En un intento de ponerle paños fríos al conflicto con los gobernadores por el recorte del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el Gobierno nacional prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que permite el envío a las provincias de nuevos recursos coparticipables para destinarlos a ese sector.

La medida no es el envío de fondos propiamente dicho sino una señal de que el Gobierno estaría dispuesto a enviarlos. O sea, una muestra de que cedió momentáneamente en su política de aprietes y extorsión a las provincias.

El objetivo es claro: mejorar la estrategia de seducción con que la administración de Javier Milei pretende atraer a los gobernadores más críticos hacia su mentado Pacto de Mayo.

Fondos para educación

La decisión fue dispuesta en el Decreto 231/2024 publicado en el Boletín Oficial, que dispone "la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075” que refiere a las asignaciones coparticipables que las provincias reciben de parte de Nación para “garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional”.

O sea que crea las condiciones para el incremento de recursos coparticipables tal como lo determina la Ley de Financiamiento Educativo.

La renovación en la vigencia de la normativa se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y de concretarse significaría un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de ajuste generalizado.

La medida se da en el marco del conflictivo con las provincias que derivaron en el retraso del inicio del ciclo lectivo, producto de la eliminación del Fonid, el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.

"Resulta necesario y urgente"

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, "resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional".

De acuerdo a lo que establece dicha ley, "el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60 por ciento del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto".

El decreto, además, brinda fundamentos que parecieran ir a contramano del discurso bélico del presidente de la Nación. Por ejemplo, reconoce que las asignaciones de recursos coparticipables estarían destinados “al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa". Algo que el jefe de Estado viene negando sistemáticamente.

También reconoce que si no se prorrogaba ese artículo (el 7º) de la ley que garantiza los fondos para el sistema educativo se afectaría “en forma directa la situación económica de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”. Algo que Milei buscó deliberadamente con su política de apriete y extorsión a los gobernadores.

Por último, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que "la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada".