España vivió ayer una jornada de tensión e incertidumbre ante la posibilidad de que el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, formalice hoy o mañana la independencia unilateral de la región, tras haber desistido ayer de comparecer ante el Senado en Madrid para explicarse. 

La renuncia de Puigdemont a presentar en la cámara alta sus alegaciones contra la intervención de la autonomía de la región anunciada por el gobierno central de Mariano Rajoy fue interpretada como otra puerta cerrada a una salida negociada a la crisis. “Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar”, señaló el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, tras conocerse la decisión del líder catalán.

La incertidumbre ante dos días decisivos quedó reflejada en las informaciones contradictorias sobre la presencia de Puigdemont ante el Senado. La prensa aseguró en un primer momento que acudiría hoy por la tarde, pero el gobierno catalán, con sede en Barcelona, confirmó luego que no lo hará ni hoy ni mañana, los días que había sido invitado.

El Senado tiene previsto aprobar el viernes la intervención de la autonomía de Cataluña por parte del gobierno central mediante el artículo 155 de la Constitución. Rajoy prevé la destitución de Puigdemont y su gobierno y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas contundentes. El gran interrogante ahora es cómo responderá el Parlamento catalán a la intervención de la autonomía y cuándo lo hará exactamente. 

El “Parlament” celebrará hoy un pleno para analizar esa respuesta. La sesión, que previsiblmente se alargará hasta mañana, podría servir para declarar la independencia unilateral. Como si un “dejà vu” se tratase, Puigdemont vuelve a verse en medio de los sectores más moderados y radicales del soberanismo. Los primeros le piden evitar la declaración de independencia y convocar a elecciones, mientras que los segundos le exigen proclamar la “república catalana” y llamar a una resistencia civil para boicotear la intervención de Madrid. Hace medio mes, Puigdemont hizo equilibrios ante esas mismas presiones cuando anunció la independencia en el “Parlament” catalán, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo. Al igual que ahora, la decisión del jefe de gobierno catalán mantuvo en vilo a la ciudadanía y el gobierno de Madrid hasta el último momento.

El líder catalán dijo que el triunfo del “Sí” en el referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre –pese a haber sido declarado ilegal por la Justicia– le daba mandato para declarar la independencia, pero que suspendía los efectos de esa declaración para tratar de llegar a una “solución acordada” con Madrid. 

Las dos semanas que pasaron desde aquel 10 de octubre no han servido para acortar distancias entre Madrid y Barcelona y tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155.

A menos de 48 horas de la decisiva sesión del Senado, tampoco está claro si queda aún margen para frenar la aplicación del artículo 155. 

Los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición que apoya al gobierno en la intervención, consideraron hoy que no cabría “ni jurídica ni políticamente” dar ese paso si Puigdemont convoca elecciones y vuelve a la legalidad.

Para el derechista Partido Popular (PP) de Rajoy, por el contrario, ya es demasiado tarde: “Convocar elecciones como treta para evitar el artículo 155 ya no es admisible. Se han dado suficientes oportunidades para cumplir la ley”, dijo hoy Pablo Casado, vicesecretario de organización del PP. Rajoy, entre tanto, se limitó a defender la aplicación del artículo 155 como “única respuesta posible ante la posición de las instituciones catalanas”, según definió en el Congreso de los Diputados en Madrid.

“Cumplo con mi obligación y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a la Constitución y a los millones de ciudadanos de Cataluña que ven que su gobierno ha liquidado la ley”, agregó. 

No sólo son una incógnita los próximos dos días, sino lo que podría ocurrir a partir de entonces. Si Puigdemont proclama la independencia, se arriesga a ser detenido y acusado de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de prisión. Tampoco es seguro que el gobierno vaya a ser capaz de asumir el control de las instituciones catalanas sin mayor inconveniente. Parte de los funcionarios podrían negarse a reconocer la autoridad de Madrid, por ejemplo. 

Habrá que esperar además para conocer el alcance de la respuesta en la calle, con varias concentraciones convocadas ya tanto por sectores independentistas como contrarios a la secesión. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las dos grandes entidades independentistas, convocó ya una concentración ante el “Parlament” el viernes a mediodía para dar la bienvenida a la “república”.