios públicos -el agua, la apertura de calles, la electricidad- a asentamientos en tierras de propiedad del Estado, que son un 20 por ciento de los existentes, o a las viviendas que hubieran pasado por un proceso de regularización dominial, que es muy lento, de entre 15 y 20 años.
Otro cambio es el vinculado a la creación de un nuevo modelo de obra pública, en el que los barrios se organizan. La comunidad pasa a tener más poder que el mercado. El modelo de la integración sociourbana entra así en tensión con la lógica de la obra pública destinada a las empresas contratistas, aunque no tanto. La verdad es que el sector privado tampoco tiene mucho interés en meterse a hacer obras en barrios con altos niveles de violencia, donde el hacinamiento y un montón de problemáticas internas complican las tareas a realizar. La tensión mayor parece darse con la idea de un Estado que reconoce derechos a sus ciudadanos, con el concepto mismo de ciudadano; con el imaginario moderno en el que la idea de ciudadanía iba de la mano de ideales de igualdad y de justicia.
