Los trabajadores municipales de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires pujan por recomponer sus ingresos que, en muchos casos, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

En Vicente López, acordaron un aumento de 80 por ciento, en La Matanza un 32,5 y una suma fija de 40 mil pesos, mientras que en Junín aceptaron un bono de 50 mil pesos y seguirán negociando en cuanto se conozca el número de la inflación de febrero.

El acuerdo en Chacabuco fue por un 15 por ciento sobre el sueldo de febrero pagar en marzo, más un 10 por ciento acumulativo sobre el siguiente haber, y una suma no remunerativa de 90 mil pesos a pagar en dos tramos. Estos datos se suman al 30 por ciento logrado por los municipales platenses, recientemente anunciado. Como contrapartida, sigue lejos el acuerdo en Luján, se profundiza el conflicto en San Antonio de Areco y se declaró la emergencia económica en Pinamar.

“En medio de la crisis económica nacional y frente al excesivo crecimiento de la inflación que afecta directamente el bolsillo de las familias, seguimos trabajando siempre para cuidar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores municipales, por salarios dignos y más justicia social”, sostuvo Fernando Espinoza al momento de realizar el anuncio.

“El salario dignifica y nuestro compromiso está junto a las trabajadoras y trabajadores que sostienen día a día la gestión municipal, por eso vamos a seguir cuidando a nuestra gente, brindando todo el bienestar posible ante la crisis que nos hace atravesar el Gobierno nacional, y seguir luchando para que no pierdan un derecho más”, concluyó el matancero.

De acuerdo a lo convenido en Vicente López, los trabajadores de ese distrito recibirán por febrero el 40 por ciento; en marzo el 20 y la mitad restante en marzo y abril. Fuentes del sindicato celebraron, asimismo, que la paritaria, que corresponde en agosto, se haya adelantado el tiempo suficiente para que impacte en el medio aguinaldo.

En Luján, los municipales enviaron ya dos notas al Ejecutivo reclamando la apertura urgente de las paritarias. “No nos alcanza para comer”, dice un fragmento del texto. El intendente Leonardo Boto los convocó para el próximo lunes 18 y, mientras tanto, definió un aumento por decreto de 12 puntos, mientras el reclamo de los trabajadores es de 120 puntos para el semestre.

Otro conflicto prolongado se da en San Antonio de Areco, donde el intendente Francisco Ratto, en modo Milei, repite que “no hay plata” y ofrece un 17 por ciento para enero y 12 en febrero. Como ya contó Buenos Aires/12, como contrapartida se suceden las medidas de fuerza desde hace ya un mes.

El caso de Pinamar es también muy complejo. El ex intendente, hoy diputado nacional por el PRO, Martín Yeza, le dejó a su sucesor Juan Ibarguren un pasivo de 3.500 millones de pesos. Ibarguren logró que el Consejo Deliberante declare la emergencia económica, social y financiera, en teoría una herramienta para reordenar la situación. Desde el sindicato local le reconocen mejor predisposición que a Yeza, pero no bajan la guardia.

Trasfondo

A poco de conocerse el dato de inflación de febrero, las consultoras económicas estiman que el acumulado en el primer trimestre de la gestión del presidente Javier Milei, producto de la devaluación del 118 por ciento y de la desregulación de la economía, superará los 70 puntos.

Antes de que esto ocurriera, durante 2023, distintos sindicatos municipales venían reclamando por su situación, ya que muchos de ellos recibían haberes por debajo de la línea de pobreza.

En ese sentido, en plena campaña, los titulares de la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales, Hernán Doval, y de la Federación de Sindicatos Municipales bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, se reunieron con el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien se comprometió a impulsar por ley la paritaria nacional municipal.

La paritaria nacional municipal, inspirada en la paritaria nacional docente, tendría el efecto de fijar un piso salarial. A falta de esa referencia, hoy el salario municipal queda librado, tanto a los recursos de cada ejecutivo local como a la capacidad de negociación de cada organización sindical.

Sin embargo, en la actual coyuntura, los municipios ven sus finanzas dañadas y amenazadas, tanto por el abandono del estado nacional en materias de obra pública, salud, educación y alimentación, como por sus recortes a la coparticipación, lo que complica aún más la recomposición salarial.

La respuesta de los alcaldes fue un comunicado oficial de la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuyo texto fue acordado en un plenario, reclamando al presidente una reunión urgente, que lleva ya dos semanas esperando respuesta.