Alfredo González Díaz, aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, municipio del estado de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo cuando viajaba en su vehículo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, en un comunicado, que se trató de un asesinato, por lo que inició una investigación por el delito de homicidio por arma de fuego contra el aspirante.
México celebra las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20.375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.
Una campaña manchada con sangre
En Guerrero al iniciar las campañas políticas federales solo el aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos, expresó que solicitaría seguridad personal ante la violencia que se registra en distintas regiones del estado.
El pasado 27 de febrero en el estado de Michoacán ocurrieron dos asesinatos de aspirantes a un cargo político que, junto con los registrados en enero, se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral que culmina con los comicios del 2 de junio.
Durante enero al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular fueron asesinados en México, según informes de la organización civil Data Cívica. El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 21 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’ en enero.
El pasado 29 de febrero representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) señalaron que la violencia político-electoral que rodea al actual proceso comicial en México, cuya etapa de campañas inició el 1 de marzo, es la principal preocupación de partidos, organizaciones políticas y autoridades electorales rumbo a los comicios.
El Gobierno de México, mediante las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional (GN), coordina los mecanismos de seguridad para proteger a candidatos a cargos públicos al igual que a funcionarios, instalaciones e incluso el material electoral para la elección.