Cuando aún no terminan las repercusiones de la detención de tres policías que plantaron armas usadas en atentados contra un hospital, una estación de servicios y una base policial, ayer fue detenido un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) por estar sospechado de haber filtrado información a distintas bandas sobre procedimientos que estaban por llevarse a cabo. Se trata de Gabriel Alejandro Flores de 45 años, quien fue arrestado camino a su trabajo. Por orden del fiscal Pablo Socca, Asuntos Internos allanó su domicilio y secuestró dos pistolas –la reglamentaria y otra calibre 9 milímetros con numeración limada–, una réplica de arma de fuego y vestimenta de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), fuerza que no integra hace cuatro años, pero que se sospecha que utilizó para entablar diálogo con delincuentes.
Flores fue aprehendido en la vía pública y personal de Asuntos Internos le incautó un bolso en el que se encontraron distintas prendas de la TOE, una situación que llamó la atención, porque las llevaba a su puesto de trabajo, que es en otra fuerza. Asuntos Internos luego irrumpió en la propiedad del sospechoso situada en Pacheco al 500, donde también secuestraron cartuchos intactos 12/70, calibre .38, calibre 22, calibre .45 y calibre 762. También hallaron vainas servidas, un chaleco identificatorio de las TOE y otro de la Policía de Santa Fe, un sello de la TOE, un CD de la central OJO, una notebook, tres pendrives, dos CPU, tres tablets y una valija con 20 celulares que, según los dichos del policía, estaban hace tiempo allí porque antes arreglaba teléfonos. Con respecto a las vainas servidas en su inmueble, el oficial argumentó haber sido mecánico armero.
El fiscal Socca llegó al detenido en medio de tareas coordinadas para esclarecer los atentados con fines intimidatorios al gobierno provincial que tuvieron lugar desde comienzos de diciembre. En testimonios recolectados en la investigación, el agente de la PDI fue señalado como un presunto enlace con determinadas organizaciones a las que filtraba información sobre allanamientos o de causas en su contra.
Con el secuestro de elementos, los investigadores buscarán conocer si el oficial de Inteligencia se hacía pasar todavía por miembro de la TOE –fuerza en la que dejó de prestar servicio en 2020– ante determinados actores que, por motivos que se intentan establecer, ahora buscaron “escrachar” a esa fuerza en varios atentados.
El operativo contra el policía tiene una explicación: el fiscal Socca había recibido datos de testigos que decían poder dar cuenta sobre por qué habían baleado la sede de la Tropa de Operaciones Especiales y por qué habían mencionado a esa fuerza de seguridad en carteles que fueron dejados en el ataque a tiros contra una estación de servicio y en un procedimiento ilegal, donde tres policías fueron imputados por haberle “plantado” tres armas y una nota a un joven allegado a un clan narco para incriminarlo por atentados en los que él no había participado. Esos testimonios sugerían que algunas bandas, como las lideradas por los reclusos Francisco Riquelme –segunda línea de la organización del capo narco Esteban Alvarado– y Lautaro Funes –cabecilla del clan narco Funes–, tenían una especie de “arreglo” con un policía que pertenecería a la TOE, quien filtraba datos de allanamientos y causas en su contra.
En principio, el oficial será llevado a audiencia imputativa por la tenencia ilegal de la pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida que tenía en su propiedad.
Por su parte el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó ayer en el Senado santafesino el trabajo conjunto en el operativo que permitió la detención de tres policías de Santa Fe, imputados por encubrimiento y por plantar tres armas contra un narco al que querían perjudicar, al vincularlo con los atentados y amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro.
"Nosotros, así como defendemos al policía que hace correcta y honestamente su trabajo, y llegado el caso damos grandes peleas para sostener nuestra posición cuando consideramos que son injustamente maltratados o sometidos a enjuiciamiento, también debemos decir que esta es una investigación en la que se trabajó en conjunto desde la Fiscalía con Asuntos Internos de la provincia, y eso permitió obtener resultados", destacó.
Por lo demás, marcó que se trata de "un hecho por demás preocupante, porque implica la posibilidad de que efectivos de la Policía de Santa Fe hayan estado involucrados ni más ni menos que en la distorsión de una línea investigativa en amenazas y atentados hacia la figura del gobernador y parte de su equipo. Con lo cual lo tomamos con la gravedad que tiene, y de comprobarse estas imputaciones la gente será separada de la de la fuerza. Y mientras tanto, están en disponibilidad para no entorpecer los procedimientos".