El Grupo Indalo cambia de manos. Finalmente, después de la escalada de versiones sobre una posible venta, el holding mediático que era propiedad de Cristóbal López y Fabián de Souza fue adquirido por OP Investments, un fondo de inversiones radicado en Estados Unidos, que en el país tiene como caras visibles a Santiago Dellatorre y Damián Burgio. De esta forma, las señales informativas C5N y CN23, las emisoras Radio 10 (AM 710), FM Vale 97.5, Mega 98.3 y Pop Radio 101.5, los diarios Ambito financiero y El patagónico y las productoras Ideas del Sur y La Corte cambian de dueño. La operación es sobre el 100 por ciento del paquete accionario del Grupo Indalo, que además de sus activos en medios de comunicación, incluye a las 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, servicios financieros y alimentos, entre otros. Las empresas vinculadas al juego de azar que estaban en poder de López no formaron parte de la trasferencia.
En un sistema de medios en el que cada vez hay menos lugar para las voces críticas al gobierno nacional, la venta de las empresas periodísticas de Indalo es un cimbronazo para el sector. No sólo por el volumen de medios de comunicación que forma parte de la operación, sino dada la línea editorial que ostentaban, opositora a las políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos. No deja de ser sugerente el hecho de que se haya anunciado la operación 72 horas después de haberse desarrollado las elecciones legislativas. Previamente, hace poco más de un mes, Indalo Media había despedido abruptamente a Roberto Navarro, el periodista que a través de sus programas en C5N y Radio 10 se había erigido como una voz sumamente crítica al gobierno nacional, y a pesar de que sus ciclos televisivos y radiofónicos cosechaban altos índices de audiencia y repercusión. A la luz de los hechos, resulta imposible no asociar su salida con el cambio de manos en el control del holding mediático.
“OP Investments, fondo inversor radicado en los Estados Unidos, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio, anunció la adquisición del 100% del paquete accionario del Grupo Indalo, que comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, que abarcan construcción, servicios petroleros, minero y de producción de carbonato de sodio, medios de comunicación, servicios financieros y alimentos, entre otros. Esta transferencia no incluye activos vinculados al juego de azar, que nunca formaron parte del grupo económico transferido”. Así anunció el fondo de inversión adquiriente la compra del Grupo Indalo, mediante un comunicado difundido ayer. “La operación –aclara el texto– tiene por objeto generar valor y crecimiento en las empresas adquiridas, lograr la sustentabilidad a largo plazo, invertir en la expansión de los negocios estratégicos, garantizar la fuente de trabajo de sus aproximadamente 4.000 empleados directos y 8.000 indirectos, y atender a las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP y demás deudas existentes”.
Hay un detalle que no debería pasar inadvertido para conjeturar qué sucederá con el futuro de esos medios: la operación se rubricó el viernes pasado, el último día hábil previo a las elecciones, pero recién se comunicó oficialmente ayer. Incluso, trascendió que el hombre que se encargará de gestionar la compañía bajo mando de Op Investments sería Ignacio Jorge Rosner, un financista que entre su biografía destaca que en 1975 egresó del Colegio Cardenal Newman, donde compartió estudios con Mauricio Macri, que se graduó al año siguiente. Los vínculos con el presidente no se detienen allí: entre 1985 y 1995, Rosner se desempeñó como Manager de Sideco Americana, empresa propiedad de la familia Macri. Además, el financista trabajó más de dos décadas en el Grupo Clarín: desde 1995 hasta 2013 se desempeñó como Director de la empresa de telefonía móvil CTI (1996 a 2002), Director del Grupo (1995 a 2005) y Director del periódico La voz del interior (1999 a 2012). Una trayectoria que le permite hoy ocupar el management de la compañía.
El comunicado señala que el fondo se encuentra en pleno proceso de toma de control, detallando que su objetivo principal “es implementar un plan de reestructuración general, que incluye asistencia financiera, la recuperación del crédito corporativo, venta de activos no estratégicos e inversión en los negocios principales”. En este punto, los nuevos dueños expresan su voluntad de desprenderse de “activos no estratégicos”. Si bien en ningún momento se detalla cuáles son los negocios principales, el texto hace especial hincapié en las perspectivas relacionadas a la construcción. “El crecimiento de la inversión en construcción y en obras de infraestructura constituyen una oportunidad para el desarrollo de las actividades de construcción y provisión de materia prima del grupo”, detalla la comunicación oficial, que en ningún lugar hace explícito el plan que tiene para los medios.
Un aspecto a tener en cuenta, aún cuando a esta altura parece tratarse de una formalidad más que de un escollo, es el que atañe a que la operación aún debe ser avalada por la Justicia. Este paso tiene que ver con que pesa sobre los titulares del Grupo Indalo, López y de Souza, una “inhibición general de bienes”, dictada por el Juez Julián Ercolini, ante la millonaria deuda (8 mil millones de pesos, más intereses) que la compañía tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por tal motivo, “los vendedores han informado la operación de compraventa de acciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10” interviniente.
Además, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también debería avalar (no objetar, a razón de las nuevas resoluciones) la transferencia de la propiedad de las licencias de radiodifusión. “Esta negociación ni siquiera hubiera podido comenzar si no tenía el aval del gobierno”, señaló una fuente ligada al organismo de control, que prefirió mantenerse en off, ante la consulta de PáginaI12 sobre la posibilidad de que la Justicia o el Enacom puedan rechazar los términos de la operación. “En los próximos días, OP Investments presentará a las autoridades judiciales correspondientes el plan de acción antes mencionado”, cierra el comunicado. El sistema de medios argentinos, tan alborotado en los últimos años, suma una nueva incertidumbre.