El Poder Ejecutivo dejó en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, el control de alrededor de los 50 fondos fiduciarios de los que participa el gobierno nacional y con los cuales se financian proyectos y obras públicas.
La disposición que concentra más poder en el titular del Palacio de Hacienda fue publicada en el Decreto 215/2024 publicado en el Boletín Oficial. Se lo designa "como fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios".
Con esta medida, Caputo deberá realizar una auditoría integral de gestión de esos recursos que se componen de dinero de impuestos, gravámenes o transferencias directas del Estado nacional.
El mecanismo de funcionamiento de esos fideicomisos consiste en que el Gobierno, a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante), transfiere bienes o millonarias sumas de dinero a entidades, por lo general bancarias (fiduciarios), para que administren esos fondos en beneficio del primero.
Auditoría y ¿liquidación?
El decreto firmado por el presidente Javier Milei le encargó al Ministerio de Economía una auditoría de todos los fondos que, con la asistencia de la Sindicatura General (SIGEN) o la contratación de consultores independientes, tendrá 60 días (más una prórroga de otros 60) para revisar y disponer.
Una vez hecho esto, el ministerio podrá hacer "las adecuaciones contractuales que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto", según dice el decreto.
El argumento de la medida es controlar el otorgamiento y la utilización de los fondos fiduciarios, que según el presidente son "cajas negras de la política".
Además, el Gobierno puntualizó en los considerandos sobre "la eficiencia y la eficacia en la utilización de los recursos públicos" e hizo mención a un informe de la SIGEN sobre los fondos fiduciarios.
Ese trabajo asegura “la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario”.
"Del mismo Informe –agrega- surge la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones."
Además, "se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas", añadió el decreto.
