La desigualdad en Argentina y, más en general, en América Latina, tiene género y edad. No sólo porque la pobreza entre niños y adolescentes es mayor que el promedio argentino o porque las mujeres acceden a trabajos peor remunerados y menos jerárquicos que los hombres: “La pobreza en Argentina no es solo monetaria”, explica la investigadora Roxana Mazzola, directora del Programa de Estudios sobre Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO Argentina.

En su paso como directora nacional de Transparencia, bajo la gestión de Gabriel Katopodis al frente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Mazzola impulsó el programa de Infraestructura del Cuidado. La iniciativa consistió en asumir los cuidados como política pública e invertir en centros de desarrollo infantil para motorizar un modelo de desarrollo más igualitario con mirada federal.

--¿Cuál es el diagnóstico que hicieron desde el Ministerio de Obras Públicas en materia de cuidados en Argentina?

--En primer lugar, constatamos que el nivel de desigualdad en América Latina y Argentina no afecta a todos por igual: pega en mayor medida a las infancias, las adolescencias, las juventudes y a las personas mayores. La pobreza en Argentina no es solo monetaria, tiene que ver con acceso a servicios públicos esenciales, a la salud y a la educación. A eso se agrega una sobrecarga de tareas en las mujeres. Concretamente, si en un asentamiento precario o en una zona rural no hay acceso al agua, dentro de los hogares son mujeres o niñas las que se ocupan de buscar el agua y gestionarla. La pandemia fue una implosión que evidenció el estado de las obras de infraestructura sanitaria y educativa y, más específicamente, las de infraestructura del cuidado.

--¿Qué los llevó a enfocarse en los cuidados?

--La obra pública en Argentina y en toda la región ha sido un sector históricamente masculinizado, adultocéntrico y poco transparente en términos del diseño de las obras. Estuvo, además, marcado por una discrecionalidad que respondía a acuerdos políticos y por la orientación de grandes obras para el desarrollo. Por otro lado, tenemos como antecedente el trabajo concreto que se venía desarrollando desde el territorio, como el Municipio de General San Martín.

--¿Cómo se inscribe en este escenario la infraestructura del cuidado?

--En materia de cuidados hay una confluencia de aportes: por un lado, desde Naciones Unidas y los sistemas políticos de la región se avanzó en una agenda de construcción de una sociedad del cuidado. Por otro lado, desde el ámbito académico latinoamericano --ligado al feminismo, en especial-- se intenta visibilizar, por ejemplo, el aporte de los cuidados a la actividad económica. Ahora bien, en el campo específico de infraestructura del cuidado no hay un gran desarrollo, esto sí fue una innovación de la Argentina.

El programa

--¿En qué consistió específicamente este programa?

--Se creó un conjunto de obras de calidad para quienes requieren y brindan cuidado como los centros de desarrollo infantil, la infraestructura sanitaria y los centros de día para personas mayores, entre otras. Además, son obras con impactos múltiples en el empleo directo e indirecto, que amplían oportunidades y reducen la pobreza de tiempo de las mujeres, así como promueven el desarrollo infantil y cuidado.

--En el libro que has coordinado sobre infraestructura del cuidado en Argentina y América Latina se caracteriza a las tareas de cuidado como un sector que no solo está familiarizado, sino que se ha mercantilizado.

--Las opciones en este sector son contar con una respuesta pública --que llega a medias y tiene problemas de calidad, sobre todo en infraestructura-- o comprar el servicio en el mercado. Muchas veces la respuesta pública ha sido dejar que avance la descentralización y mercantilización de estos servicios. Y el gobierno de Javier Milei profundizará fuertemente esa tendencia. Con Valentina Perrota sistematizamos en el libro evaluaciones realizadas en diferentes países sobre la incidencia en las brechas de desigualdad que conlleva el hecho de proveer infraestructura pública en estos temas, no solo para la primera infancia sino también en espacios para juventudes, un sector completamente invisibilizado. Nosotros tenemos un proceso demográfico de envejecimiento poblacional, a lo que se suma una gran desigualdad entre los niños y un 10 por ciento de la población con discapacidad. Eso supone una sobrecarga en la gestión diaria para las tareas de cuidado y, por ende, no contar con oportunidades de desarrollo a nivel personal y nacional. Esta problemática está invisibilizada en la obra pública. La infraestructura del cuidado apunta a prestar infraestructura de alta calidad vinculada a espacios de primera infancia, por ejemplo, que reducen fuertemente la brecha de desigualdad.

--¿Qué nivel de inversión se destinó en infraestructura del cuidado y cómo se diseñó la distribución geográfica?

--Hubo una definición política de invertir al menos un 8,5 por ciento del presupuesto del organismo en este tipo de obras, pero claro que no es suficiente para cerrar brechas. La obra pública no es un programa de transferencia de ingresos, requiere de un proceso de planificación estratégica; parte de esta agenda formó parte de un plan de desarrollo estratégico productivo. En vistas de las características del programa, se hizo un cálculo de brechas de inversión en obras de infraestructura del cuidado, en particular, de centros de desarrollo infantil. Un segundo paso consistió en construir criterios de priorización para un territorio federal como el nuestro. En función de esa planificación, se proyectó construir 500 centros de desarrollo infantil al 2023 y de acá al 2030 se requerirían 2700 para que la población de hasta 4 años que se encuentra en territorios con mayores índices de inequidad pueda acceder a servicios de cuidado de alta calidad.

