La Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires a indemnizar con más de 400 millones de pesos más intereses a la viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación asesinado durante un intento de asalto con toma de rehenes ocurrido en 1999.

El episodio se conoció como “la Masacre de Ramallo” y la condena fue dispuesta como resarcimiento para una sobreviviente de la balacera con la que terminó el frustrado intento de robo, quien también perdió a su marido en el episodio.

La Corte, integrada con una conjueza, dispuso “hacer lugar a la demanda seguida por Flora Beatriz Lacave”, viuda del gerente de la sucursal bancaria, Carlos Chaves, y sus cuatro hijos: Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel. El resarcimiento, resolvió la Corte –con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá- trepará a 407.082.000 pesos, más intereses a computar desde el año 2005.

La Masacre de Ramallo consistió en el intento de robo a la sucursal de esa ciudad bonaerense del Banco de la Nación el 17 de septiembre de 1999. Tres asaltantes tomaron rehenes durante más de 20 horas y tras una larga negociación, dos de ellos salieron de la entidad crediticia.

Llevaban consigo tres rehenes, entre ellos al gerente de la sucursal bancaria --quien conducía el vehículo con un pan de trotyl atado a su cuello-- con la intención de escapar. Los policías bonaerenses apostados en las afueras del banco, sabiendo que había tres rehenes, dispararon más de 150 balas contra el vehículo. Así murieron un ladrón y dos rehenes; sobrevivieron un asaltante y la otra rehén, Flora Lacave, la esposa del gerente; el cuerpo de Carlos Cháves quedó acribillado en el vehículo.

Un asaltante que había quedado en el interior de la sucursal bancaria, Martín Saldaña, fue detenido, pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda víctima de un nunca explicado suicidio. Siete policías que participaron en aquel operativo fueron condenados a penas de entre 2 y 20 años de prisión, pero quedaba pendiente el juicio civil.

La Corte, que intervino inicialmente como competencia originaria en 2001 pero luego cabildeó sobre cuestiones de competencia, debió recurrir a una conjueza porque los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti postulaban un resarcimiento muy inferior, de 220 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires y dos de los policías responsables de los hechos deberán pagar el resarcimiento en un lapso de 30 días, según establece el fallo.