Múltiples organismos internacionales sobre derechos humanos e indigenistas, tanto universales como regionales, se han pronunciado sobre el encierro carcelario de dirigentes sociales jujeños, especialmente de la líder del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, representación auténtica y básica de los pueblos originarios colla y aymara, pueblos que, además y a semejanza del país limítrofe, Bolivia, representan una enorme proporción de los habitantes de la Provincia de Jujuy. Para ser sintético, esos organismos han considerado “arbitraria” la privación de libertad, desde el punto de vista estrictamente jurídico judicial, racista o clasista por sus víctimas y alimentada por razones políticas inconfesables pero nítidas.

El gobierno nacional, frente a la intimación de esos organismos consistente en la liberación sin rodeos e inmediata de los presos, la necesidad de una reparación del tiempo de privación de libertad y de una investigación sobre los responsables de tal atropello a derechos humanos reconocidos universalmente y, en el caso, por nuestro país, ha contestado con evasivas dignas de niños caprichosos de escuela primaria: se trataría de la autonomía de una provincia integrante de la federación y de la independencia judicial en asuntos de su incumbencia, razón por la cual sólo puede cumplir el papel de notificador de las decisiones de los organismos internacionales al estado provincial y a sus órganos judiciales.

¿Es esto correcto? NO, de manera alguna, escrito con mayúscula y destacado con letra negrita. En principio, creo que el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, del gobierno nacional, está de más, porque según su propia revelación y la del presidente de la Nación con quien colabora, el Estado federal no es el que representa al país, se obliga por él mediante tratados y asume por regla general la defensa de los derechos humanos. A lo sumo se trataría de un notificador ampuloso. La verdad es otra: frente a organismos multilaterales creados por convenciones o tratados, ratificados parlamentariamente por nuestro país y por su propia Constitución (CN, 75, inc. 22) responde directamente el Estado federal, representante internacional de las provincias federadas argentinas, y único Estado nacional reconocido universalmente con el que esos organismos se relacionan (CN, 75, inc. 22 y 99, inc. 11). De modo que se trata de una burda mentira la afirmación del gobierno nacional acerca de que ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables y con las especificidades propias de un Estado federal. Tanto esa mentira como la ingenuidad, en caso de falta de conocimiento de estas normas, autorizan el juicio político de secretarios de Estado y jefes de gobierno por mal cumplimiento e inidoneidad para cumplir sus funciones.

Frente a la falta de respuesta -interna- del gobierno de la provincia de Jujuy es necesario preguntarse ¿qué debe hacer el gobierno nacional? La contestación es clara en nuestra CN, arts. 5 y 6. El gobierno federal garantiza el goce y ejercicio de las instituciones autónomas de cada provincia sólo en tanto y en cuanto cada provincia -entre otras cosas- asegure la administración de justicia. Y como Jujuy, su gobierno, no ha dado cumplimiento a las decisiones de organismos internacionales con los que, a través de nuestras instituciones federales, estamos vinculados y obligados, no queda otro remedio que una intervención federal, incluso parcial, si se quiere, centrada en el objetivo de cumplir la decisiones de los organismos internacionales. En receso del Congreso de la Nación esa intervención federal la decreta el Presidente y convoca inmediatamente al Congreso para tratar el tema (CN, 99, inc. 20). Comprendo lo difícil de la situación, pero no es cierto que falten en nuestra Constitución los mecanismos para solucionar el problema, de por sí gravísimo, que ha provocado la provincia de Jujuy y su gobierno, cualquiera que sea la posición individual sobre la decisión de encarcelar estudiada aquí. Nuestra relación pacífica con los demás países del mundo lo exige.

* Profesor titular emérito DP y DPP, U.B.A.