La Unidad 34 de Campo de Mayo, una centro penitenciario VIP con campo de deportes, canchas de vóley y de fútbol con quincho ubicada en el predio del Ejercito se cerró en septiembre de 2013 –luego de la fuga de dos militares del Hospital Militar Cosme Argerich– por riesgo grave e indemne de evasiones por condiciones deficitarias de seguridad. 

A mediados de año, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibieron una invitación para anotarse en una lista de pases. El destino era Campo de Mayo. Ante una consulta de PáginaI12 realizada esa ocasión, las nuevas autoridades del ministerio de Justicia reconocieron que el predio se estaba preparando en el marco de un convenio con el ministerio de Defensa. Sin embargo, aseguraron que iban a intentar trasladar a ese destino a las mujeres detenidas con sus hijos en la Unidad penitenciaria de Ezeiza, una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Las cosas no fueron así. El viernes a la noche, el SPF dispuso el traslado de un detenido de lesa humanidad alojado hasta entonces en Marcos Paz. Se trata del ex teniente del Ejército, Aníbal Alberto Guevara Molina, condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza y quien actualmente es juzgado en San Rafael. Ayer a la mañana, Guevara Molina fue efectivamente re-localizado a Campo de Mayo sin mediar autorización del tribunal que tiene a cargo el control de ejecución de la pena. Cuando uno de los jueces preguntó por las razones, le respondieron que es por la entrada en vigencia de la ley de Flagrancia y razones de cupo. Y adelantaron que los traslados de los detenidos por crímenes de lesa humanidad a Campo de Mayo va a continuar. 

La velocidad del desplazamiento sorprendió a los integrantes del TOF 2, pero la sorpresa pasó a dejarlos anonadados y muy preocupados cuando los responsables del SPF les explicaron que iban a continuar con el traslados de todos, o de la mayor cantidad de detenidos posible de lesa humanidad, a Campo de Mayo.

El TOF 2 recibió un correo electrónico el viernes a las 21 horas con la noticia, fuera de todo horario de oficina, en un correo oficial y sin posibilidad de intervenir hasta ayer por la mañana. El correo fue enviado por el director de Judiciales del Servicio Penitenciario Federal con un texto que decía: “Informamos que por la implementación de la nueva Ley de flagrancia, y temas de cupos y plazas en los penales se decidió” el traslado del condenado Guevara a Campo de Mayo. Hasta el viernes a la noche, su lugar de detención era Marcos Paz. 

A primera hora de ayer, el TOF se comunicó con la Dirección Nacional del SPF que informó que Guevara ya había sido trasladado a Campo de Mayo, aunque la decisión del traslado de los detenido es una atribución de los jueces federales y no una decisión del SPF ni del ministerio de Justicia. Por esa razón, y para evitar nuevos traslados, el TOF anoche preparaba un escrito. Entre las objeciones señalaron que los detenidos pueden estar ausentes de los juicios de lesa humanidad que se les cursa pero deben seguir las audiencias por video conferencia, una condición que en este momento no estaría garantizada en Campo de Mayo. 

Pero las razones de la preocupación no terminan ahí. Construido como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas fue durante un tiempo alojamiento de lujo para detenidos de lesa humanidad. El espacio, que contó con 40 camas durante la primera etapa de funcionamiento, no tenía celdas sino dormitorios. El predio tiene un campo de deportes enorme donde los agentes penitenciarios observan a los detenidos jugar al vóley y al fútbol en un espacio en el que pasan gran parte del tiempo. También tiene un quincho que es el lugar donde solían recibir a sus familias durante el fin de semana en condiciones en las que “hacen de cuenta –explica uno de los agentes–, que van de visita a una quinta”. En Campo de Mayo también había una lógica de puertas abiertas con el SPF y una condición de subordinación de esa fuerza por sobre los que estaban detenidos. “Olvidate -cuenta– los que te sancionan ahí adentro, si los retas, son ellos a vos”.

Ahora, lo que parece a todas luces una inminente reapertura del espacio vuelve a hablar además y otra vez de nuevos desplazamientos en la agenda del gobierno. No sólo hay un nuevo beneficio en las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Esto muestra además que no están destinando el lugar a la población de mujeres y sus hijos, tal como se había evaluado en un primer momento. Además, la ocupación acelerada parece saldar un problema de cupos a causa de una política de persecución a los sectores más vulnerables, con la entrada en vigencia a partir del 1 de diciembre de la ley de Flagrancia.  

Ante una consulta de este diario, fuentes del ministerio de Justicia lo admitieron. “Estamos con una presión de la población carcelaria angustiante -argumentaron ayera. Se implantó flagrancia el 1 de diciembre y hoy (por ayer) tenemos 100 nuevos ingresos. Entre las medidas para descomprimir una ya complicada situación de cupos, el ministro pidió que empiecen a trasladar a algunos internos de lesa a la Unidad 34, a las partes que ya están habilitadas”. 

Tiempo atrás, desde el mismo ministerio explicaron que Campo de Mayo estaba siendo re-acondicionado debido a la falta de “plazas” en las cárceles, por un incremento de la población carcelaria del que la gestión se enorgullece y que para entonces ya les daba una ocupación del orden de un 100 por ciento. En ese contexto, señalaron que se había dado  impulso al programa de monitoreo vigilado y a la búsqueda de nuevos lugares de detención. Agregaron que preguntaron al ministerio de Defensa por la Unidad 34 de Campo de Mayo y que hicieron un convenio para ponerlo al día. Defensa les aseguró que iba a tenerlo listo en diciembre. Desde el ministerio afirmaron que la intención era llevar allí a la población de mayor vulnerabilidad, entre los que estaban los detenidos de lesa humanidad, por la edad y las mujeres y niños de Ezeiza, pero que ellos iban a elevar la propuesta de trasladar a las mujeres. Los hechos demuestran que esa iniciativa fracasó. Integrantes de los organismos de derechos humanos y querellantes de los juicios de lesa humanidad comenzaron a escuchar noticias sobre la presunta reapertura de Campo de Mayo hace meses. “El lugar está pintado y acondicionado. Las viandas ya fueron licitadas. La provisión de gas y de agua, resulta. Lo único que falta es la decisión política”, explicaban en el Servicio Penitenciario. Todo hacía suponer entonces que iban a ser alojados más detenidos que antes. El Gobierno calcula alrededor de 100 plazas.