La propuesta de privatizar YPF fue incluida en la primera versión de la Ley Ómnibus y luego excluida casi desde el comienzo de su tratamiento legislativo. Sin embargo, el espíritu de las políticas del gobierno de Javier Milei, los antecedentes y las circunstancias actuales parecen indicar que está siendo sometida a un proceso de privatización.

Desde la última etapa del modelo agroexportador en la que se incubaba el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, los grupos económicos locales han debatido cómo debería utilizarse el petróleo, si como una mercancía más o como un insumo estratégico para el desarrollo nacional, a sabiendas que no hay industria sin energía. 

También formaron parte de las controversias si debiera ser de propiedad pública o privada, al igual que su carácter nacional extranjero. A tal punto han incidido todos estos factores en la historia nacional que el primer golpe de Estado en Argentina es conocido por su “olor a petróleo”.

Antecedentes

Coherente con los cambios mundiales y nacionales que se desarrollaban en la década de 1970, a partir de 1976 comenzaron a aplicarse distintas políticas concurrentes para la estrategia privatizadora: la fragmentación, la desregulación y las privatizaciones periféricas.

En el artículo “Las privatizaciones periféricas en la dictadura cívico-militar. El caso de YPF en la producción de petróleo” publicado en la revista Desarrollo Económico (vol. 55, N° 216), Eduardo Basualdo y Mariano Barrera afirman que “la privatización periférica fue una de las políticas que adoptó la dictadura militar con el propósito de plasmar una reestructuración económica […] aunque estas actividades o empresas continuasen siendo propiedad del Estado, debían gradualmente ir transfiriendo la mayor parte de sus actividades al sector privado a través de contratos de obras y servicios […] Esta reestructuración de las empresas estatales estuvo fundamentalmente orientada a potenciar la capacidad de acumulación de las fracciones del capital relevantes”, locales y extranjeras. Se pagaron contratos de explotación que implicaron ganancias por encima de la media de la actividad, deteriorando a YPF y potenciando a los capitales privados.

Los investigadores aseguran que, mediante su endeudamiento, YPF también cumplió un rol fundamental en la provisión de dólares: “La gran magnitud de la transferencia de recursos a los contratistas no fue únicamente porque estos eran un sustento económico y social insustituible para la dictadura militar, sino también para que la empresa ineludiblemente tuviera que contraer deudas en el exterior […] facilitó las divisas que permitieron que, con posterioridad, estas mismas fracciones del capital que se beneficiaron […] pudieran convertir en moneda dura los ingresos locales”.

Aunque no contaba con experiencia en la actividad, uno de los grupos que se benefició fue Techint. En 1988, este holding transnacional creó su firma relevante en la actividad: Tecpetrol. Desde 1989, se desenvolvió un proceso privatizador en sentido estricto y la hora de YPF llegó en 1992.

Privatizaciones periféricas en marcha

Horacio Marin, un cuadro de Tecpetrol desde su fundación, fue designado por Javier Milei como presidente y CEO de YPF, “la joya más preciada del patrimonio del Estado”. Tecpetrol es líder en producción de gas en Vaca Muerta, pivoteando desde el área Fortín de Piedra.

En una nota publicada en el diario La Nación acerca de los planes de YPF, la periodista Sofía Diamante expone que la “petrolera desinvertirá en áreas convencionales, a las que se considera poco productivas, y aumentará las exportaciones de gas y petróleo […] Una prueba de ello es que se enfocará el 80 por ciento de la inversión de la empresa en Vaca Muerta, disminuyendo así su participación en áreas convencionales […] Históricamente, la fuente de ingresos principal de YPF fueron las ventas de combustibles […] se enfocará principalmente en hacer más eficiente la producción de gas y petróleo, que a su vez marcará el pulso de los precios del surtidor […] En las otras áreas, YPF desinvertirá de dos formas: en los campos más maduros y menos productivos, se cederá la operación a empresas pymes y se harán contratos de compra de petróleo por varios años, mientras que las áreas que requieren mayor inversión se licitarán y se pondrán a la venta”.

La periodista también da cuenta de que “desinvertirá en algunas de las 25 compañías que tiene actualmente: "Haremos una revisión del portafolio de las compañías donde tenemos participaciones para enfocarnos en aquellas que tengan más sentido estratégico y sean más rentables", dicen en YPF.

Consecuencias

Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, declaró públicamente su interés en los recursos energéticos de Vaca Muerta, al igual que el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley. Milei ha tenido reuniones para buscar este tipo de inversiones.

Mientras tanto, en Nueva York se litiga por la estatización de la firma, realizada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. De conjunto, todo indica que existe una “comunidad de negocios” que sustenta el proceso privatizador.

Debe recordarse que el proceso de privatizaciones de la década de 1990 implicó, entre otros aspectos, un cambio de lógica de estas empresas, como en el caso concreto de YPF. Por un lado, el Estado dejó de contar con una empresa estratégica tanto para la producción hidrocarburífera como para la definición en el precio de la energía, uno de los precios relativos más determinantes. Por otro, YPF privatizada condujo un proceso de sobreexplotación de pozos en funcionamiento y subexploración de nuevos, lo que luego generó la necesidad de importar combustible, presionando al alza el tipo de cambio y agravando doblemente la escasez relativa de dólares.

* Economista UBA-UNDAV. @Pablo_Ferrari77