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María Campos tuvo cinco hijas. Pero no las pudo ver crecer. El 28 de febrero de 2018, cuando tenía apenas 37 años, murió como consecuencia de un aborto clandestino en el Hospital Regional de Santiago del Estero. Vivía en una localidad rural, al norte de la provincia y llegó a la guardia luego de una travesía de casi 300 kilómetros en ambulancia. Tenía una infección generalizada. Ante la desesperación de un nuevo embarazo, había recurrido a una curandera que la intentó ayudar con un método precario e inseguro para abortar. Los médicos que la atendieron no pudieron salvarle la vida. Su hija más pequeña estaba por cumplir 3 años.
Escribí sobre María y su injusta muerte a los pocos días de su fallecimiento, apenas me enteré. Sobre ella hablé cuando me tocó fundamentar la necesidad de tener una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la segunda jornada de las audiencias públicas que se abrieron en la Cámara de Diputados en junio de 2018 en el marco del debate del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. A María la conocí por el relato de familiares suyos y por una selfie. En esa foto se la veía rodeada de sus hijas: la mayor, de 15 años, extendía el brazo con su celular para capturar ese instante con su madre y sus hermanitas.
Si el aborto voluntario hubiera sido legal ya en aquel entonces, es probable que María podría estar hoy con vida y se hubiera sacado muchas más fotos con sus hijas. Duele pensar en esa muerte evitable. Tal vez hubiera votado a Milei en las últimas elecciones. Pero eso qué importa.
Durante mucho tiempo conté en este diario las muertas por abortos inseguros, practicados en la clandestinidad, y traté de reconstruir las historias de esas mujeres, como María, para que no fueran solo un número en estadística del Ministerio de Salud. Para ponerle rostro y humanizar esas cifras de muertes prevenibles con el acceso a abortos seguros.
La mayoría de esas mujeres muertas por abortos inseguros solía ser pobre, jóvenes que tenían otros hijos y no querían tener más, que en la desesperación de una gestación que no habían planificado --como María Ocampo-- buscaban alternativas en la clandestinidad porque no tenían el dinero suficiente para pagar un aborto seguro, clandestino, pero seguro, como sí podían –y siempre lo hicieron– mujeres de sectores medios y acomodados económicamente.
Este miércoles, en el Instituto Cardenal Copello, el colegio al que concurrió en su infancia, el presidente Javier Milei volvió a aludir al aborto como un asesinato y fue más allá, lo consideró un “asesinato agravado por el vínculo”. Ninguna legislación en el mundo tipifica la interrupción voluntaria del embarazo en esos términos, aunque en algunos países como en El Salvador se persigue judicialmente y de forma arbitraria a mujeres que enfrentan pérdidas de embarazos avanzados como homicidio agravado por el vínculo --como acá se hizo con Belén, en Tucumán, presa tras sufrir un aborto espontáneo y que finalmente fue absuelta por la corte provincial--. En El Salvador han llegado a aplicarles condenas de 30 a 50 años de cárcel, casos que han sido denunciados por organizaciones feministas como la Agrupación Ciudadana, liderada por Morena Herrera, que se ha ocupado de acompañar a esas mujeres presas injustamente, y conseguir en los últimos años que sus sentencias fueran revisadas y que todas pudieran recuperar su libertad. Algunas de estas historias de El Salvador las conté y mostré en mi documental Cuerpos Juzgados, estrenado en 2022.
La Ley de IVE, sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 en Argentina --que Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han manifestado que quieren derogar-- salva vidas. Desde su aprobación y hasta octubre de 2023, salvó la vida de al menos 245.015 mujeres que pudieron hacerse abortos seguros y legales en instituciones públicas, según el último informe del proyecto mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis ReproductiveHealth, que monitorea la implementación de la ley 27.610 en el país. Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13.
Mientras distintas voces del Gobierno atacan la Ley de IVE, en Francia un acuerdo político transversal y bien amplio blindó el derecho al aborto al inscribir en el artículo 34 de la Constitución la "libertad garantizada" de las mujeres "para interrumpir voluntariamente el embarazo".
¿Las francesas cometen asesinatos agravados por el vínculo cada vez que toman la decisión de interrumpir una gestación que no quieren continuar? No, definitivamente no. Son mujeres que deciden en libertad sobre sus cuerpos. Como cada vez que alguna mujer en algún lugar del mundo toma la misma decisión. Muchas, como en Argentina y en Francia, lo pueden hacer bajo el amparo de leyes que garantizan el acceso a una IVE de forma gratuita y segura. La defensa de la Ley de IVE --porque significa defender nuestra libertad-- es uno de los tantos motivos que este viernes tengo para salir a las calles y sumarme a la concentración frente a la Plaza del Congreso, en el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
No podemos dejar de ir
No es un 8 de marzo más. Hay un Gobierno abiertamente antifeminista, que nos quiere calladas y sumisas, que nos pega con un ajuste intolerable, que profundiza los niveles de pobreza, que no manda alimentos a los comedores comunitarios --donde las trabajadoras comunitarias hacen malabares para una vianda y conocen la cara del hambre cada día--, que promueve discursos de odio, que se burla de las personas con discapacidad, que recorta jubilaciones y genera con su plan económico despidos en distintos sectores. No es un 8M más. Es la oportunidad de volver a abrazarnos, de contagiarnos de energía, de gritar esa bronca contenida.
Salimos también frente a un Gobierno que enarbola la libertad como bandera y prohíbe el lenguaje inclusivo en la administración pública pero también anuncia que eliminará la perspectiva de género en las políticas públicas --esa herramienta fundamental, casi una lupa que nos permite visibilizar la desigualdad entre varones y mujeres para dar respuestas que permitan desarmarla. Y hasta prohíbe que se publiquen mensajes alusivos al 8M desde cuentas del Gobierno.
Desde el 1° de enero al 29 de febrero se registraron 58 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, según datos de La Casa del Encuentro. Todavía el Gobierno no explicó cuál será el presupuesto de la Subsecretaría del Ministerio de Capital Humano que se debe ocupar de las políticas contra la violencia de género. Su titular no da entrevistas.
La violencia por motivos de género es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad. Una de cada dos mujeres sufrieron violencia doméstica en algún momento de sus vidas.
Entre 2021 y 2023, 440 mil mujeres con aportes insuficientes por sobrecarga de cuidados lograron jubilarse, según datos del Anses. Pero ese derecho también está en riesgo.
Las mujeres somos las más pobres, las más precarizadas, las que nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado, que es trabajo, pero no remunerado. Son todas expresiones de la desigualdad de género --que el presidente Milei se empecina en negar--. Esa desigualdad es una realidad que afecta a las mujeres y diversidades en todos los aspectos de sus vidas. Si el Estado deja afuera las políticas de género, la violencia y la desigualdad crecen. Por todo esto --y seguro hay más motivos-- este viernes 8 de marzo hay que salir a las calles con el pañuelo verde. ¿De quién es la agenda sangrienta?
