Los integrantes de la violenta agrupación Revolución Federal Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra no podrán acercarse a menos de 200 metros del Congreso, del lnstituto Patria y de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner. Lo decidió el juez Marcelo Martínez de Giorgi a cargo de la causa en la que se investigan las acciones de ese grupo ultraderechista y en base a un pedido de medidas de seguridad de la querella de la expresidenta. Sus abogados reclamaron, además, que no se abandone la pista sobre el financiamiento que, sostienen, habría recibido Revolución Federal (RF) en los meses previos al intento de magnicidio a través de la empresa Caputo Hermanos, y que se cite a indagatoria a tres integrantes de la familia Caputo: dos hermanos del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y una sobrina.

Perimetral por seguridad

Para verificar que los tres integrantes de RF -procesados por incitación a la violencia colectiva- cumplan con la perimetral, Martínez de Giorgi dispuso colocarles tobilleras electrónicas. Si no acatan, les podrían revocar la excarcelación. La decisión llegó a horas de la asamblea legislativa, donde Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias. La última provocación de Sosa fue su presencia en el recinto la Cámara de Diputados cuando se discutía la Ley Ómnibus, desde donde posteó imágenes en forma agresiva sobre diputados de Unión por la Patria, halagos a los libertarios y un pedido de "cárcel o bala" para quienes se manifestaban afuera. Se tuvo que ir cuando la diputada Cecilia Moreau denunció que estaba allí y pidió una investigación interna. El propio Sosa al día siguiente confirmó que lo había invitado la diputada Lilia Lemoine (LLA). 

El escrito de los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira recuerda que Sosa estuvo en el piso 3º de Diputados, donde "no sólo están los palcos" sino "los despachos de varios diputados, entre ellos Máximo Kirchner". Entre sus posteos hostiles, subió una foto del diputado a quien trató de "mamarracho". "Durante la sesión del 31 de enero", detallan los letrados, "por lo menos diez (¡diez!) personas afines y cercanas a la agrupación fundada por Morel y Sosa se acercaron al despacho del diputado Máximo Kirchner para observar y sacar fotos. Entre ellas estaba Dalila Monti, novia de Morel al momento de su detención, en 2022. Estas personas fueron retiradas por personal de seguridad y personal del despacho del diputado. Lo mismo sucedió los días siguientes". Los miembros de RF, advirtieron, entran libremente al Congreso y eso es un riesgo, en el caso señalado, para "la integridad física" de Máximo. 

No es la primera vez que la querella de la dos veces presidenta pide protección. De hecho el mismo juez sugirió reforzar su seguridad a fines de octubre pasado a raíz de publicaciones de Sosa. Una fue desde el acto de cierre de campaña de Milei: "La estocada final, Cristina VAS A CORRER", escribió en X. El domingo 22 de octubre, durante los comicios, posteó: “Mañana CFK vuelve a Bs As. Mañana vuelve Revolución Federal”. A la noche, cuando ya se sabía que Milei entraba al balotaje, escribió: “Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a Casa Rosada”.  

Los abogados señalaron que aunque el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo que iniciaría un sumario administrativo eso "no se materializó". "Como ya hemos manifestado -enfatizaron- desde que los miembros de la fuerza política que hoy gobierna ganaron las elecciones, Sosa y su grupo, que los acompañan fervientemente, han adquirido una evidente sensación de impunidad y accionan en consecuencia". 

¿Y el financiamiento? 

