La Asamblea Legislativa dispuso ayer la suspensión temporal del fiscal penal de Rosario Matías Edery, quien de esta manera quedó expuesto a enfrentar nomás en proceso de remoción la imputación que impulsaran dos colegas por "omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato".

Edery, uno de los fiscales más activos en la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Rosario, estará inactivo mientras dure el proceso en el que tendrá que defenderse, pasa a cobrar la mitad del sueldo y tiene prohibido ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación, tal como estableció el dictamen elaborado por la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa y aprobado ayer en sesión conjunta entre diputados y senadores.

Solo el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, se abstuvo de votar debido a que él le entabló acciones legales a Edery y a su par Luis Shiappa Pietra, en el marco de la investigación sobre juego clandestino y connivencia del poder político y judicial.

Ambas cámaras se reunieron en una breve sesión presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia para tratar el decreto n° 14 del 22 de febrero, que habilitó el trámite contra Edery. La socialista Lionella Cattalini tomó la palabra como titular de la comisión de Acuerdos y formalizó el pedido de suspensión preventiva contra el fiscal.

El dictamen aprobado valora que "sin emitir juicio ni prejuzgar sobre la naturaleza de los hechos investigados, los mismos podrían configurar supuestos de mal desempeño funcional e institucional, y posible comisión de delito doloso". 

Antes de esto, la fiscal general de la Provincia, María Cecilia Vranicich, ya había derivado a otras fiscalías todas las investigaciones que Edery llevaba adelante.

Ahora se pone en marcha la imputación formulada por las fiscales de Santa Fe María Laura Urquiza y Bárbara Ilera contra Edery, a partir de una denuncia inesperada por parte de los colegas del fiscal, Miguel Moreno y Pablo Socca, durante el desarrollo de un juicio oral. 

En un juicio oral contra una banda vinculada a Los Monos y que ejercía extorsiones sobre un comerciante, Moreno y Socca ventilaron audios que expusieron el vínculo estrecho que mantendría Edery con una de las imputadas de esa organización delictiva, Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro del clan comandado por Ariel "Guille" Cantero.

Ella y su hermano Rodrigo han sido testigos protegidos de valía para la investigación que Edery encaró y que terminó en condena a prisión perpetua para Esteban Alvarado, por el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado.

De acuerdo a la reconstrucción de estos fiscales, Edery tuvo diálogos constantes con Ortigala entre julio de 2019 y setiembre de 2023, lapso en el que omitió su deber de encarar persecución penal contra personas por delitos que llegaban a su conocimiento.

Mariana Ortigala fungía como informante de Edery y, según sus acusadores, éste compensaba eso evitando accionar legalmente ante las evidencias de delito que descubría en su relación con esa mujer, ahora detenida como parte de esa organización extorsiva. Al parecer, ella tenía un teléfono celular exclusivamente para comunicarse con Edery.

El grupo imputado por esas extorsiones, además de Ortigala, son Ariel “Guille” Cantero, Lorena Mireya Córdoba, Vladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana “Diabla” Leguizamón y Gonzalo Sarmiento. Cayeron tras la denuncia del dueño de las agencias de loterías "El Califa". El comerciante acabó por acudir a la Justicia para revelar que era objeto de un chantaje, que le exigían el pago de 1,5 millón de dólares, y que como se había negado a pagar, habían atentado un par de veces contra sus locales, uno en Pichincha, otro en Echesortu.

La ofensiva contra el fiscal agrega que "alteró rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de dichas personas; y asesoró a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal".

Edery intentará en el proceso que empieza demostrar que lo acusan en falso. Él había informado a la Fiscalía Regional que Ortigala era su informante, pero sostiene que no retribuía esa información a cambio de impunidad.