Tras dos años y medio de audiencias a cuentagotas y decenas de testimonios, el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA que mantiene al ex presidente Carlos Menem al borde de una nueva condena, ingresa hoy en su etapa final con el inicio de los alegatos. Los familiares de las víctimas esperan que éste sea el último paso hacia una sentencia condenatoria para los acusados. “Tiene que haberla, los hechos quedaron claros”, apuntó Diana Wassner, de Memoria Activa. 

Los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones especializada en AMIA, serán los primeros en ofrecer su análisis final en el juicio que determinará qué responsabilidad le cabe a los acusados en el desvío de la investigación judicial sobre el atentado a la sede central de la mutual judía y el encubrimiento a los responsables. A Menem lo acompañan entre los acusados Hugo Anzorreguy, quien fue secretario de Inteligencia durante su Gobierno e intentó, en vano, que el Tribunal Oral Federal número 2 –a cargo del debate– lo deje fuera de juicio por cuestiones de salud. También el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; los ex agentes de la SIDE Patricio Finnen y Carlos Anchezar, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja; los ex policías Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda, el reducidor de autos Carlos Telleldín, su ex mujer Ana Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale. 

Los acusados están implicados en dos hechos. Uno es el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín para que declarara en sede judicial una versión falsa sobre lo ocurrido en julio de 1994 y que derivó en la explosión de Pasteur al 600; y el abandono deliberado de la investigación de la “pista siria”, que involucraba a la familia Kanoore Edul, vinculada con la familia de Menem. 

Para Wassner, fueron dos años y medio “duros e importantes”, que le demostraron “lo delincuentes que son” los acusados. “Tenía expectativas de que alguno de ellos dijera en algún momento la verdad, pero siguieron mintiendo. Quedó clarísimo todo lo que hicieron para desviar la causa, para inventar una historia que no era. Ahora los jueces harán lo suyo”, apuntó. Su expectativa es que, al momento de decidir, el TOF número 2 condene a los acusados. “Tiene que haber condenas por que los delitos están probados. Condenas serias, ejemplificadoras”, reclamó. 

A cargo de los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, el juicio comenzó en agosto de 2015, más de una década después de que los hechos estuvieran bajo investigación judicial y medio año después de que Alberto Nisman, el fiscal que trabajó con los acusados y quedó a cargo de la UFI-AMIA fuera encontrado muerto en el baño de su departamento, en Puerto Madero.

Al respecto, Wassner evaluó que “hubo y hay circunstancias políticas que son adversas” a que el debate oral traccione y llegue a un resultado satisfactorio para los familiares de las personas que fallecieron en el atentado. “Muchos de los acusados están íntimamente relacionados con personas del Gobierno nacional”, señaló y ejemplificó que durante la última ampliación de indagatoria que realizó Barbaccia, “más de la mitad del público eran asesores de (el ministro de Justicia, Germán) Garavano. Si eso no es un mensaje político, ¿qué es?” 

En la misma línea, la referente de Memoria Activa mencionó el “ida y vuelta que hay” con los archivos de inteligencia que existen relacionados a la voladura de la AMIA y que “no se sabe en manos de quién va a quedar, nunca perdieron estado secreto”. El hecho lo denunció insistentemente Laura Ginsberg, integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, querellante del juicio. “Los archivos no pueden volver a la secretaría de Inteligencia ni al Ministerio de Justicia, no puede manejarlo Garavano, que de AMIA no sabe nada ni le importa”, remarcó Wassner. Por último, y vinculado al interés de Garavano en el esclarecimiento del atentado, la mujer recordó el episodio que denunciaron dos abogados que representaban al Ministerio en el juicio por encubrimiento, Marina Stilman y Ezequiel Strajman, que advirtieron que desde la cartera “los apretaron para que no tengan una conducta proactiva, para que no persigan a los acusados”.