Un grupo de manifestantes irrumpió este miércoles por la fuerza en el palacio presidencial de México para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía una rueda de prensa. Los manifestantes, que acusan a López Obrador de no resolver el caso para proteger a militares involucrados, tomaron una camioneta que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad para derribar la puerta 1 sobre la calle Moneda del centro histórico de Ciudad de México.
"Un plan de provocación"
Encapuchados, los manifestantes ingresaron hasta el mostrador donde se registran los visitantes, según imágenes difundidas por varios medios de comunicación. Allí fueron reprimidos con gases lacrimógenos por militares equipados con escudos y a cargo de la seguridad del Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México.
El fugaz asalto ocurrió mientras López Obrador ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina y, paradójicamente, hablaba del caso Ayotzinapa. "Es un plan de provocación clarísimo", dijo al ser informado por una periodista de lo que ocurría en el exterior. Los manifestantes también rompieron cinco ventanas a piedrazos y dejaron varias pintadas, en una de las cuales se leía "solo queremos un diálogo".
Entre los manifestantes había estudiantes, activistas de derechos humanos y familiares de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero. Este caso desató una ola de indignación mundial y es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México.
López Obrador aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres de los estudiantes, pero reiteró su denuncia de que abogados y asesores de los familiares lo impiden porque están usando la tragedia con fines políticos y para lucrar, y entorpecen las investigaciones. El presidente delegó a un subsecretario de Interior para recibir a las familias y sus representantes, que explicaron a la prensa que los manifestantes recurrieron a la fuerza al no ser recibidos más temprano en ese despacho.
"No somos represores"
Desde hace varios días, alumnos de la escuela de formación de profesores de Ayotizanapa venían realizando actos de protesta en Guerrero y Ciudad de México, donde instalaron un campamento frente al palacio de gobierno, al que atacaron con piedras y palos este miércoles. Allí vive el presidente.
"Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay problema", afirmó sereno el mandatario poco antes de concluir su conferencia a la hora habitual. López Obrador multiplicó sus denuncias sobre provocaciones al gobierno a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que su candidata, Claudia Sheinbaum, es favorita.
Pese a las manifestaciones, el gobernante mexicano indicó que ayer no los recibiría, al argumentar que dentro de "unos 15 o 20 días más" recibirá a las familias de los 43 estudiantes para "hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación". El mandatario dijo a los padres que "están siendo manipulados" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y "grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros".
El abogado de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió que "si la postura de López Obrador sigue así, van a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento" durante los próximos meses, mientras transcurren las campañas de las elecciones presidenciales del 2 de junio.
"Nosotros estamos trabajando para hacer más extensiva y más masiva la protesta si en los próximos meses no hay un diálogo", declaró Rosales a los medios luego de los incidentes. En las últimas semanas los manifestantes secuestraron camiones, vandalizaron instalaciones del gobierno y realizaron un "plantón" en el Zócalo para exigir una audiencia con López Obrador.
Caso sin resolver
Los estudiantes de la normal rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora solo fueron identificados los restos de tres de ellos. La pesquisa del gobierno anterior (2012-2018), conocida como "verdad histórica", apuntaba a que fueron detenidos por policías de Iguala en complicidad con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con miembros de una banda enemiga.
Luego de asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona, según esa versión que fue rechazada por las familias y un grupo de expertos de la CIDH que investigó el caso. Luego de asumir el poder en 2018, López Obrador dio un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad (COVAJ), que realizó una nueva pesquisa.
En ese marco la Fiscalía ordenó la detención de 132 personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, uno de los responsables de la "verdad histórica". La COVAJ aseguró en octubre pasado que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los jóvenes, y reiteró que fue un "crimen de Estado".
