Los cambios que actualmente se están operando en el mercado global de armas podrían involucrar a América Latina en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también en futuros escenarios bélicos.

En enero trascendió el interés del gobierno de Ecuador por transferir armamento de origen soviético a los Estados Unidos. A cambio de las armas “chatarra”, según la definición del presidente ecuatoriano Daniel Noboa (foto), Washington se comprometía a proporcionar nuevos equipos militares por 200 millones de dólares.

Este acuerdo fue percibido como fundamental tanto para modernizar las fuerzas armadas de Ecuador como para mejorar su capacidad para mantener la seguridad interna en medio de la avanzada de organizaciones criminales y de “bandas narcoterroristas”.

Fue el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin Sullivan quien hizo explícito lo que de todas maneras ya se sabía. En una reciente visita a Quito aseguró que se trataba de “un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania”. En su defensa, Noboa afirmó que desconocía que las armas tendrían su destino final a un país en guerra y que, por tanto, rechazaba intercambiar su “chatarra” por nuevos equipos militares.

La renovada retórica anti intervencionista de Noboa no consiguió ocultar el rechazo total expresado por Rusia, que no sólo reprobó el envío de armamento soviético a los Estados Unidos (prohibido según los términos contractuales entre ambos gobiernos) sino que también desaprobó el rol de Ecuador como proveedor de recursos militares a Ucrania.

La amenaza a un embargo comercial ruso a las bananas, teniendo en cuenta que Rusia es el tercer socio comercial del pequeño país andino, funcionó como el mejor disuasivo para reestablecer la histórica neutralidad del país andino y el alejamiento a ofertas tentadoras pero problemáticas.

Por el momento, entró en suspenso la estrategia de la Casa Blanca, en la que el intercambio de armas viejas por nuevas terminaría por consolidar a Ecuador como uno de los principales destinatarios de recursos militares en la región. Probablemente existan otros caminos para llegar a ese mismo objetivo.

Además, en la misma operación se buscaba el alineamiento político directo con Washington, lo que sólo podía implicar una ruptura con Moscú y la incorporación directa de Ecuador en una guerra de enormes repercusiones que, claro está, exceden al terreno militar.

El caso ecuatoriano parece también dejar algunas enseñanzas para los gobiernos que por motivos puramente especulativos pretendan abandonar la neutralidad frente a un conflicto que ha impactado en buena parte del mundo, pero que al menos en América Latina no ha tomado cuerpo, principalmente, gracias a la prudencia y al intento por consolidar a la región como un escenario pacífico, donde pesan los intereses de seguridad nacional y la histórica neutralidad diplomática.

Sin embargo, estas condiciones podrían estar cambiando en un contexto de transición del comercio global de armas al calor del conflicto entre Rusia, Ucrania y los países de la OTAN, pero también frente a otras guerras de creciente gravitación como la que tiene lugar en Medio Oriente. La tendencia es incipiente pero no resulta desdeñable para la política exterior latinoamericana.

El caso de Ecuador tuvo su principal antecedente en mayo de 2022, cuando el por entonces presidente colombiano Iván Duque aprovechó la condición de aliado extra OTAN de su país y anunció el envío a Ucrania de una misión militar para capacitar en técnicas de desminado. La llegada al poder de Gustavo Petro abortó esta operación al virar a Colombia hacia la neutralidad.

Casi en paralelo a la fallida operación en Ecuador debe señalarse también el regalo de Javier Milei de dos helicópteros de origen soviético al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski cuando éste asistió a la asunción presidencial el pasado 10 de diciembre de 2023. Un gesto que no pasó desapercibido y que reveló el interés de Argentina por alinearse con la Casa Blanca.

Un factor fundamental operaría hoy como principal mecanismo de presión para incentivar el envío de armamento con destino a Ucrania.

La nueva política de “Exceso de Artículos de Defensa” (EDA-Excess Defense Articles) le permite al gobierno de Joe Biden prescindir de armamentos y vehículos militares por un valor de hasta 500 millones de dólares, asignarle un precio y venderlo a un bajo costo (o incluso regalarlo) siempre y cuando el país destinatario asuma los gastos de transporte. Una forma relativamente económica para asegurar redes de proveedores y, sobre todo, una cadena internacional de lealtades basada en un sistema de premios y reconocimientos.

Pese a que hace tan sólo un año varios países, como Brasil, México y Argentina, rechazaron el otorgamiento de armas para Ucrania, hoy Estados Unidos está generando las condiciones para un involucramiento creciente de América Latina en el mercado internacional de armas.

Para ello Washington se sirve especialmente de los nuevos gobiernos de derecha en los que la necesidad de recursos militares y económicos pretende encubrir su voluntad de alineamiento irrestricto con la Casa Blanca y, con ello, sus falencias en la defensa de los intereses soberanos a la vez que una evidente ausencia de vocación por la paz y por el diálogo entre las naciones.