El Gobierno nacional no da tregua y en medio de la disputa con el Congreso, dispuso por medio de un decreto implementar en todo el país del Código Procesal Penal Federal y dejó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia, que reemplazará en esa función a una Comisión Bicameral creada a tal fin en el Congreso

"El Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia", señaló el Decreto 188/2024 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y publicado ayer en el Boletín Oficial.

Entre sus funciones, el Ministerio de Justicia tendrá, además, la de implementar "en forma progresiva" el Código Procesal "en los distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal", como también "coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales".

Para ponerlo en marcha, el Ministerio constituirá "un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación" del Código. El consejo estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, Colegios de abogados, magistrados, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

La posibilidad de reformar por decreto la ley había trascendido tras la visita de Cúneo Libarona a Salta y Jujuy, donde observó cómo se llevó a cabo en esos territorios la implementación. El ministro estuvo en Jujuy el sábado. Y publicó una serie de mensajes en la red social X bajo el título "El sistema acusatorio como política de estado", en los que se refirió a sus bondades sin mencionar la persecusión de la provincia a opositores políticos. Mientras el ministro visitaba las provincias, los fiscales federales de todo el país comenzaron a recibir por WhatsApp un mensaje que se viralizó rápidamente y decía que el presidente Milei tenia previsto firmar un decreto en ese sentido. La firma corrió al Congreso y a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación de la puesta en vigencia del proceso.