La amenaza de Javier Milei de intervenir la provincia de La Rioja agita un elemento que está ausente de la política argentina desde hace dos décadas. La intervención federal es una medida que pueda afectar uno, dos o los tres poderes de una provincia por disposición del Presidente, con acuerdo del Congreso, en caso de conmoción.

Como herramienta le fue muy útil a Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno para mantener a raya a las provincias díscolas, gobernadas por conservadores o por radicales antipersonalistas. Juan Domingo Perón intervino ocho provincias en sus dos primeras presidencias. Acaso la más conocida sea la de Catamarca en 1949, cuando sacó de la gobernación a Vicente Saadi.

Las intervenciones volvieron a aflorar en tiempos del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Mendoza y Córdoba (en este último caso con el Navarrazo como preludio) fueron los casos más conocidos en la interna para desbancar a gobernadores apoyados por la izquierda peronista. También se intervino Salta, cuyo gobernador depuesto, Miguel Ragone, desapareció días antes del golpe de 1976.

Con la vuelta de la democracia, Raúl Alfonsín no intervino provincias. La práctica reapareció con Carlos Menem. A comienzos de 1991 se dispuso la intervención de dos provincias norteñas, gobernadas por el peronismo. Tucumán arrastraba una grave crisis económica y el interventor designado fue Julio César Aráoz. De esa crisis se salió con la elección de Ramón “Palito” Ortega como gobernador en 1991, lo cual frustró al genocida Antonio Bussi, candidato de la Fuerza Republicana.

Catamarca fue el segundo caso de 1991, en una intervención que le costó el cargo a Ramón Saadi, el hijo del también depuesto Vicente. El motivo fue el crimen de María Soledad Morales y la sospecha de encubrimiento del asesinato por parte del poder político local. De hecho, el diputado Ángel Luque, padre de un acusado, dijo que si su hijo la hubiera matado, el cadáver no habría aparecido. Lo expulsaron de la Cámara Baja. El interventor designado fue Luis Prol, un antiguo militante montonero que estuvo preso durante la dictadura.

Al año siguiente se intervino Corrientes, a raíz del conflicto por las elecciones de 1991, con Colegio Electoral, que no dirimía al gobernador electo. Menem envió, sucesivamente, a Francisco Durañona y Vedia, Claudia Bello e Ideler Tonelli. La crisis se resolvió en 1993, lo cual marcó que Corrientes tuviese desde entonces sus elecciones locales separadas del esto de la Nación. En idéntica situación quedó Santiago del Estero, que fue intervenida en 1993.

El estallido social del 16 de diciembre de ese año derivó en la designación de Juan Schiaretti, que entregó el gobierno en 1995 a Carlos Juárez, el histórico caudillo de la provincia. Las denuncias de corrupción contra Juárez y su esposa y vicegobernadora, Mercedes Aragonés, potenciadas por el doble crimen de la Dársena ocurrido en 2002, llevaron a que Néstor Kirchner interviniera Santiago del Estero en 2004. El interventor Pablo Lanusse se quedó hasta 2005, cuando se normalizó la situación.

Antes, la Alianza había intervenido Corrientes. En diciembre de 1999, recién asumido Fernando de la Rúa, se produjo la represión de Gendarmería en el puente General Belgrano que dejó dos muertos. De la Rúa envió como interventor a Ramón Mestre. Este dejó el cargo en marzo de 2001 para jurar como ministro del Interior. Su reemplazante fue Oscar Aguad, que había sido ministro de Mestre en la gobernación de Córdoba. Aguad convocó a elecciones y entregó el poder en octubre de 2001. Más adelante la Justicia lo exoneró por el caso de un crédito de 60 millones de dólares de destino incierto. El máximo tribunal decidió sobreseerlo.