El expediente abierto contra el diputado y exministro de Planificación, Julio De Vido, que hoy concluyó en su desafuero a pedido del juez federal Luis Rodríguez llevaba abierto más de un año y medio. Se trata de la supuesta malversación de 250 millones de pesos destinados a convenios-contratos con una universidad pública para evaluar técnicamente un plan de acción para la mina de carbón de Río Turbio, un tren y dos usinas en Río Turbio, que finalmente no se llevó acabo. El expediente no apunta ni a coimas, ni a sobreprecios, ni a facturas truchas, ni a dinero que alguien se llevó al bolsillo. Luego de 22 meses, el expediente avanzó rápidamente en la semana previa a las elecciones.  

"Debemos conseguir el apoyo de otros diputados", dijo el presidente Mauricio Macri el 4 de julio en una entrevista a radio Cadena 3. Macri se refería el pedido de detención que horas antes había hecho el fiscal federal Carlos Stornelli contra el diputado y exministro de Planificación, Julio De Vido, y confirmaba que la bancada oficial en el Congreso lo iba a acompañar. Dos días después, el juez Luis Rodríguez rechazó el pedido al considerar que no existía "el estado de sospecha suficiente”. El bloque oficialista en el Congreso avanzó de todas formas y pidió el desafuero argumentado "inhabilidad moral", algo que fue rechazado por los bloques opositores, que denunciaron un "show electoral" el 26 de julio, en la previa de las PASO.  

Stornelli apeló y la Cámara Federal porteña le dio la razón, con el acompañamiento del fiscal Germán Moldes. Finalmente, cinco días antes de las elecciones legislativas del 22 de octubre, el juez Rodríguez pidió la detención y el desafuero de De Vido. La Comisión de Asuntos Constitucionales, liderada por el diputado PRO Pablo Tonelli, tenía 60 días para votar el dictamen, pero el martes pasado anticipó que lo haría luego de las elecciones. Ayer se votó el dictamen contra De Vido en comisión, y este mediodía se realizó la sesión especial en la que se le quitaron los fueros para habilitar su detención. Minutos después de la aprobación, la Gendarmería ya estaba en el edificio del exministro, quien no estaba en su domicilio y se entregó por motus proprio en Comodoro Py.  

El expediente se inició poco más de un año y medio y gira en torno al desarrollo de la mina de carbón, un tren y dos usinas en Río Turbio, pero no apunta ni a coimas, ni a sobreprecios, ni a facturas truchas, ni a dinero que alguien se llevó al bolsillo. La imputación es porque se firmaron convenios-contratos con una universidad para evaluar técnicamente el plan y no se hicieron, al estilo neoliberal, contratos con consultoras privadas.

El proyecto y los recursos presupuestarios globales fueron votados en el Congreso y la idea era que el carbón extraído –hay reservas para unos 400 años– se utilice en dos usinas instaladas allí mismo, en Río Turbio, para permitir el desarrollo de esa ciudad patagónica muy aislada.  

Los acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC) sumaban unos 250 millones de pesos y lo asombroso es que durante la intervención del macrismo en Río Turbio se siguió trabajando con la universidad y se prorrogaron los convenios.

Un dato curioso es que De Vido también fue acusado por sobreprecios en relación con Río Turbio y la construcción de las usinas, y la denuncia, radicada en 2008, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, quien lo sobreseyó dos veces, la última a fines de mayo. El segundo sobreseimiento fue avalado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien no apeló. Sin embargo, la sentencia fue apelada por el fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA) Sergio Rodríguez, al que supuestamente le adjudican relaciones con el kirchnerismo y con la procuradora Alejandra Gils Carbó.

La lógica judicial en un expediente como el de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) es que el fiscal pida la indagatoria –para lo cual no se necesita el desafuero– y si luego se determinara la existencia de peligro de fuga o de interferencia en el expediente, reclamar el desafuero y la detención. Sin embargo la lógica judicial no coincidía con las urgencias de la campaña electoral, de manera que Stornelli –ex jefe de Seguridad de Boca Juniors durante la presidencia de Macri– se despachó con el pedido de desafuero, detención e indagatoria.

