Mientras el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, ofreció ayer una conferencia de prensa para explicar la decisión del gobierno provincial de cobrar la atención de salud a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria, el director de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta e integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, el abogado Rodrigo Solá, sostuvo que este arancelamiento “es contrario al espíritu de la Constitución Nacional y los Tratados suscriptos a nivel internacional”. 

También el ex ministro de Salud de Salta, Enrique Heredia, actual profesor de Salud Pública de la carrera de Medicina en las universidades nacionales de Salta, Jujuy y Mar del Plata, objetó esta decisión: la atención de salud "no tendría que quedar en manos de los ciudadanos, sino de los estados”, afirmó al ser consultado sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia 129/24 por el que el gobierno salteño oficializó el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria en el país. 

Hay una “ocupación de entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto total por atención a extranjeros”, sostuvo el ministro Mangione al referirse a las razones que motivaron la decisión de cobrar la atención de salud a extranjeros. Solo en el norte, durante tres meses, “se atendió a 3800 extranjeros”, añadió. 

En cambio, Heredia opinó que es necesario que el Estado siempre sea garante del acceso a derechos como salud y educación, que en Argentina “siempre se ofreció de manera gratuita”, lo cual, señaló, condice con lo establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional.

Recordó que durante su gestión fue condescendiente con casos humanitarios de personas extranjeras que no tenían atención en los países vecinos. Uno de esos casos fue el de “grandes quemados”, cuyos tratamientos fueron cubiertos sin costo.

“Lo mismo es con pacientes oncológicos”, indicó, si bien reconoció que podría existir un abuso en el uso del servicio por parte de personas de otros países o provincias. Pero “no es una revancha el ir a cobrar, o no se debería interpretar así”, advirtió. Añadió que hay formas de compensar, ya sea por los convenios de reciprocidad e incluso a través de una compensación que podría pactar Argentina con Bolivia, por ejemplo, por la venta de gas y combustible.

Heredia coincidió en que la provincia se encuentra en crisis, incluso dijo que fue testigo de la falta de medicación o gastos onerosos en hospitales del interior más profundo, pero recordó que se deben recuperar y gestionar fondos de prestaciones, como las que se dan a afiliados de obras sociales en los hospitales públicos. Además, sostuvo que existe un sistema solidario en el los que más tienen deben aportar para poder sostener los servicios de los que menos tienen. E insistió en los convenios entre los Estados de reciprocidad en las condiciones de atención de sus habitantes cuando están fuera de su lugar de origen.

El típico “chivo expiatorio”

Por su parte, Solá mostró preocupación ante una política que representa una “avanzada que se plantea en la sociedad sobre discursos de odio racistas y xenófobos que ahora forman parte de las prácticas discriminatorias del propio Estado”.

“También hay una lectura de la historia que tiene que ver con la mirada sobre los migrantes que tienen ciertos rasgos físicos”, indicó al sostener que esos sesgos discriminatorios son trasladados a niñes que recién nacen en Argentina y “arrastran el estigma por el origen de sus padres”.

“Se utiliza a este colectivo como chivo expiatorio para volcar la responsabilidad de temas como la salud, o los planes sociales o la situación de delitos”. Pero en realidad, en el caso de las cárceles, por ejemplo, “el Comité (contra la Tortura) verificó que menos del 1 por ciento de la población condenada en Argentina es extranjera”.

Solá planteó en este contexto los dichos del gobernador Gustavo Sáenz sobre una especie de “relevamiento” de migrantes limítrofes que cobran beneficios sociales que “como la Asignación Universal por Hijo, son para niños, niñas y adolescentes que son argentinos, independientemente del origen nacional de sus padres”.

Estas medidas dirigidas a los migrantes, que tienen a la provincia de Salta como pionera en la región, suelen tener una aceptación generalizada en la sociedad. Para Solá, es porque existe “un imaginario de construcción de la identidad argentina de que el Estado Argentino es blanco. Y que venimos de los barcos”, una premisa que repiten “distintos signos políticos”.

Consideró que esa misma mirada terminó por invisibilizar a las poblaciones indígenas, para dar continuidad luego a una migración europea como la aceptada en lugar de la migrante latinoamericana. Y esto es lo que “algunas veces sale a la luz”, desde el fondo de ese imaginario, explicó. 

Los recortes nacionales, otra vez 

El gobierno provincial sostuvo que la decisión de arancelar la atención de salud a personas extranjeras con residencia precaria o transitoria se debe al recorte de fondos nacionales. 

El ministro de Salud, Federico Mangione, ofreció una conferencia de prensa ayer para explicar esta decisión. Entonces dio los datos sobre la “ocupación de entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto total por atención a extranjeros”. Agregó que solo en el norte de la provincia en tres meses “se atendió a 3800 extranjeros”. 

Sobre la aplicación del decreto 129, el funcionario dijo que las prácticas se calcularán en base al nomenclador del IPS (la obra social de la provincia), “pero respecto de las prestaciones que se hacen en el sector privado". Planteó la obligatoriedad de todo turista de pagar un seguro de salud. Y que dijo que si bien las urgencias y emergencias que precisen las personas extranjeras serán atendidas en el sistema público de salud, “a alguien se le cobrará luego”.

Por otro lado, ayer, en una entrevista con el canal de noticias TN, el gobernador Gustavo Sáenz adelantó que pedirá a la ANSeS que “haga un relevamiento de extranjeros que cobran la asignación universal por hijo y planes sociales”. Indicó que muchas veces las migrantes son personas “o que no tienen residencia, o tienen doble residencia”, y le pareció “injusto que jubilados que cobren la mínima” no puedan llegar a fin de mes. Por ello consideró que se debería hacer un recupero de esos fondos volcados en beneficios sociales para crear “un fondo solidario” para pagar al sector de adultos mayores.

"Es muy fácil pasar la frontera. Es cruzar la cuadra y ver a todos en cajeros cobrando la asignación universal por hijo, o planes sociales cuando no aportan un peso al país”, afirmó. Insistió que mal podría el país “hacer caridad si no estamos en condiciones de hacerlo”.

Como la describe el gobernador, la frontera norte argentina es permeable. Pero el cuadro social, histórico, es bastante más complejo. Entre otras cuestiones, en esa zona castigada por la falta de fuentes de trabajo, la búsqueda de algún beneficio económico se hace en uno y otro lado de la frontera.