Los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continúan en estado de alerta y movilización luego de que el pasado jueves fueran removidas de sus puestos unas 165 personas en todo el país sin justificación. Actualmente, se enfrentan a una baja salarial por la eliminación de todos los tipos de variables como las horas extra, las horas cátedra y las unidades retributivas, de la que fueron notificados vía mail este miércoles, y que "no solo redunda en la merma del sevicio, sino que altera el normal funcionamiento de la agencia".
Así lo explica a Página/12 Ramiro Unamuno, secretario adjunto de UPCN-ANDIS, que además resalta que "el presupuesto de la agencia se destina principalmente al pago de pensiones y de prestaciones de Incluir Salud, mientras que lo que se destina a sueldos es menos del 1 por ciento".
En este sentido, advierte que "el anuncio no afecta a los funcionarios ni a los profesionales sino que impacta sobre las categorías más bajas: a los administrativos, al personal de maestranza y de mantenimiento". A pesar del insistente reclamo, que hoy dio lugar a tres asambleas en las tres sedes de la agencia, el director nacional Diego Spagnuolo sigue sin recibir a los trabajadores.
El correo electrónico que llegó esta mañana a los empleados de Andis para advertir la eliminación de las variables cierra: "Ante el contexto social y económico que atraviesa nuestro país, y con la convicción de que de esta forma la Argentina saldrá adelante, seguiremos trabajando en la optimización de recursos que se traduzcan en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias".
Sin embargo, las consecuencias de estas medidas perjudican de lleno a las personas con discapacidad que son usuarios de los servicios que presta la agencia, como las instalaciones para hacer deportes, talleres de disciplinas artísticas y el espacio de rehabilitación social. La baja salarial, los despidos y el ajuste orbitado desde el gobierno nacional repercuten directamente, no solo en los empleados, sino también en la calidad de vida de los usuarios con discapacidad.
"Da la impresión de que ante todos los organismos que nos ocupamos de minorías o de grupos con extrema vulnerabilidad, esta gente no tiene sensibilidad alguna y no tiene ningún problema en desguazarlo. Lo que tememos es que esto se extienda a toda la política de discapacidad", resaltaba Unamuno el pasado jueves en la movilización por los 165 despidos.
El ajuste del gobierno nacional tiene un efecto en cadena que también impacta sobre el sector. Miles de familias están preocupadas porque sus hijos con discapacidad no pueden comenzar las clases por la falta de transportistas, que se encuentran en una situación crítica por los aumentos en el combustible, que no se vio reflejado en el valor del kilómetro recorrido.
El transporte para personas con discapacidad está determinado por el Nomenclador de Aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que depende del Ministerio de Salud. Este establece cuánto se cobra por kilómetro recorrido. A partir de esos valores, las empresas de transporte elaboran un presupuesto a las familias que es presentado a las obras sociales para que lo aprueben y se hagan cargo de los costos.
La cuestión es que el valor del kilómetro no se actualizó en relación a los aumentos que tuvieron los combustibles en la gestión actual. En diciembre del 2023, el valor del kilómetro estaba en $272,09 mientras que el valor del litro de diesel $328, una diferencia del 32%. Ahora bien, en febrero la situación empeoró: el valor del kilómetro estaba en $359,15, mientras que el valor del litro de diesel alcanzaba un total de $1069, marcando una diferencia del 226%.
Informe: Carla Spinelli
