El mismo día que los gremios docentes anunciaron un paro para el próximo lunes, luego de que el Gobierno nacional boicoteara la reunión por la paritaria nacional docente, se oficializó que el Ejecutivo girará el mismo presupuesto de 2023, ni un peso más ni uno menos, para las universidades nacionales.
El monto congelado representa la caída del 70 por ciento del poder adquisitivo, y un nuevo simbronazo para la educación. Además de los salarios, el presupuesto incluye conceptos educativos, como por ejemplo becas, y el funcionamiento de los edificios (luz, agua, limpieza, mantenimiento mínimo).
A su vez, el monto transferido no contempla programas especiales, obras de infraestructura, ni el funcionamiento de hospitales universitarios.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que "mientras estas partidas no se actualizan, la inflación interanual va por encima del 254%. Nunca una asignación tuvo tan poco poder adquisitivo como esta que acaba de aprobarse".
Y señaló: "Es importe remarcar que la misma podría mejorarse reasignando partidas discrecionales de mismo presupuesto de universidades 2023 ya prorrogado".
Ante este panorama, y ya adelantándose a lo que vendría, hace unos días, el Consejo Interuniversitario Nacional llevó a cabo una reunión de urgencia de su consejo directivo (compuesto por Rectores de las instituciones), con participación ampliada.
Allí se analizó la situación y se lanzó un crítico documento sobre la situación en el que no solo pidieron incrementar el presupuesto acorde a la inflación y que se garantice una recomposición de los sueldos docentes y no docentes, sino que advirtieron la gravedad de lo acontecido y lo complejo que se presenta el inicio de clases para el nivel superior.
Recortes y más recortes
El congelamiento del presupuesto, pese a la inflación galopante, no es lo único que el Gobierno de Javier Milei hizo en contra de las universidades nacionales. Ayer se conoció que, por orden del Presidente, se frenó la apertura de cinco nuevas instituciones creadas por ley a fines de 2023.
La resolución fue firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y afecta a las universidades nacionales del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la de Madres de Plaza de Mayo.
Desde diversas fuentes oficiales se encargaron de dejar trascender ante la consulta de Página/12, con un fondo de orgullo, que "fue un pedido expreso del Presidente a la ministra".
Habría, aseguran, una idea de "recuperar el presupuesto girado sin control alguno por el gobierno anterior". Y también, en palabras de la diputada Marcela Pagano, que salió a defender el proyecto a falta de explicaciones de la ministra, aunque sin explicar los fundamentos de una acusación de este tipo, "impedir la utilización de esos fondos para financiar a políticos".
