Un grupo de organizaciones ambientalistas y colectivos sociales de Ecuador presentaron una carta al embajador de Canadá, Stephen Potter, con sus preocupaciones al llamamiento a la inversión minera que hizo el presidente del país, Daniel Noboa, en Toronto, en la convención minera Prospectores y Desarrollares de Canadá (PDAC), una de las citas más importantes del sector a nivel global.
La misiva está suscrita por más de 80 organizaciones y colectivos, entre los que destacan Acción Ecológica, Quito Sin Minería, el Pueblo Shuar Arutam (Psha), Amazon Watch, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
De acuerdo al texto, estas organizaciones manifiestan al embajador canadiense su preocupación por un incremento de la presencia de mineras de Canadá en territorio ecuatoriano, en especial ante el anuncio del inminente inicio de negociaciones entre los gobiernos de ambos países para concretar un acuerdo de libre comercio.
Este grupo de colectivos afirmó en su epístola que "las experiencias de comunidades campesinas e indígenas y pueblos ancestrales en cuyos territorios operan empresas canadienses resultan escandalosas por la violación de los derechos humanos, ambientales y colectivos".
Actualmente sólo hay una mina a gran escala en fase de explotación a cargo de una empresa canadiense, como es el caso de Lundin Gold con Fruta del Norte, el mayor yacimiento de oro de Ecuador, que se opera de forma subterránea en la sureña provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.
Sin embargo, son varios los proyectos mineros concedidos a empresas de capitales canadienses en fase de exploración o en trámites para iniciar la construcción de sus operaciones, entre ellos Curipamba-El Domo en la provincia andina de Bolívar, que está a cargo de la compañía Curimining.
También están en trámites el proyecto Loma Larga por parte de la empresa Dundee Precious Metals (DPM) en la sureña provincia andina de Azuay; y Warintza por parte de Solaris Resources en la amazónica provincia de Morona Santiago, entre otros.
La carta al embajador canadiense
Las organizaciones firmantes de la carta aseveraron que han podido constatar "irregularidades administrativas, amenazadas graves a las fuentes de agua, desconocimiento de consultas populares, violación del derecho a la consulta previa libre e informada y violación del derecho de acceso a la información".
También mencionan en la misiva como presuntas irregularidades la falta de licencias ambientales, los contratos laborales temporales y estrategias de división comunitaria y enfrentamiento interno como "la creación de asociaciones y juntas del campesinado con personas de fuera de las comunidades, a las que pagan para aparentar un apoyo comunitario y amedrentar se oponen a los proyectos mineros".
"A todo esto se suman amenazas de muerte como la ocurrida en 2020 contra la entonces presidente del Pueblo Shuar Arutam (Psha), Josefine Tunki, y múltiples casos de judicialización y criminalización contra personas defensores de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza", señalaron los colectivos.
Asimismo, recordaron los enfrentamientos acontecidos entre la Policía ecuatoriana y manifestantes antimineros durante la celebración de las consultas ambientales por el proyecto Curipamba-El Domo, que llevó al alto comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, a recordar que "las personas directamente afectadas por proyectos mineros o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas".
Contra los "territorios sacrificables"
Frente a la Embajada de Canadá en Quito, la coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrobo, aseguró que las entidades firmantes rechazan que Noboa pretenda vender a Ecuador en Canadá, algo que a su criterio "se está haciendo a la espalda de la gente y de las comunidades".
Por su parte, Cecilia Chérrez, del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, consideró que el plan de Noboa es "colocar a los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador en condición de sacrificables ante la expansión de la minería, por la propuesta de poner a Ecuador en el mundo como destino minero".
Mientras, el presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua de Tarqui, Lizardo Shawi, manifestó su temor a que el proyecto Loma Larga pueda afectar a las lagunas de Quimsacocha y dejar sin agua a comunidades indígenas enteras. "Desde el Gobierno de (Rafael) Correa hemos sido atacados y perseguidos hasta ahora. A Quito venimos a decirle a Noboa que tampoco vamos a aceptar", concluyó.
