Tras la presentación que hizo HIJOS Rosario esta semana para que se eleve a juicio la causa contra el ex juez Guillermo Ernesto Tschopp, quien fue titular del Juzgado Federal de la segunda nominación de Rosario durante la última dictadura cívico-militar, el fiscal federal Federico Reynares Solari también pidió que el acusado llegue a juicio por delitos de lesa humanidad en 42 casos. Si bien la organización de derechos humanos había denunciado a Tschopp como coautor de privaciones ilegales de la libertad y torturas, la Cámara Federal lo consideró partícipe secundario de esos delitos. Igualmente, Hijos pidió la elevación como coautor, ya que pretende discutir la calificación legal en el mismo juicio. Así, se pone el foco en la complicidad civil durante la última dictadura, que en el caso de Tschopp consistió básicamente en hacer caso omiso de los hábeas corpus presentados por familiares de personas desaparecidas, y también desestimar las denuncias de torturas que le hacían quienes estaban privados ilegalmente de la libertad, con causas armadas en el marco del terrorismo de Estado. El magistrado convalidaba las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
"A casi 6 años desde que denunciamos su responsabilidad, la investigación se halla agotada y llegó el momento de que se siente en el banquillo de los acusados y responda por sus sistemáticos encubrimientos, que permitieron la comisión de un genocidio", dice el comunicado publicado por HIJOS, que también presentó "un escrito para que la Cámara Federal resuelva de forma inmediata la situación procesal de los ex Fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez y el ex Secretario Horacio Claverie ya que hace casi 10 meses que esa parte de la investigación duerme en los Tribunales de calle Entre Ríos". Es que HIJOS había presentado una segunda denuncia contra estos ex funcionarios judiciales, para tratar también su complicidad con el genocidio.
Una vez que se corra traslado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también es querellante en la causa, y a las defensas, se podría establecer la fecha del proceso oral y público, que seguramente no llegará a comenzar este año.
La denuncia inicial de HIJOS fue presentada en agosto de 2018. “Son múltiples los casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura, incluso algunas embarazadas, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas", expresó ese documento con el que se inició la causa.
En la Argentina, la primera condena contra funcionarios judiciales por su participación en el terrorismo de Estado fue en julio de 2017, en Mendoza. Entonces, los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret fueron condenados como partícipes necesarios de los delitos de lesa humanidad contra víctimas indefensas.
En cuanto a Tschopp, HIJOS destacó en su denuncia por 63 casos -de los cuales 21 fueron desestimados por la Cámara Federal, y ahora se analizan en Casación- el de un detenido-desaparecido que, luego de haber sido salvajemente torturado en el Servicio de Informaciones, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el doctor Tschopp. “Ante la presencia de este magistrado (el detenido) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: ‘¿usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?’”. Al mismo tiempo, "le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”, denunció HIJOS.
La organización señaló que Tschopp terminó erigiéndose en “una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad”.
