El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, se pronunció en favor de la concesión de un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema en la causa que investiga el espionaje sufrido en 2017 por familiares y distintas organizaciones que exigían la aparición con vida de Santiago Maldonado. La presentación de Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) busca que intervenga el máximo tribunal tras la resolución de la sala I de la Cámara de Casación que confirmó el archivo de la causa que investiga a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad. "Es auspicioso el dictamen de De Luca, resumió nuestros agravios constitucionales porque el fallo que cuestionamos dice que se puede hacer inteligencia sobre cualquier manifestante", dijo a Página/12 el abogado Matías Aufieri.

El recurso extraordinario plantea que hubo arbitrariedad en la valoración de la prueba del espionaje sufrido por Sergio Madonado, hermano de Santiago, y toda su familia, organismos de derechos humanos y miembros de la comunidad mapuche que reclamaban por la aparición con vida del joven tatuador durante los 78 días que estuvo desaparecido tras un operativo represivo contra la comunidad mapuche de Cushamen.

El fiscal sostuvo que el recurso debe concederse ya que se encuentra en discusión la violación de la Ley de Inteligencia Nacional por parte de Gendarmería, que realizó seguimientos y acumuló información cuando no había hipótesis de delito en las manifestaciones que realizaban, ni tampoco existió orden judicial para efectuar actividad de inteligencia. De Luca también coincidió con la querella en el planteo de gravedad institucional. Esto implica que si se confirmara una resolución que avala la reunión de información por parte del Estado sobre ciudadanos que se manifiestan o reclaman por la aparición con vida de un familiar, caso en el que estaba implicada la propia Gendarmería Nacional, esto pondría en juego "las libertades constitucionales de reunión y de expresión".

El expediente por espionaje se abrió en octubre de 2017 tras una denuncia presentada por Bregman en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Fueron imputados Gonzalo Cané, secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad; y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de Gendarmería 35 de El Bolsón, protagonista de la represión a la Pu Lof de Cushamen. Sergio Maldonado describió que fue blanco de seguimientos cuando aún no había aparecido su hermano sin vida en el río Chubut, el 17 de octubre de 2017. La querella había planteado que también fueron espiados Nora Cortiñas, referentes mapuches, periodistas y la red de apoyo a comunidades originarias de la Patagonia.

Tras los allanamientos en El Bolsón y Esquel apareció una cantidad llamativa de intercambios entre los jefes de escuadrón, como Méndez, y el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén, que realizaba tareas de inteligencia desde Gendarmería. En el marco de la causa que investigaba la desaparición de Maldonado, los gendarmes adelantaban información sensible a la defensa de sus pares y a altos funcionarios de Bullrich, como Pablo Noceti, les avisaban de los allanamientos y de los movimientos de Maldonado y su esposa Andrea Antico en Bariloche, de la comunidad mapuche y su grupo de apoyo; las manifestaciones que se fueron dando frente a los escuadrones de Gendarmería, las marchas en todo el país cada vez que se cumplía un mes de la desaparición, cuáles eran las consignas y cuál era la cantidad de manifestantes. 

"Mi comandante, se autorizó el tema nuestro, en cualquier momento empieza a reportar el celular de Maldonado imei y todo", dijo el jefe de Inteligencia de los Carabineros, desde Chile. "Impresionante", le contestó su par de Inteligencia Criminal de Gendarmería, desde Argentina, como reveló este diario en 2019. Sin embargo, el 14 de julio de 2022 Rafecas decidió archivar el expediente y sobreseer a Cané y Méndez. Desde el juzgado indicaron que investigaron "a fondo las situaciones que nos trajo Maldonado y ninguna de ellas dio indicios de que haya habido un seguimiento hacia él y la gente que estaba a su lado". Según Rafecas, la actividad desplegada por los gendarmes fue realizada en el marco de la prevención de disturbios en las protestas que se venían realizando por la desaparición de Santiago, en especial frente a los escuadrones de Gendarmería. La Cámara Federal avaló al magistrado, al igual que Casación. Ahora la expectativa está en la Corte Suprema.