Alejandro Liporace, uno de los demandantes en la causa Wenance, pide que se investigue el rol de los directivos de Banco Santander y afirma que el cambio de domicilio a San Isidro es parte de "una maniobra fraudulenta", para obtener trato más favorable de la justicia.

Liporace es nacido y criado en San Isidro, al igual que Alejandro Muszak y varios protagonistas de esta historia. Se presenta como abogado en causa propia, ya que es uno de los damnificados por la estafa de la fintech. La empresa dejó de cumplir sus obligaciones con los inversores el 3 de julio pasado y, según los peritos, se quedó con al menos 60 millones de dólares.

Como principal antecedente, Liporace fue uno de los primeros en demandar, tanto a Muszak en calidad de fiduciante, como a Promotora Fiduciaria, la empresa de los Abancens. En plena feria de julio, obtuvo del juez Máximo Astorga una medida de embargo sobre las cuentas de Promotora Fiduciaria.

Wenance prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población, un negocio de alto riesgo. Pero el riesgo era tercerizado, porque emitía y vendía títulos por esa deuda, que compraban los inversores. Es decir, realizaba intemrediación financiera, sin autorización del Banco Central. Además, según consta en el expediente, vendía un mismo préstamo hasta seis veces.

El letrado resalta que “el embargo fue a las cuentas de la empresa, no del fideicomiso, ese es el dato relevante, porque el fideicomiso es como un dique, que separa el patrimonio de los actores”. Ese embargo continúa vigente, a pesar de los pedidos de Promotora Fiduciaria de que se levante.

En diálogo con Buenos Aires/12, Liporace explica los principales elementos de su demanda penal, que lleva el número de expediente 8870/24. “En primer lugar, nadie sabe exactamente a dónde va a parar el dinero de la cobranza posterior al mes de julio. Una de las empresas involucradas era GIRE, sociedad anónima, que es Rapipago. El principal accionista de Rapipago es el banco Santander. Entonces solicitamos que se investigue a su director, Mariano Urquiola, para determinar si hubo encubrimiento”.

Liporace también sostiene que hubo “forum shopping” en la causa civil y que Muszak buscó deliberadamente la jurisdicción de San Isidro, que finalmente le fue otorgada por la cámara de apelaciones, encabezada por la jueza María Fernanda Nuevo.

“En todos los títulos de deuda emitidos por Muszak figura el domicilio de Vuelta de Obligado 1947, en la Ciudad de Buenos Aires, ese dato es suficiente para rechazar el pedido de concurso, como efectivamente hizo la jueza de primera instancia Gabriela Paladin, y enviar la causa a esa jurisdicción", afirma Liporace que agrega que tiene "colegas prestigiosos, académicos, que sostienen que un cambio de domicilio a último momento es sospechoso y debe ser investigado como parte de una maniobra fraudulenta”.

La demanda penal de Liporace fue remitida al Juzgado 43, a cargo de la jueza subrogante Paula Verónica González, donde se unifican actualmente todas las demandas contra Wenance y Muszak.

La subrogancia de González había terminado en diciembre pasado. Tras la feria, se sorteó y recayó en la jueza Alejandra Provítola, referenciada en Daniel Angelici. Provítola se excusó, se sorteó nuevamente y le quedó, una vez más, a la jueza González.

La lentitud en el avance de la causa, derivada de la falta de recursos para investigar, es otra de las preocupaciones de Liporace, que también incluye en su planteo. “Apenas tomó conciencia de la dimensión del caso Madolff, considerado como uno de los casos más grandes de estafa en la era moderna, la Justicia estadounidense creó una unidad especial para investigarlo, acá deberá tomarse una medida similar”.

Repudio

A fin de año, Muszak abandonó su domicilio de Nordelta, preocupado por posibles escraches, y se mudó al 4400 de avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Los damnificados por su accionar comenzaron a esperarlo e interceptarlo en sus salidas matutinas de running alrededor de los lagos de Palermo y subir el material a las redes sociales.

La bronca de los inversores aumentó al comprobar que Muszak sigue captando fondos y operando como si nada hubiera ocurrido. “A los potenciales inversores los atiende Silvana Bedoya, mientras que Ivana Román es la encargada de intentar contener a los estafados con promesas de pago a futuro; ninguna de las dos fue citada a declarar”, cuenta uno de ellos. 

Wenance, que integraba la Cámara Argentina de Fintech desde 2017, tiene su membrecía suspendida y continúa a la espera de que se le dicten sanciones, por parte del tribunal de disciplina, que podrían llegar a la expulsión. Por lo pronto, ya no figura en el directorio de miembros alojado en la web de la cámara. Varios integrantes de la institución reclaman mayor energía en el repudio al accionar ilícito de la empresa.