Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz estarán presentes el viernes en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias que realizará el presidente Javier Milei. Las invitaciones aún no llegaron al Palacio de Tribunales, de la misma forma que el mandatario se jactó de aún no haber escrito una línea para su discurso, pero los supremos ya confirmaron su presencia. 

La aparición de los cortesanos en el Congreso tiene todo un peso simbólico ya que está pendiente de definición el tratamiento del DNU 70/2023, algo que los magistrados esperan sin resolver aún el pedido de inconstitucionalidad presentado en diciembre por el gobierno de La Rioja. Además, se suman en la carrera hacia la Corte las presentaciones que comenzaron a realizar las provincias en contra de los recortes del gobierno nacional a los fondos fiduciarios y coparticipables. 

El pedido de inconstitucionalidad hecho por el gobernador Ricardo Quintela fue presentado el 27 de diciembre y la Corte abrió un expediente que giró al procurador Eduardo Casal para que defina la competencia, como una primera señal de que tomaría el caso. Sin embargo, los supremos evitaron abrir la feria judicial y durante todo febrero tampoco movieron piezas para tomar el caso, aunque Casal ya se pronunció a favor de la competencia de la Corte para tratarlo. 

Desde el Palacio de Tribunales anticiparon que la asistencia al recinto no implicará ningún tipo de expresión política ni declaración a favor o en contra del DNU que avanzó con la desregulación de la economía, con la legislación laboral --algo que la CGT logró frenar en tribunales-- y otras cientos de normativas eliminadas como la Ley de Alquileres o la de extranjerización de tierras. Aunque el decreto fue limitado por varias fallos judiciales, hasta ahora ningún juez avanzó en declarar nulo todo el DNU. 

Hasta el momento, la Corte espera que el Congreso resuelva el rechazo del DNU para evitar intervenir. En el Parlamento, el Poder Ejecutivo buscó esquivar el debate, tarea a cargo de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel, quien no respondió al pedido del bloque de Unión por la Patria durante todo el periodo de sesiones extraordinarias. Ayer se sumaron a ese pedido nueve senadores que responden en su mayoría a bloques provinciales. Estos movimientos indican que el gobierno nacional no tendría los votos para pasar el DNU por la Cámara alta, mientras que en la Cámara baja no logró tratar la Ley Ómnibus -que, a su vez, contenía al decreto-. 

Los cortesanos además podrían ser protagonistas de las batallas que el Poder Ejecutivo abrió contra las provincias, tras el revés de la Ley Ómnibus, en la que los gobernadores se opusieron principalmente a algunas privatizaciones, facultades delegadas y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

El frente abierto en estos días es con la provincia de Chubut, cuyo gobernador, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de gas y petroleo en caso de que el Ejecutivo no diera marcha atrás con la negativa de refinanciar una deuda del tesoro nacional con la provincia y avanzar con el giro de lo correspondiente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. 

Torres fue también al Poder Judicial y consiguió un fallo favorable del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien hizo lugar este martes al pedido del gobernador de Chubut para que el gobierno nacional "cese" la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia. Sin embargo, rechazó la pretensión de Torres "en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación". La respuesta de la Casa Rosada fue  el anuncio de que presentará un recurso de "per saltum" para que intervenga directamente la Corte.

Otro capítulo que se encamina a definirse en la Corte Suprema es el protagonizado por el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof anunció ayer que se presentaría ante el máximo tribunal para apelar la decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), creado durante la gestión de Alberto Fernández, para financiar las política de seguridad bonaerense, tras la revuelta de la Policía Bonaerense en medio de la pandemia de Covid-19. El fondo también servía para brindar alimentos a comedores, a escuelas, a financiar nuevas plazas carcelarias y a construir centros de salud.

“Ya agotamos las instancias administrativas y de diálogo, por lo que hoy instruimos al fiscal de estado de la provincia para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de la Nación y que cautelarmente nos restituya los fondos que nos sacaron”, anunció ayer el gobernador bonaerense.