"Me dispararon a matar y mataron a Javier", denunció Eduardo Velasco, quien se recupera de una herida de bala provocada por soldados. El incidente ocurrió en un control militar en Ecuador, donde se multiplican las denuncias de abusos de la fuerza pública en el marco del "conflicto armado interno" decretado por el presidente Daniel Noboa.
Velasco, que tiene 34 años, iba junto a su primo Javier Vega, de 19, hacia Guayaquil para vender una mascota en la ciudad portuaria, considerada una de las más violentas del país.
Según el expediente judicial, Velasco avanzó pese a la restricción de circular y la llanta de su auto pasó sobre el pie de un militar. Él sostiene que, al retroceder, chocó a un patrullero.
En "ese momento escucho una detonación, mi primo me manotea (...) veo que le cambia el color, ya él se puso pálido", contó a la agencia de noticias AFP mientras continúa bajo arresto domiciliario por supuesto delito de ataque y resistencia. "Veo que lo bajaron (a Javier), lo golpearon y le pisaban la cabeza", dijo.
Incapaz de seguir conduciendo por el balazo en su hombro, Velasco también terminó en el suelo pisoteado por uniformados, según su relato. Javier Vega falleció un día después por cuatro tiros que le destrozaron los pulmones, el estómago y la columna.
El Comité de Derechos Humanos (CDH) acompaña a la familia en este caso, uno de los muchos que denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados en medio del estado de excepción que rige en Ecuador desde enero.
Según organizaciones de derechos humanos, las denuncias de abusos militares se multiplican desde que el presidente Noboa declaró al país en "conflicto armado interno" y movilizó a sus tropas en calles y prisiones para combatir a una veintena de organizaciones calificadas de "terroristas".
En videos que circulan en las redes sociales se pueden ver abusos como golpizas y humillaciones por parte de los militares. Dentro de las cárceles se registraron estallidos de bombas de gas lacrimógeno muy cerca del rostro de presos semidesnudos y sometidos.
El abogado Fernando Bastias, coordinador del CDH, explica que "el uso desproporcionado de la fuerza fuera de las prisiones es muy complejo de monitorear porque está pasando en casi todos lados y la gente cree que es normal porque hay un estado de excepción". "Hemos visto gente golpeada, humillada por irrespetar el toque de queda", indica.
Durante una audiencia apoyada por el CDH para que 18 reclusos accedan a atención médica, algunos relataron que fueron torturados con descargas eléctricas. "Me hicieron abrir las piernas y me dan (un golpe) en los testículos, me dan con el cable en la espalda", dijo un preso.
Un juez dictaminó que hubo vulneraciones a derechos y ordenó resarcirlas.
El fallo sobre vulneraciones contra 18 presos es un ejemplo sobre la necesidad de "detener" la "brutalidad con la que las Fuerzas Armadas estaban ejerciendo los maltratos dentro de prisión", opinó Bastias.
