Casi una decena de escritos de alrededor de treinta páginas cada uno se incorporaron entre este jueves y viernes al juicio que el fondo buitre Burford lleva adelante contra la República Argentina por la forma que se nacionalizó el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF en el año 2012. Son "amicus curiae", es decir apoyos de actores externos al juicio que refuerzan la apelación de Argentina en el caso YPF.
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile; provincias productoras de hidrocarburos como Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro; el Colegio Público de abogados de CABA y académicos argentinos con conocimiento del sector y del tema; profesores de relaciones internacionales estadounidenses y otros países; administrativistas y constitucionalistas argentinos; y académicos estadounideses se suman a la lista de apoyo a Argentina en el juicio que lleva a cabo desde hace más de ocho años en tribunales neoyorkinos.
Amicus curiae es lo que se conoce como un escrito de un "amigo de la corte". Significa que quien presenta el escrito no es alguien involucrado como parte en el juicio, sino que considera que puede colaborar con la corte presentándole su postura respecto a las cuestiones en disputa. En este caso, y con varios escritos ya incorporados en la causa como anexo, con argumentos favorables a la apelación de Argentina.
El viernes 24 de febrero el Gobierno apeló ante los tribunales de Nueva York. En el escrito sostiene que el caso tiene que ser juzgado en el país y que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes. La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, intentando invalidar la injerencia de la justicia de Estados Unidos en el caso.
En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que se reviertan las sentencias en su totalidad por estar fundadas en errores de derecho argentino y bajo la premisa de que una corte de los Estados Unidos debió abstenerse de ejercer jurisdicción sobre casos fundados íntegramente en derecho argentino. Se cuestionan tanto las conclusiones de la corte de distrito sobre la supuesta responsabilidad contractual de la Argentina como lo relativo al cálculo de daños.
Tras la presentación de la apelación por parte de la Argentina, el 25 de marzo próximo harán lo mismo los demandantes quienes rechazaron el fallo de Preska de septiembre último por haber eximido de responsabilidad a YPF e incluir únicamente al Estado, pese a que la cifra reclamada –calculada entre 12.000 millones y 17.000 millones de dólares con intereses- resultó similar a la de la sentencia. Una vez presentadas la apelación de ambas partes, se estima que la cámara no se expedirá hasta después de septiembre.