Días atrás el fiscal Gerardo Pollicita presentó un dictamen donde decía que no le quedaban por hacer más medidas de prueba en la causa sobre Revolución Federal y le sugirió al juez que solo pida un informe más a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte. El escrito de la querella de CFK cuestiona: "Faltan medidas básicas". No se "ha explicado de dónde surgieron los 50 mil dólares encontrados en la casa del padre de Sosa"; tampoco "por qué Sosa sacó un seguro por robo de efectivo en retiro por cajeros un día antes del atentado" a CFK. Resta dilucidar, dicen, "qué hacían Sosa y Guerra en las inmediaciones de Juncal y Uruguay tres días antes del atentado" y "qué llevó a Morel a explicar cómo matarla, también en la semana previa al ataque". Para colmo, sigue sin respuesta el capítulo sobre el posible financiamiento del Grupo Caputo. Los abogados piden indagar a Rossana Pía Caputo, a Flavio Caputo (presidente del directorio de Caputo Hermanos) y a su hija Jimena. 

La sospecha de financiamiento surgió de un relato del mismo Morel, que tenía una pequeña carpintería en Boulogne, oficio que dijo haber aprendido por YouTube en 2021. Contó que los Caputo lo habían contratado. La historia según Morel dice así: que en diciembre de ese año pasó por su taller de casualidad Rossana Caputo, decoradora, hermana del ministro. Aunque el lugar no tenía cartel, a ella se le ocurrió entrar y le compró barras de bar y una mesa ratona para el barrio Santa Clara al Sur. Poco después ella le reclamó porque una mesita se movía. Lejos de enojarse, la mujer le propuso un gran trabajo para Caputo Hermanos: equipar 60 departamentos en el edificio Espacio Añelo, cerca de Vaca Muerta, a más de 1200 kilómetros, con 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, 48 banquetas, 60 mesas ratonas, que la carpintería del referente de RF no tenía capacidad de hacer. 

De entrada era absurdo, remarca la querella, que una desarrolladora con proyectos millonarios convocara a un ignoto carpintero para un trabajo en Neuquén que no podía hacer. La empresa sólo pidió dos presupuestos. El de Morel era el más caro, pero lo modificó. Los Caputo aceptaron que tercerizara. Llegó a recibir principalmente de Espacio Añelo más de 15 millones de pesos. Hubo pagos en efectivo, algo atípico en Caputo Hermanos por los grandes montos que maneja, declararon empleados. La querella ya señaló que la primera factura fue emitida el 24 de mayo de 2022, un día antes de que Revolución Federal saliera a las calles con antorchas, y la última factura es del día anterior al atentado contra CFK, cuando la agrupación dejó de de actuar. Proveedores citados como testigos confirmaron que ahí se cortaron trabajos. 

Además de Morel, facturaban a Añelo su entonces pareja y su socia (que se anotaron en el monotributo para eso) y proveedores. Todo fue aceptado por Caputo Hermanos. La querella elaboró una línea de tiempo que muestra coincidencias de pagos con acciones violentas. Entre las transferencias que hizo Caputo Hermanos le pagó a María Isabel Said, una jubilada sin antecedentes en mueblería, 350.000 pesos. Había facturado 3,5 millones. "El resto habría sido cash", dicen los abogados, "hubo pagos en negro".

Los testimonios de empleados de la empresa fueron reveladores: Lucas Nudelman contó que Rossana no tenía ninguna función pero que lo corrieron de la búsqueda de presupuesto para Añelo para que la hiciera ella. Aclaró que Caputo Hermanos no se dedica a interiores sino a grandes obras. Precisó que los pagos eran aprobados por Flavio Caputo y su hija. Otra testigo, María Luján Palferro, confirmó que los pagos terminaron a fin de agosto y dijo que Morel retiró 1,5 millones de pesos en efectivo. El traslado de muebles no se hizo con el transporte habitual de la empresa. 

El planteo en representación de CFK concluye: "El 1 de septiembre de 2022 no ocurrió una tragedia de milagro. Para evitar quedar a merced de la suerte una vez más, es necesario restringir los movimientos de los violentos cuya consigna política es matar o exiliar al kirchnerismo y que, hoy, se pasean sin problemas por el Congreso. Pero, además, para evitar una tragedia es necesario que esta investigación no se detenga y que todos los responsables de fomentar la violencia política en nuestro país, ya sea directamente o mediante financiamientos ilegales, afronten las consecuencias".