Con la inercia del triunfo electoral, Cambiemos logró ayer en la Cámara de Diputados colgarse la cucarda que había buscado en plena campaña proselitista: con 176 votos a favor y una sola abstención, aprobó el desafuero del diputado y ex ministro Julio De Vido que abrió paso a su “detención preventiva” dictada por la justicia federal. El oficialismo consiguió alinear al massismo, el Bloque Justicialista, Progresistas, el FIT y partidos provinciales detrás de su objetivo sin que algunas críticas a la gestión de Gobierno mellaran su satisfacción. Con la suerte echada, el  bloque del Frente para la Victoria decidió no bajar al recinto para “no convalidar lo que entendemos es una persecución a los opositores”. Así el FpV-PJ buscó aplacar el debate interno aunque no logró evitar que cinco diputados propios se sentaran en sus bancas y votaran a favor del desafuero (ver nota aparte). La abstención fue Juan Manuel Pereyra, del monobloque Concertación-FORJA.

Los diputados del oficialismo intentaron mostrarse cautos pero no pudieron ocultar su satisfacción por haber alcanzado el objetivo deseado. El formalismo de Cambiemos predominó a lo largo de las dos horas y media que duró la sesión especial y con la certeza que esta vez tenían los dos tercios de los votos necesarios para desaforar a De Vido. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli (a quien la justicia avaló que le birlara una silla al FpV-PJ en el Consejo de la Magistratura) fue el encargado de abrir el debate: sostuvo que la justicia podría “avanzar sin quitarles las inmunidades al legislador hasta su condena”, pero rápidamente se encolumnó con las solicitudes de los jueces federales Claudio Bonadío y Luis Rodríguez que esgrimieron ante la Cámara baja para justificar la “detención preventiva” en que el ex ministro podría obstruir el avance de las causas, en ninguna de las cuales fue condenado.

“Actuamos a pedido de dos jueces federales que nos remitieron las piezas más relevantes de ambas causas –continuó Tonelli– y que fueron giradas a los diputados de la Cámara para que todos tengan conocimiento de las imputaciones”. El diputado macrista también dio crédito a las investigaciones judiciales para respaldar la postura del oficialismo. “Se contrató sin licitación a una universidad (UTN), que derivaba los fondos directamente a una fundación de la propia universidad, y allí el dinero desaparecía”, dijo sobre el expediente sobre el yacimiento carbonífero de Río Turbio que investiga Rodríguez. “Se generó un perjuicio en las arcas del Estado de 6.995 millones de dólares, es decir, 1000 millones de dólares por año” (entre 2008 y 2015), agregó sobre la causa en manos de Bonadio. 

La massista Graciela Camaño siguió el mismo camino. “Hubo un uso de los fueros para evitar el procedimiento que tendría cualquier ciudadano común y corriente”, señaló para luego agregar que “la Constitución no ha querido ni quiere que nosotros invoquemos nuestros fueros para defendernos, o para causar algún tipo de obstrucción en el proceso penal”. Camaño reivindicó el frustrado acuerdo con Cambiemos para expulsar a De Vido por “inhabilidad moral” e hizo flamear la bandera de campaña massista de modificar la ley de fueros. 

Desde su monobloque, Pereyra fue el único que tomó una actitud diferente: “Durante una época los poderosos golpeaban las puertas de los cuarteles para que defiendan sus intereses, ahora golpean las puertas de los juzgados”, denunció el diputado, que recurrió a la figura de “partido judicial” para describir el desempeño de algunos jueces federales. “Toda corrupción debe ser castigada. Todos somos iguales ante la ley, pero me preocupa vivir en un país en el cual primero te encarcelan y después averiguan si has cometido un delito”, señaló en otro tramo de su exposición, en la que advirtió sobre los causas por la corrupción macrista y la doble vara de la Justicia.

“De Vido no debería haber entrado nunca a este Congreso”, expresó la aliada massista y frustrada senadora Margarita Stolbizer. Sin nombrarla, le apuntó a Cristina Fernández de Kirchner: “la búsqueda de impunidad, a través del refugio que algunos intentan tener en una banca, es un artilugio absolutamente incompatible con el sentido del diseño institucional que nosotros pretendemos para nuestro país”.

“Si había un pedido judicial íbamos a hacer lo que teníamos que hacer: respetar, en principio, la ley; y en segundo el reglamento de la Cámara”, dijo el jefe del Bloque Justicialista, Oscar Romero, para fundamentar el votó de su bancada al desafuero del ex ministro. “El peronismo ha dado mucho más al país que los lamentables personajes que se están mencionando aquí, y eso quiero dejarlo muy claro”, sentenció el sindicalista del Smata. 

El ex massista y triunviro cegetista, Héctor Daer, también avaló el desafuero. “No hay nada que festejar”, dijo y agregó: “culpan a la corrupción de todos los males pero también lo hacen quienes gobiernan privilegiando intereses en contra de los que menos posibilidades tienen”, agregó. 

“El oficialismo desafora a De Vido para dejar en pie el régimen corrupto con el que el gobierno ha permitido el blanqueo a familiares de altos funcionarios o eximirse de la deuda del Correo Argentino a Franco Macri. Debe investigarse integralmente el régimen de corrupción. Es completamente falso que se termine con la corrupción y la impunidad. De lo que se trata esta supuesta lucha contra la corrupción es de tapar el brutal ajuste contra los trabajadores que anunció el presidente Mauricio Macri el lunes”, dijo Pablo López del FIT-PO, aunque acompañó el desafuero. 

Su compañero del FIT, Juan Carlos Giordano (IS) cargo contra Elisa Carrió por “encubrir” a los funcionarios macristas que amenazó con denunciar y por sus “dichos perversos y lamentables sobre el caso Maldonado”. También reclamó “cárcel para todos los responsables políticos” de la desaparición forzada de Santiago Maldonado: “Patricia Bullrich, (Pablo) Nocetti y todos los funcionarios”. Desde Cambiemos le respondieron con abucheos.

El jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, fue el encargado de cerrar la sesión. “Tenemos la tranquilidad de que en julio, cuando pedimos la exclusión (de De Vido), estábamos en lo correcto. Estamos ante una rara avis de la política, por todo el poder que manejó. Pedimos la exclusión porque pesaban sobre él 136 denuncias, 26 imputaciones y 6 procesamientos. Veíamos que se degradaba la institución si no nos expresábamos”, continuó Negri y explicó lo de “rara avis”: Porque ningún gobierno le puso tanto poder político a un funcionario. Manejó 145.000 millones de dólares bajo su lapicera, equivalentes a 12 años de exportaciones con Brasil, equivalentes al 30 por ciento del PBI. Los manejó de una manera poco transparente y discrecional, por eso la Justicia lo está requiriendo”. Negri describió su satisfacción como “un grano de arena en la recuperación del Estado de derecho como punto de partida hacia un rumbo que no se podrá conseguir si no respetamos la división de poderes, sin justicia independiente”. Había logrado el objetivo.