Lo llamativo fue que era la primera presentación del fiscal en el expediente, iniciado por un adherente del PRO y el funcionario macrista designado en YCRT. Durante casi 18 meses Stornelli no había pedido una prueba y no aportó nada a la investigación. De golpe se lanzó con el escrito del pedido de desafuero y detención.

Como ocurrió en otras áreas, el gobierno macrista intervino YCRT y designó al frente a Omar Zeidín, un dirigente radical alineado en Santa Cruz con el enemigo de los Kirchner, Eduardo Costa. Zeidín es quien presentó la denuncia en el verano de 2016, apoyándose en una presentación anterior de un denunciador serial vinculado al PRO, Santiago Dupuy de Lome. Durante la época kirchnerista de avance del proyecto, Zeidín era integrante del Concejo Deliberante de Río Turbio y nunca se opuso al proyecto.

El nudo del cuestionamiento son los acuerdos-contratos firmados UTN-FRSC para que realizara estudios técnicos de ingeniería y factibilidad de los proyectos. A esto se agrega el proyecto del tren.

Según sostuvo Stornelli en su dictamen de julio pasado, se habrían desviado así 256 millones de pesos porque esos contratos-convenios constituían, según el fiscal, “una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”.

Lo que se lee de la parte conocida del dictamen del fiscal es que ni De Vido ni los demás funcionarios hayan desviado el dinero a sus bolsillos, sino que sacaron fondos que eran para la mina y los desviaron hacia la UTN.

Respecto del ex ministro, el argumento es que pese a que los convenios fueron firmados por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, a cargo de Roberto Baratta —detenido el viernes pasado a un día de las elecciones, en una causa impulsada por Bonadío y que también impulsó el desafuero y detención de De Vido hoy—, el fiscal considera que De Vido no pudo desconocer esas modalidades de contratación.

“Resulta inverosímil –sostuvo Stornelli– que dicho proceder pueda responder a la decisión individual de un secretario de Minería, dispuesto a incumplir deliberadamente con los mandatos legales que regían su actuación, sino que más bien parecería obedecer a una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”.

La gestión de los fondos estuvieron a cargo del intendente de Río Turbio y el interventor de Yacimientos. 

El proyecto de la administración kirchnerista fue reflotar la mina de Río Turbio, golpeada por un incendio y posterior derrumbe en el que perdieron la vida 14 mineros en 2004. La estrategia, aprobada por el Congreso, consistía en construir dos usinas de carbón en la propia ciudad, ubicada a casi 300 kilómetros de Río Gallegos.

Se trata de usinas con tecnología de última generación, similar a la que se usa en Estados Unidos o Alemania. Al mismo tiempo había que hacer el interconectado porque se inyectarían 240 MW al sistema nacional, algo así como el uno por ciento de la generación de energía del país. En paralelo el proyecto incluía un tren para llevar carbón hasta el puerto más cercano, Las Heras, con el objetivo de exportar.

Todo el plan se puso en marcha y Cristina Kirchner inauguró la primera usina en 2015, construida por la española Isolux. También se puso en marcha la segunda usina, pero el macrismo frenó las obras, en el marco de una guerra de demandas entre el Estado e Isolux. Además, se necesitan inversiones para volver a extraer el carbón.

El Gobierno sigue prometiendo que el proyecto se retomará y en Río Turbio se esperanzan con que alguna vez volverán a tener trabajo los 2.500 empleados que ocupaba el complejo. El dato clave es que los convenios con UTN fueron mantenidos por el interventor macrista. 

En el marco de estas idas y vueltas respecto del proyecto se formuló la acusación contra De Vido por supuestos sobreprecios. Ese expediente fue instruido por Bonadio quien dictó el sobreseimiento dos veces, la última el 28 de mayo de este año.