Desde Lima 

Cuando faltan menos de cuatro meses para el inicio del juicio por lavado de activos, organización criminal y otros cargos a Keiko Fujimori, el fujimorismo y sus aliados políticos y mediáticos han puesto en marcha una campaña de ataques contra los fiscales del caso y la prensa que ha investigado y revelado la corrupción política. Fuerza Popular, el partido que encabeza la hija del exdictador Fujimori, ha denunciado penalmente a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y al periodista Gustavo Gorriti, quien ha investigado en profundidad la corrupción y puesto en evidencia las culpas de Keiko y otros políticos. Buscan desacreditar los procesos anticorrupción para tumbárselos, y criminalizar y silenciar a la prensa que ha revelado la corrupción. 

Los medios aliados del fujimorismo -encabezados por el canal de televisión Willax, vocero de la ultraderecha y una fuente permanente de fake news- pretenden liquidar la verdad poniendo a los corruptos como víctimas y a quienes denuncian la corrupción como culpables.

La insólita acusación contra los fiscales Vela y Pérez y el periodista Gorriti se basa en las declaraciones ante una fiscalía de quien fue asesor principal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, aliada del fujimorismo y otros grupos políticos involucrados en hechos de corrupción, que fue separada del cargo en noviembre pasado acusada de compra de votos en el Congreso a cambio de archivar denuncias penales contra legisladores. 

El exasesor Jaime Villanueva, que fue el operador de la exfiscal en esa compra de votos, ha dicho que Gorriti y los fiscales trabajaron juntos para acusar a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, y que supuestamente el periodista dirigía la estrategia fiscal. Una acusación lanzada sin nada que la respalde, que pretende criminalizar el trabajo periodístico, convertir las investigaciones contra la corrupción en un complot, funcional a los intereses de quienes buscan impunidad. El acoso contra los fiscales y Gorriti, además de la campaña de desprestigio y la denuncia penal, incluye el hostigamiento de grupos violentistas.

El fiscal Vela es el coordinador de las fiscalías que llevan los casos contra importantes políticos, entre ellos Keiko, y Pérez tiene a su cargo la acusación contra la jefa del fujimorismo y debe sustentarla en el juicio oral que se inicia el 1 de julio. Con su jefa acorralada por el peso de las evidencias en su contra, el fujimorismo denuncia a los fiscales y exige que sean separados del proceso, lo que pondría en serio riesgo el juicio contra Keiko. Para ese objetivo el fujimorismo tenía como aliada a la exfiscal general Patricia Benavides. En noviembre pasado, antes de la caída de Benavides, a Vela lo suspendieron ocho meses. La excusa fue una declaración que dio hace unos años cuestionando una decisión judicial que liberó a Keiko cuando estaba con prisión preventiva. Ahora buscan sacarlo definitivamente del caso. A Pérez le han abierto procesos disciplinarios con el mismo objetivo. A eso se suma la reciente denuncia penal presentada por el fujimorismo. La salida de la fiscal Benavides ha debilitado pero no ha eliminado la influencia del fujimorismo en la fiscalía.

El fiscal Vela advierte que “se han recompuesto las fuerzas de la corrupción que en un momento estuvieron esquinadas por la justicia y ahora son capaces de conseguir mi suspensión temporal y buscar destruir toda la operación anticorrupción”. “Retirándome del caso -indica Vela- buscan romper la estructura de un equipo y la estrategia de la fiscalía. Hay una campaña de demolición en nuestra contra. Nos enfrentamos a gente que tiene mucho poder. Ya no solo buscan sacarnos de la fiscalía, buscan que vayamos presos. Esta escalada de ataques es un mensaje de la mafia: si te metes contra nosotros no solamente vas a perder el trabajo, sino vas a ir preso”.

Por su parte, Pérez señala que sacarlo del juicio cuando está por sustentar la acusación fiscal contra Keiko después de varios años de investigación y poner un nuevo fiscal que no ha seguido el caso, debilitaría la postura de la fiscalía al punto de que se podría llegar a un fallo absolutorio a pesar de las evidencias para una sentencia condenatoria. No descarta que en ese caso sea sustituido por un fiscal sin voluntad de lograr una condena.

“Si me retiran del caso estarían mandando un mensaje al fiscal o la fiscal que me sustituya, a los jueces, a los arrepentidos y a los testigos que tienen que declarar en el juicio, quienes van a intervenir en ese juicio con el temor de realizar actos que puedan afectar los intereses de quien tiene el poder de sacar a un fiscal que tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se nos estigmatiza, deslegitima, desprestigia, criminaliza, se desinforma, nos insultan, nos denuncian con aspectos calumniosos, para luego justificar alguna agresión, alguna medida arbitraria. Han violentado mi domicilio, me han agredido físicamente, señalan que nos van a meter a la cárcel, han amenazado matarme. Eso es parte de enfrentar intereses corruptos, intereses de poder. Es muy preocupante que a la prensa independiente que informa se le pretenda criminalizar, callarla”, señaló Pérez en una conferencia con la prensa extranjera.

Gorriti, un referente del periodismo de investigación, director del portal de investigación periodística IDL Reporteros, blanco principal de los ataques de los acusados por corrupción contra la prensa independiente, reveló documentos de Odebrecht que pusieron en evidencia que Keiko recibió en secreto más de un millón de dólares de la constructora brasileña. Esa revelación fue clave para la investigación fiscal a Keiko. Luego aparecieron pruebas de más de 15 millones de dólares entregados clandestinamente a la jefa del fujimorismo para sus campañas electorales de 2011 y 2016 por grandes empresarios, y testimonios de cómo esos millonarios montos fueron lavados. Por este caso, el fiscal Pérez ha pedido 30 años de cárcel para Keiko. Gorriti también ha revelado evidencias de corrupción de otros políticos, entre ellos el expresidente Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser arrestado. Los dirigentes del Partido Aprista de García han lanzado la delirante acusación contra Gorriti y el fiscal Pérez, que llevaba el caso contra el expresidente, de ser los culpables de la muerte de García por haber puesto al descubierto la corrupción de su gobierno.

“Lo que ha dicho Villanueva son mentiras. Hemos conversado (con los fiscales) con las limitaciones que hay entre el periodismo de investigación y la función fiscal. Ahora que está por comenzar el juicio (a Keiko) están tratando de bajarse el proceso desacreditando a fondo a diversos actores, con maniobras de mentiras y desinformación”, ha declarado Gorriti. Periodistas y personalidades de diversos países, incluyendo cuatro exrelatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas, entre ellos los argentinos Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, han respaldado a Gorriti y condenado la campaña de ataques en su contra.

En paralelo a esta ofensiva a favor de la impunidad, desde el Congreso el fujimorismo y sus aliados de derecha y ultraderecha, que son mayoría, maniobran para tomar el control total del sistema de justicia y de los organismos electorales.