Las medidas de ajuste de parte del gobierno nacional de Javier Milei no cesan y ya se tiene en vista aplicar fuertes subas en el servicio de energía eléctrica, que es esencial. Hoy se realizará la audiencia pública que el intervenido Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) convocó para avanzar en un incremento transitorio en la tarifa, tras el pedido realizado por las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica de todo el país.
A través del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), la provincia de Salta pedirá en esa instancia que se preserven los subsidios en el servicio. Esto viene a cuenta del adelanto que el gobierno nacional brindó sobre las nuevas condiciones para el acceso a beneficios. La Secretaría de Energía de la Nación informó que no podrán acceder a subsidios quienes hayan comprado dólares o cualquier moneda extranjera en los últimos tres meses; quienes tengan una prepaga no laboral; tampoco quienes hayan viajado más de una vez al exterior no limítrofe con Argentina en los últimos cinco años; y quienes pagan en telefonía celular el equivalente a más del 25 por ciento de un salario mínimo que, desde marzo, será de 50.700 pesos sobre 202.800 pesos.
Los (casi inminentes) aumentos en la luz, se sumarían a los ya dispuestos por el ENRESP a fines de enero de este año en todo el territorio provincial. Se había autorizado un incremento del 78% en febrero, 11,84% en marzo y 11,84% en abril.
El presidente del ENRESP, Carlos "Uluncha" Saravia, dijo a Salta/12 que la provincia, que será la décima en exponer en la audiencia, planteará las preocupaciones sobre el acceso a la tarifa social y las nuevas condiciones para los subsidios. En ese sentido, recordó que cuando se produjo la nueva segmentación tarifaria en 2022, dispuesto en el gobierno de Alberto Fernández, el organismo local trabajó para que la gran mayoría de usuarios y usuarias se registren en el subsidio de la tarifa social. En ese entonces fueron 18 mil las familias que tenían problemas de conectividad en el interior de la provincia y que no podían acceder a los registros que se realizaban únicamente de manera virtual.
"Queremos saber con claridad cuál será la postura del nuevo gobierno (en la modalidad de los registros), ya que habían propuesto que aquel que no tuviera internet fuera a los locales de la Anses, que no superan la docena en la provincia; o vayan a las dependencias de Edesa, que no logran cubrir más del 45% de las localidades", cuestionó Saravia, advirtiendo que en las 143 urbanizaciones que hay en Salta no se cuenta con la infraestructura como en el Gran Buenos Aires. "La brecha digital más la falta de conectividad, sigue generando un estado de incertidumbre que queremos que se salde", sostuvo.
En la línea de preocupaciones, dijo que están advirtiendo que con las nuevas condiciones para el acceso a beneficios se daría lugar a la eliminación de subsidios a la clase media. "Eso implica exponer a las autoridaes nacionales que (el sector de la clase media) no puede ser equiparado con los ricos, manifestó. Afirmó que la clase media "ha sufrido uno de los mayores impactos en estos últimos dos meses", puesto que ha perdido un estado socioeconómico que los llevó a estar cerca o en la línea de la pobreza.
Si bien el Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) estimó que el nivel de pobreza pasó del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero, para Saravia estos porcentajes son superiores en Salta porque "sabemos que en el norte relegado hay más pobres".
El esquema de segmentación de subsidios que aplicó el gobierno anterior desde finales de 2022 contemplaba tres niveles: N1 altos ingresos, N2 bajos ingresos y N3 ingresos medios. Los usuarios cuyos ingresos superaran 3,5 veces la Canasta Básica Total del INDEC (2.088.880,5 pesos en enero), que mide la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes, son catalogados como N1 y no reciben subvención.
"Coincidimos siempre en que tiene que haber eficiencia en la asignación de subsidios", afirmó Saravia. Como ejemplo, nombró a usuarias y usuarios asignados en el N2, que en Salta tienen un tope de 420 mil pesos en sus ingresos familiares mensuales. El funcionario dijo que se planteará "la necesidad de que protejamos al sector vulnerable de Salta".
Cuando se hizo la nueva segmentación tarifaria de 2022, el 92,5% de usuarios de la provincia pertenecían al nivel 2 y 3, y estaban con el pedido de protección efectiva ante la Nación. Hasta ese momento, 326 mil familias tenían el servicio de energía eléctrica. Por ello, Saravia insistió en que las familias que puedan acceder a la tarifa social "tengan primero la posiblidad de llegar a inscribirse en los registros", por lo que pidió que "no haya más obstáculos porque realmente es lo que genera la preocupación".
El funcionario cuestionó la linea de ajuste que viene implementando el gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que con el servicio de energía eléctrica se busca la "desaparición del esquema de subsidios". "Nosotros estamos por la preservación, ante las condiciones socioeconómicas de los sectores vulnerables que necesitan mantener la ayuda", sostuvo.
Consideró que en caso de que se quiten definitivamente los subsidios, debería ser gradual "porque no puede haber impactos abruptos", como pasó con la quita de los subsidios al transporte público. "Está claro que acá todavía está faltando bastante para moderar y tener un criterio que sea más prudente", aseguró Saravia en referencia a las medidas que viene adoptando el gobierno de Milei y que afectan directamente a las provincias.
Alerta por el norte
El presidente de la Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor, Nicolás Zenteno, cuestionó los aumentos que ya vienen siendo efectivos en la tarifa de la luz y agua en la provincia y alertó que aún faltan las subas en el servicio del gas, y que podrán ser más visibles durante el invierno por el incremento en su uso.
Con las nuevas condiciones en el acceso a los subsidios a la energías eléctrica que busca imponer la Nación, la Asociación advirtió: "estamos volviendo a la década de los 90" porque el esquema "no solamente subsidiaba a la persona (por sus ingresos) sino por un consumo determinado". Esto ocurriría otra vez si la Nación también opta por modificar los límites de consumo para acceder a los subsidios.
La organización aseguró que estará atenta a lo que se informe en la audiencia pública, pero entiende que los más perjudicados por cualquier modificación serán las usuarias y usuarios del norte provincial ya que tienen un consumo diferencial al resto de las localidades por las altas temperaturas que padecen la mayor parte del año. A modo de ejemplo, Zenteno dijo que una familia tipo en la capital salteña consume cerca de 300 Kw, mientras que en los departamentos del norte ese consumo se llega a duplicar por el uso permanente de electrodomésticos, como los aires acondicionados, debido a las altas temperaturas.