Javier Milei piensa que recibió unas Fuerzas Armadas desprestigiadas por el propio Estado. Lo dijo textual en su discurso de apertura del año legislativo, cuando no quiso ahorrarse una chicana sobre el número de desaparecidos. Los militares se sienten envalentonados desde que el libertario y Victoria Villarruel llegaron al gobierno. Ocupan lugares de poder –antes destinados a civiles– en la Jefatura de Gabinete, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Defensa. Un coronel retirado ya puso un pie en el que fuera el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos– para dirigir el Museo Malvinas. Y esta semana trascendió que Horacio Losito –condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco y Corrientes– fue recibido con honores en un regimiento de Misiones ante el silencio de la cartera que conduce Luis Petri.

Desde 2007, los homenajes a quienes atentaron contra el orden constitucional o tienen condenas por crímenes vinculados al terrorismo de Estado están prohibidos en las Fuerzas Armadas. Desde entonces rige la resolución 506 que firmó Nilda Garré cuando era ministra de Defensa. Dos años después, Garré exhortó a cada una de las fuerzas a adecuar los reglamentos de protocolo y/o ceremonial para recoger lo que era no solo la resolución del Ministerio sino también lo que indicaban los organismos internacionales.

En diciembre pasado, falleció Juan Carlos Jones Tamayo. Estaba condenado a prisión perpetua por su actuación en la provincia de Jujuy, pero él se consideraba un preso político. Solía publicar cartas reivindicando su actuación en el Operativo Independencia cuando iban a buscar a los integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a sus “madrigueras”. El 5 de enero pasado, el general de brigada retirado Miguel Alberto Cáceres Monié hizo una presentación en el Ejército reclamando que se dejaran sin efecto las disposiciones de Garré que impedían los honores fúnebres a quienes habían vestido el uniforme y empuñado la picana. En su nota, Cáceres Monié decía que oficiales "prestigiosos" como Jones Tamayo se veían impedidos de recibir sus homenajes.

A Cáceres Monié le fue bien con su pedido. “El resultado de esta solicitud ha sido la modificación de las normas de ceremonial militar de manera que las honras fúnebres no se suspenden hasta tanto no haya sentencia firme en la causa iniciada al fallecido. Aunque tardía, la medida viene a remediar una resolución arbitraria e indebida que ha estado vigente durante 15 años”, publicó en su web la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) –que en diciembre hizo un reclamo público para que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) cerrara la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La UPMAC se creó en mayo de 2002 ante las “políticas tendientes a desprestigiar” a integrantes de las Fuerzas Armadas. Para entonces, el juez Gabriel Cavallo y la Cámara Federal porteña ya habían declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Tener sentencia firme –es decir, sin recursos pendientes ante la Corte Suprema– es casi una rareza en los juicios de lesa humanidad. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 443 condenados que no tienen sentencia firme y hay 16 en los que los fallos no adquirieron firmeza porque los imputados atraviesan alguna incapacidad que podría revertirse.

En un audio que distribuyó entre sus camaradas, Cáceres Monié explicó que el general Carlos Carugno fue quien le comunicó que habían decidido ese cambio dentro del protocolo castrense sin afectar la resolución de Garré. Carugno es el número dos de Carlos Alberto Presti en el Ejército. Presti es hijo de Roque Presti, comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura.

Los parentescos con personas que fueron parte del terrorismo de Estado no se acaban dentro de las filas de las fuerzas. El número dos del Ministerio de Defensa es Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri y yerno de Athos Renés, uno de los represores condenados a perpetua por la masacre de Margarita Belén. Por ese caso también está condenado Losito, que fue homenajeado en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de la localidad de Apóstoles, Misiones. A Losito lo recibieron con honores como “héroe de Malvinas”. Combatió en la guerra junto a Eduardo Villarruel, padre de la vicepresidenta. Villarruel padre había hecho el curso de comandos –al que solo acceden unos pocos efectivos– justamente en Apóstoles.

En el Ministerio de Defensa no contestan cuál es el criterio que sostienen para los homenajes a quienes están condenados por crímenes de lesa humanidad. La Red Federal de Derechos Humanos –que preside Horacio Pietragalla Corti– hizo un pedido de informes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que, si sigue en vigencia la resolución de Garré, quienes organizaron la ceremonia para Losito deberían ser sancionados.

En redes sociales, los sectores más conservadores están contentos con lo que pasa en la cartera que conduce Petri –pese a los reclamos salariales de los integrantes de las fuerzas. En los últimos días trascendió un oficio en el que un alto funcionario se negaba a aportar información a un organismo del Poder Ejecutivo que estaba haciendo una investigación sobre crímenes contra la humanidad. La nota lleva la firma de Guillermo Madero, un exfuncionario del PRO en la Nación y en la Ciudad, que hizo campaña para Patricia Bullrich pero que se referencia con la vicepresidenta. Madero es el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar.

La agenda de Malvinas

Villarruel tiene una larga militancia en organizaciones pro-militares. Cuando habla de su padre, lo define como un “héroe de Malvinas” –olvidando que él mismo reivindicaba su actuación en la lucha contra la “subversión” tanto en el ambiente urbano como rural. La vicepresidenta se define como “malvinera” y como tal quiso darle impulso a la Dirección Gesta de Malvinas con la designación de Nicolás Kasanzew, el periodista que fue la cara de Argentina Televisora Color (ATC) durante la guerra de 1982.

El segundo de Kasanzew en la dirección del Senado, Esteban Vilgré La Madrid, fue designado para hacerse cargo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que funciona dentro del predio de lo que fue la ESMA. Combatió en Malvinas y también fue parte, en 1989, del operativo para recuperar el regimiento de La Tablada, donde hubo ejecuciones sumarias y desapariciones.

Vilgré La Madrid estuvo el viernes en el Museo para presentarse con los trabajadores y las trabajadoras. Había estado antes –incluso cuando lo inauguró la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner–. La designación de Vilgré La Madrid, que se retiró como coronel, representa el desembarco formal de un militar dentro del espacio de memoria más grande del país y por el que han pasado buena parte de las disputas sobre cómo recordar y qué recordar de lo que sucedió durante la dictadura en Argentina. Vilgré La Madrid arriba con el beneplácito de Villarruel, quien sostiene que todo lo que se contó durante los últimos 40 años es un invento de los organismos de derechos humanos –como si los centros clandestinos, el robo sistemático de bebés o los vuelos de la muerte no hubiesen existido.

Es posible que Vilgré La Madrid busque darle centralidad a la guerra dentro del Museo. El viernes también se presentó como un colaborador del nuevo director Daniel Santeufemia, un museólogo de la Armada. Al menos diez escuelas visitan el Museo por día. Su guión tiene impacto en miles de chiques que lo recorren. Por eso, el nombramiento de Vilgré La Madrid “significa un avance castrense sobre los ámbitos de la memoria y la educación, dado que el Museo es un espacio formativo para las nuevas generaciones”, advirtió el CELS.

Después de desembarcar en el Senado, a Kasanzew le preguntaron en redes sociales cuándo iban a “limpiar” la exESMA y el Museo Malvinas. “Es inminente”, respondió.