El objeto de la audiencia del jueves fue analizar el impacto del subsidio sobre el precio estacional de la energía y el precio del gas en boca de pozo en la factura final que pagan los usuarios. El Gobierno quiere eliminar ese subsidio que en el caso de usuarios Nivel 2 llega a un 80 por ciento del consumo, dicen desde las asociaciones de defensa del consumidor. Pero “esos precios se dispararon tras la devaluación del 118 por ciento que autorizó el Gobierno en diciembre y la Secretaría de Energía reconoció esto, entonces lo tienen que decir, tienen que explicar que se trata de transferir ingresos de la población –que deberá afrontar la tarifa plena- hacia las grandes compañías de energía eléctrica”, advierte Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

Por otro lado está el tema de la canasta básica subsidiada, que “es una canastita”, según Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Es decir que no representa la realidad del consumo de las y los argentinos, sino “que lo hacen para decir estoy haciendo algo por los argentinos, como en la época de Macri, cuando el volumen cubierto y las condiciones de inclusión para entrar en la tarifa social eran permanentemente achicadas”. El término “pobreza energética” cuando el peso del servicio público supera al 10 por ciento del ingreso familiar surge de un parámetro utilizado en Inglaterra, comenta Osvaldo Bassano, apoderado de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). En Argentina los servicios representan una porción mayor porque los ingresos son muy bajos: “Entre luz, gas y agua fácilmente excede el 35 por ciento del ingreso familiar. Si a eso agregamos transporte y comunicaciones, se llega casi al 50 por ciento, y entonces nos encontramos con que a la gente casi no le alcanza para comer, pero a nadie le importa eso. Imagine si además tiene que sumar medicina prepaga”, detalla el titular de Adduc.

De acuerdo a las asociaciones los aumentos que analiza el Gobierno serán realmente excesivos. Según cálculos de Adduc, los incrementos tarifarios que enfrentarán las familias rondarán entre el 300 y 800 por ciento. Es decir que si hoy un grupo familiar paga cerca de 25.000 pesos de luz, con el nuevo esquema pasará a abonar unos 218.000 pesos, mientras un hogar unipersonal que consume alrededor de 5.500 pesos en el servicio eléctrico se acercará a 48.000 pesos mensuales con el “sinceramiento” de precios y subsidios. Para el caso de una pyme y clubes de barrios las subas serían de entre 1600 y 1800 por ciento, advierte la entidad, “directamente se fundiría a estas organizaciones barriales y para las pymes es un paso previo a la quiebra”.

Por otro lado, hay varias cuestiones en la propuesta oficial que todavía no están resueltas, “como determinar si la canasta básica será gratuita (es decir íntegramente subsidiada) y a partir de allí se abonará la tarifa plena o bien una tarifa equivalente a la hoy subsidiada, por ejemplo por el Nivel 2”, señalan desde Deuco. Si los usuarios pasaran a pagar íntegramente el costo de la tarifa de luz los aumentos serán gigantescos. Tampoco está claro cuánto aumentará el precio estacional o el precio en boca de pozo mensualmente a partir de abril; “según analiza la Secretaría, se indexarán en base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero este último involucra una canasta más amplia precios que excede a los costos de la energía”, advierten.

Respecto del impacto de los subsidios sobre el precio final desde Deuco mencionan el siguiente ejemplo: “Tras la devaluación el precio de la garrafa de gas pasó de 3.100 pesos en diciembre a 6.650 pesos actualmente, aunque en realidad es un poco más dado que tienen que llevar la garrafa a domicilio y se encarece: entre 7.500 y 8.500 pesos cuesta la garrafa ahora. Pero el Gobierno mantuvo el subsidio del plan Hog.Ar en 1.573 pesos, entonces la ayuda se desvirtuó. Mientras que originalmente por ley el subsidio representaba el 80 por ciento del valor de la garrafa, hoy el aporte es despreciable”.

Por último en relación a la audiencia pública hubieron una serie de irregularidades. “Además de que las audiencias son solo virtuales, no finalizaron el acto administrativo de constituir el cierre de inscripciones y el orden del día previo a la audiencia: yo intenté cuatro veces y tuve que presentar una nota en la Secretaría de Energía, me llamaron cuando la inscripción estaba cerrada para ver si podían inscribirme y luego mandaron una planilla Excel con el logo de la Secretaría donde figuraba la entidad. Hoy vimos esa planilla pero cambiada. Y en el orden del día no figuraba el nombre de los funcionarios ni tiempo de exposición”, relata Boado. “Tardaron tres horas y media para explicar el tema, pero a nosotros no nos autorizaron a hablar más de 5 minutos, cuando por ley las organizaciones civiles tenemos 10 minutos de exposición”, agrega Bassano. En igual dirección, desde Deuco señalaron que acompañarán el pedido de nulidad de la audiencia que encabezará nuevamente el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.