Si hay un sector que debe ser planificado es el de la tecnología de la información y las comunicaciones. De manera reciente, las perspectivas de 128 especialistas del sector público, privado y la academia fueron volcadas en un informe de la Fundación Sadosky que detalla cuáles son los ejes a los que Argentina debería prestar atención en la próxima década. Inteligencia Artificial, ciberseguridad, ciencia de datos y bioinformática son algunos de los campos que fueron subrayados como espacios “prioritarios” en los que el gobierno actual y los siguientes, necesariamente, tendrán que posar la lupa. El trabajo llega en un momento en que, precisamente, las instituciones que se encargan de la producción de conocimiento autóctono son desfinanciadas y podrían cerrar sus puertas.
“La tecnología que las personas consultadas votaron como más relevante para Investigación y Desarrollo (I+D) es la Inteligencia Artificial. Aunque no se profundizó qué aspectos de la IA se consideran los más adecuados para ser abordados por las instituciones de investigación y las empresas, los especialistas refirieron a la mayoría de las tecnologías IA que se están usando y desarrollando en estos momentos a nivel global: aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional, agentes autónomos, sistemas de recomendación e IA neurosimbólica”, detalla Ricardo Medel, director del área de Vinculación Tecnológica de la Fundación Sadosky. Y continúa: “En futuros encuentros, abordaremos con mayor detalle cuáles de estos aspectos conviene priorizar en I+D, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología”.
A diferencia de lo que tradicionalmente hacen los investigadores --que comúnmente analizan tiempos pasados-- este trabajo responde a un enfoque prospectivo, es decir, mira hacia adelante y realiza proyecciones que visibilizan hacia dónde deberían apuntar los cañones de la política tecnológica en los años que siguen. El estudio, denominado “Informe de prospectiva de investigación y desarrollo (I+D) en el sector TIC 2023”, constituye una investigación actualizada que reúne la opinión de más de 120 expertos y expertas. Se propone como una hoja de ruta capaz de orientar el financiamiento de la ciencia y la tecnología hacia “temáticas de consenso prioritario”. Y, vinculado a ello, define los escenarios pujantes en los que la IA, la ciencia de datos, la ciberseguridad y la bioinformática podrían rendir sus frutos: producción agrícola, transición energética y digitalización del sector productivo.
El aporte constituye un insumo valioso porque sirve como guía para definir áreas estratégicas y orientar de una manera más ajustada hacia dónde tendrían que ir los fondos, financiamientos e inversiones público-privadas.
Se publica, sin embargo, en un contexto contradictorio; precisamente, cuando el gobierno decide desfinanciar la producción de conocimiento científico y tecnológico autóctono, cuando el Conicet y las universidades están en estado de alerta y movilización, cuando se desprestigia cualquier camino que vincule a la academia y a la soberanía nacional.
La estrella de época
La IA parece ser la protagonista de la época --con novedades cotidianas que sorprenden a propios y extraños-- y este informe lo releva con claridad. El aprendizaje automático no solo despierta sensaciones variopintas a través del popular Chat GPT, sino que también comienza a aplicarse y a transformar el sector industrial y productivo. En este sentido, será clave garantizar que, en los próximos años, Argentina pueda estar lista para monitorear y evaluar los impactos de los avances. Las regulaciones, normas y leyes, por el momento, parecen ir a un ritmo más lento que los desarrollos tecnológicos. La misma suerte corre el ámbito laboral que aún no sabe muy bien cómo deglutir las transformaciones que hacia 2030 sobrevendrán en ámbitos en plena expansión como el de la robótica.
“La temática de la legislación y regulación es central para los proyectos de investigación. Permiten observar, prever y analizar el impacto en los sectores sociales y productivos de la aplicación de las TIC, en particular de la IA”, sostiene Medel. Y completa: “Se considera prioritario regular su uso teniendo en cuenta el efecto en la sociedad, pero también hay que saber que no tener estas regulaciones podría, en breve, ser un obstáculo para nuestras exportaciones tecnológicas”.
Bajo esta premisa, según lo relevado en el informe, la ciberseguridad, la protección de datos personales y el derecho a la privacidad son ejes en los que debe concentrarse la atención de los decisores de política pública. Resulta crucial que los profesionales locales puedan comenzar a definir sus posiciones al respecto en la medida en que se trata de temáticas de relevancia internacional, en las que los propios Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman colocan el ojo y buena parte de sus cuantiosas inversiones.
Afortunadamente, hay grupos locales que ya pusieron manos a la obra: en marzo de 2023, más de cien especialistas de diversas disciplinas realizaron un llamamiento para “una inteligencia artificial latinoamericana al servicio de las personas”. Fue en el marco del Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2023, realizado en Montevideo.
Otro de los puntos que los expertos consultados manifestaron de manera recurrente es la “formación y retención de recursos humanos en I+D”. Constituye una preocupación fundamental en la medida en que para que el campo de las tecnologías de la información y la comunicación pueda crecer es necesario que los jóvenes investigadores no sean empujados a buscar posibilidades en el extranjero por falta de oportunidades en el ámbito local. No obstante, otra vez, las recomendaciones del informe van en contramano a lo que la realidad enseña: este gobierno, con sus políticas de vaciamiento de organismos fundamentales como el Conicet, empuja un nuevo éxodo de científicos.
Aportes complementarios
El documento de la Fundación Sadosky puede funcionar como un complemento del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030. La norma, que se convirtió en ley en 2023, tiene el objetivo de promover las agendas de investigación, desarrollo e innovación a tono con las políticas nacionales y busca dar respuesta a las demandas de conocimiento que emerjan a la lo largo y a lo ancho de la nación. Ubica a la biotecnología, la nanotecnología, la energía nuclear, la transición energética, la ciencia de datos y la industria del software como algunos de sus ejes fundamentales, y también aborda temas sociales como educación, seguridad, justicia y pobreza.
También se puede mencionar otra norma que va en el mismo sentido y fue sancionada en 2022: la Ley de Economía del Conocimiento. Iniciativa que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.
En definitiva, tanto las leyes como los informes como el que esta semana presentó la Fundación Sadosky son contribuciones de mucho valor que tienen el objetivo de que el conocimiento científico pueda ayudar a resolver necesidades de primer orden. En las sociedades del conocimiento, los Estados tienen un papel protagónico al fomentar políticas que dinamicen el sector de las tecnologías de la información y la comunicación.
Es cierto, el futuro se visibiliza oscuro, pero alguien se tiene que animar a pensarlo.