Los abogados de represores no cejan en su intento de forzar una discusión en la más alta instancia judicial sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. El tema se coló este martes en una reunión de la Cámara Federal de Casación Penal después de que un grupo de defensores de condenados por crímenes de lesa humanidad pidió una audiencia para hacer escuchar su reclamo. El lobby, al menos por ahora, no tuvo éxito.

El 9 de febrero pasado, los abogados Elena Rita Genise y Guillermo Jesús Fanego presentaron una nota ante el presidente de la Casación, Mariano Borinsky, para solicitarle que él y sus colegas los reciban. Decían que querían dar su opinión ante la posibilidad de que el tribunal celebre un plenario para discutir la domiciliaria para los adultos mayores. Pese a lo que plantean las defensas, el arresto domiciliario es la regla para los acusados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Según las últimas estadísticas de la Procuración, el 77 por ciento de los detenidos está en sus casas.

Este martes, Borinsky presidió el acuerdo de superintendencia. Es cuando se reúne el presidente de la Casación con los presidentes de las cuatro salas que la integran. Estuvieron Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos. En el encuentro se habló de la carta de Genise y de Fanego. Sin embargo, a los abogados los despacharon con un “téngase presente”, adoptado por la mayoría de los jueces. El único magistrado que quería entrar de lleno a la discusión era Hornos.

Casación arrastra desde diciembre pasado una discusión sobre si corresponde hacer un plenario, convocando a las cuatro salas del tribunal, sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. No es un tema que surgió de los propios jueces, sino que se trata de un pedido que presentaron otros dos abogados de condenados por crímenes de lesa humanidad.

Un día después de que asumieran Javier Milei y Victoria Villarruel, Ricardo Saint Jean –hijo del interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura– y María Laura Olea –una exsecretaria de la Casación que debió renunciar después de que trascendiera que alternaba sus tareas en la cámara con la defensa de su padre que estaba siendo enjuiciado por delitos contra la humanidad– pidieron una reunión plenaria sobre las domiciliarias. Lo hicieron después de que la Sala IV rechazara un recurso para que el represor Diego Chemes, que actuaba en el Vesubio, volviera a su casa.

Los tres integrantes de la Sala IV –Borinsky, Hornos y Javier Carbajo– decidieron enviar la solicitud para que se analizara en superintendencia. La convocatoria estuvo en el temario del martes 19 de diciembre, pero no hubo acuerdo para llamar a una instancia plenaria. La discusión se dio minutos antes de que los casadores recibieran al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y generó suspicacias entre los abogados de los organismos de derechos humanos.

Terminada la feria y ante la falta de noticias, los defensores de acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad volvieron a la carga. La presentación de Fanego y Genise fue hecha a nombre de la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, una ONG que se creó meses después de que la Corte Suprema intentara abrirles la puerta del 2x1 a los represores de la última dictadura. Para entonces, los miembros de la asociación sostenían que el gobierno de Mauricio Macri tenía buenas intenciones pero no había pasado de procurar algunos cambios cosméticos.

En sus primeros tiempos, el grupo se dedicó fundamentalmente a presentar denuncias contra aquellos que consideraban actores claves del proceso de verdad y justicia: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el supremo Ricardo Lorenzetti –porque entendían que impulsaba a los jueces a continuar con las causas–, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) Jorge Auat y al fiscal Javier de Luca después de impulsar que se investiguen las torturas en Malvinas como graves violaciones a los derechos humanos.

Fanego es uno de los defensores más activos en la jurisdicción de Comodoro Py. En una de sus últimas intervenciones en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, llamó “malandras” a los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Genise, que lo secunda en la asociación civil, fue designada por Macri al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero debió dar un paso al costado cuando se conoció su intervención en las causas por crímenes de lesa humanidad.

El grupo está integrado también por Eduardo San Emeterio, Pedro Mercado –homónimo del marido de Cecilia Pando–, José Soaje Pinto y María Elena García, entre otros. Gonzalo Miño y Sebastián Olmedo Barrio son parte de la agrupación. Los dos abogados tuvieron su minuto de gloria en noviembre pasado cuando celebraron el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en una audiencia del juicio por crímenes en 1 y 60. Se saludaron con un “hermosa mañana” –usando el latiguillo de Guillermo Francella en una comedia de los años ‘90– ante la mirada atónita de los jueces del tribunal y de los abogados querellantes.

Hay otros miembros que tienen llegada a la actual vicepresidenta. Uno es Marcelo Llambías, destituido por Néstor Kirchner después de haber sido condenado por matar a un camarada en la calle y denunciado en la causa por torturas en Malvinas. Llambías y Fanego estuvieron invitados al acto que organizó Villarruel en la Legislatura porteña en septiembre pasado.

Otro integrante con contacto con Villarruel es Javier Vigo Leguizamón, que es parte del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que la vice preside desde 2006. A fines del siglo pasado, Vigo Leguizamón entabló contacto con el dictador Jorge Rafael Videla –a quien Villarruel visitaba– para intentar reunirlo con Mario Firmenich, dirigente de Montoneros. La empresa quedó trunca, pero el abogado relató su intento en el libro Amar al enemigo, publicado en 2001.