Para la administración bonaerense, el viejo refrán de que “el último apague la luz” no tiene vigencia. No hay intenciones de que haya un último y que tampoco se apague la luz. Por eso, Axel Kicillof firmó un convenio con las cooperativas eléctricas en el que compromete su apoyo en la búsqueda de alcanzar un diálogo con Cammesa, la empresa encargada de fijar los precios mayoristas de la energía eléctrica. Presidida por el Gobierno nacional, comenzó una serie de embargos a las cooperativas de la provincia por deudas con la firma que no planteó ninguna instancia de negociación para los pagos.

“Resulta ser que la emergencia energética para la Nación es una emergencia fiscal, no tarifaria o de inversión en infraestructura”, sostuvo Gastón Ghioni a Buenos Aires/12. Al frente de la Subsecretaría de Energía bonaerense, Ghioni aseguró que “nunca se vivió” una situación de estas características, donde el diálogo con la empresa es nulo, lo que puede generar el cese del servicio en distintas localidades de la provincia.

“Las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable”, fue la definición de Kicillof ante los cámaras y federaciones que aglutinan al sector. 

En le marco de la firma del convenio donde la provincia se comprometió a interceder ante la Secretaría de Energía de la Nación para evitar que se ponga en riesgo la provisión del servicio, el gobernador expresó que asumió "la responsabilidad de defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial”.

Ángel Echarren, vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Limitada (Fedecoba) y uno de los asistentes al encuentro con Kicillof en la Gobernación, aseguró “si no podés pagar los salarios y no podés pagarle a los proveedores, hay peligro de que algunas cooperativas no puedan brindar el servicio”.

El dirigente coincide con Ghioni en la necesidad de una apertura al diálogo, comprender que debe haber una gradualidad en los pasos a seguir y que, además, lo que hoy existe es una “actitud discriminatoria” por parte del Gobierno libertario hacia el cooperativismo, proveedor mayoritario del servicio eléctrico en el interior bonaerense a través de 199 entidades. 

Según informó la Provincia, la deuda del total del país con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, o Cammesa, asciende a 490.925 millones a febrero 2024. Entre Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que brindan luz al conurbano bonaerense y que están bajo jurisdicción nacional, aglutinan el 41 por ciento de esta deuda.

“Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido embargar a pequeñas cooperativas de la provincia, las cuales representan el 12 por ciento de la deuda total, mientras que no se realiza medida alguna contra las distribuidoras federales, mostrando una clara discriminación hacia los usuarios y usuarios bonaerenses”, indicaron.

En este marco, la Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó una demanda para que Cammesa y cooperativas eléctricas bonaerenses garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio eléctrico. También solicitó que Cammesa se abstenga de reclamar el pago judicial de la energía suministrada a las cooperativas demandadas, manteniendo el normal y regular despacho de energía.

Las cooperativas afectadas por los embargos son las ubicadas en las localidades de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.

El peligro del libre mercado

Echarren integra la cooperativa que brinda electricidad en Castelli. Son 4.600 usuarios. Si bien en su caso no registra una deuda comprometedora, entiende que lo que está haciendo Cammesa atenta contra el futuro del cooperativismo.

Cammesa es la firma que se ocupa de la comercialización de la energía. Del “despacho”, como se dice en el sector. Y tiene un directorio con presencia del Estado, por lo cual es un actor determinante en la regulación del precio de la energía siendo el intermediario entre los generadores y los distribuidores de electricidad.

“En diciembre hubo un quiebre porque no sabemos cómo pagar, no tenemos con quien coordinar los pagos”, sostuvo Echarren. Lo que se abrió entonces fue un escenario de imposición de condiciones, sin acuerdo, que reclamó la totalidad de las deudas.

La situación se vuelve aún más incierta ante los trascendidos de un posible intento de la gestión de Javier Milei de eliminar Cammesa. Consultado al respecto, Ghioni confirmó que se hizo eco de los rumores que se publicaron en algunos medios sobre despidos en la empresa y falta de nombramientos por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, hoy a cargo de Eduardo Chirillo, que también ocupa su rol como presidente de Cammesa.

“En el Gobierno nacional, en este momento, están los mismos que hicieron el mismo esquema privatizador de los años noventa”, remarca el subsecrteario de Energía, que desde su perspectiva, entiende que el objetivo es ir hacia un libre mercado, expresado en una desregulación extrema, llevando los precios de la energía, como mínimo, a una paridad con los de exportación. “Si se sigue con este rubro, pagará quien pueda pagar”, advirtió.

Según sus estimaciones, un hogar que pertenece al segmente N2, que involucra a los de menores ingresos, vería como su factura se “quintuplicaría” si tiene que pagar el costo real de la energía.

Un atentado contra la sustentabilidad

“Matar una cooperativa atenta contra la sustentabilidad de los pueblos”, dice Echarren para dar cuenta de su preocupación por las quiebras en las cooperativas que, en algunos casos, son la principal empresa de una comunidad. “Que se corte la cadena de pagos implica que en algunos pueblos haya sectores que le brinda servicios a la cooperativa puedan caer”, repite.

Su entidad representa cooperativas que van de los 30 a los 100 empleados. Más allá de su tamaño, apunta que ninguna podría hacer frente a una desregulación total del mercado y tener que ir a sentarse a negociar con los grandes generadores de energía sin la intermediación de Cammesa y el rol estatal en la conformación de un cuadro tarifario y precios de la energía.

Por eso celebra la convocatoria de Kicillof. “Es muy bueno porque el Estado provincial tiene peso para plantearle a las autoridades nacionales que eviten el trato discriminatorio ante cooperativas que en algunos casos tiene cien años”, cuenta.

“Nosotros invertimos cada centavo en nuestras cooperativas y esto lleva a no poder invertir y limita nuestros servicios”, señala.

Bajo esta premisa, Ghioni explica que no recuerda otra situación en la que Cammesa "salga a ejecutar de manera masiva o colectiva como está haciendo en la provincia de Buenos Aires”. “Por eso hicimos la convocatoria, porque la provincia se solidariza y lo entiende como una discriminación hacia sector cooperativo bonaerense”, subraya.

“Nosotros como provincia, al igual que la Nación, planteamos una emergencia energética, pero enmarcada en la necesidad de trabajar en un cuadro tarifario, en inversiones en infraestructura, pero es evidente que para la Nación no se trababa de una emergencia energética, sino que es fiscal”, resume Ghioni.

El funcionario de Kicillof explica que actualmente se ingresó a “una etapa de transición”, producto de conversaciones para definir “cuál va a ser el sendero de recomposición tarifaria”. Recuerda que, al asumir, las tarifas estaban congeladas desde 2018, algo que continuó a raíz de la pandemia, y que recién en 2021 empezaron a haber adecuaciones en el precio mayorista que fueron contenidas con subsidios provinciales.

En el marco de la pandemia y la crisis posterior, explicaron desde la Provincia, las tarifas se mantuvieron muy por debajo del aumento de costos. "Por este motivo, hasta el momento el sector se sostuvo en funcionamiento gracias al pago parcial de las facturas a Cammesa lo cual les permitió solventar gran parte de sus costos", agregaron.

Las distribuidoras provinciales y cooperativas para poder sostener la prestación tuvieron el acompañamiento del estado provincial y de la gestión nacional del Frente de Todos, que otorgó créditos, planes de pago y facilidades para afrontar la situación de deuda creciente en el pago de la energía. 

"Nos queremos sentar con el Gobierno nacional porque tenemos un acuerdo firmado para que la salida sea de modo escalonado”, indica Ghioni.