Impacto

--¿Qué logros se alcanzaron en los cuatro años de gestión de Gabriel Katopodis al frente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (2019-2023)?

--La meta era llegar a 500 centros de desarrollo infantil, con prioridad en determinadas zonas según el índice de inequidades en primera infancia. Se inauguraron más de 114 centros de desarrollo infantil y al cerrar la gestión estaban en construcción más de 400 centros a lo largo del país. El proceso de avance de estas obras está detallado en la plataforma mapaInversiones, dado que un aspecto importante de la gestión fue acompañar el proceso con apertura de datos públicos.

--¿Cuáles fueron asignadas como zonas prioritarias, según el índice de inequidades?

--Una parte importante de estos centros se localiza en el Gran Norte Argentino y la otra, en la provincia de Buenos Aires. Esas aparecían como las zonas prioritarias según la brecha de inversión. Allí establecimos acuerdos con la contraparte local: el gobierno nacional puso los recursos para la construcción de estos espacios y ellos asumieron el compromiso de garantizar el funcionamiento de cada centro. Cada obra de este tipo requiere 10 meses de ejecución. Para cerrar la brecha de inversión de estas obras, desde el Ministerio se armaron prototipos centralizados para garantizar un estándar de calidad alto de la infraestructura. El espíritu del programa era llegar a Tacopozo, en Chaco, con la misma calidad de infraestructura que en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso se constató en la instancia de evaluación ex post.

--¿Cuál fue el impacto sobre las economías de las familias?

--Este ha sido de esos casos excepcionales con ciclos completos de política pública, porque se realizó una evaluación ex post sobre centros inaugurados y en funcionamiento. Durante esa evaluación, entrevistamos a 400 familias e hicimos talleres lúdicos con los niños de tres años para evaluar los impactos. Entre las familias que pudieron acceder a estos espacios, el 66 por ciento de quienes estaban desocupados encontraron empleo y pudieron insertarse laboralmente gracias a que sus hijos se quedan en estos espacios. Por otro lado, el 40 por ciento de estos centros permitió acercar nueva infraestructura a zonas que no tenían acceso a infraestructura en primera infancia para niños de dos años. A partir del funcionamiento de los centros, el tiempo ocupado en las tareas de cuidado se redujo en más de un 20 por ciento con un efecto positivo aún mayor entre quienes mejoraron su situación laboral, cuya dedicación a los cuidados disminuyó en un 33 por ciento. Finalmente, la mitad de estos espacios son utilizados a su vez para actividades comunitarias a contraturno, lo cual da eficiencia al uso de esa infraestructura. Al alto nivel de infraestructura que constatamos en las entrevistas, se suma la contención diferencial y el acompañamiento que se hace desde lo nutricional. Es, sin dudas, una política integral.

--¿En qué medida lograron reducir las inequidades de género y edad, que constataron en la instancia de diagnóstico?

--Uno de los logros fue promover la autonomía de los chicos. El espacio físico es un tercer educador, que no siempre tenemos tan incorporado dentro de las dinámicas, pero esta infraestructura posibilitó que muchas actividades fueran realizadas por los chicos por sí mismos. Otra cuestión que apareció en la evaluación fue la centralidad del rol docente para trabajar en el aprovechamiento de esa infraestructura, es decir que fuera polivalente para promover el desarrollo integral de los chicos. En materia de desigualdad de género, en las entrevistas les preguntamos a las mujeres cuánto tiempo dedicaban antes y después a tareas de cuidado. Allí vimos un fuerte impacto, ya que las mujeres contaban con mayor disponibilidad de tiempo para buscar empleo y tenían tiempo de calidad para estar con sus hijos. Esta respuesta pública les posibilitó contar con tres horas más de tiempo disponible para realizar otras tareas o para el cuidado personal de quienes están a cargo de estas tareas dentro de los hogares.

-- ¿Cuánto se ha avanzado en esta materia en los países de la región?

--Bastante. En Argentina muchas provincias lo están empezando a tener como agenda en la gestión. En Chile hay una propuesta impulsada desde el Ministerio de Obras Públicas, Brasil también tiene el propósito de avanzar en esta línea, Uruguay tuvo avances y retrocesos y Colombia trabaja desde hace tiempo en las llamadas “manzanas del cuidado”, donde se busca mayor accesibilidad a diferentes servicios de infraestructura que reduzcan brechas de desigualdad. En los debates actuales se busca poner el foco en la definición de prioridades sobre las obras que tendrían mayor impacto. Por ejemplo, los centros de desarrollo infantil y las residencias para personas mayores o centros de día tienen un impacto muy concreto, al igual que la infraestructura sanitaria.