La primera sesión del año del Senado de Salta estuvo atravesada por las complicaciones derivadas de las políticas de ajuste que aplica el gobierno nacional de La Libertad Avanza.
Por un lado, se aprobó una declaración de repudio del cierre de los Centros de Referencia (CDR), la agencia Télam y el Inadi, y los despidos de trabajadores estatales, y se aprobó también un pedido a las y los legisladores nacionales por Salta para que gestionen la terminación de las obras públicas que eran financiadas por la Nación hasta la llegada del gobierno de Javier Milei.
Sobre el cierre de organismos estatales, se unificaron dos proyectos, de los senadores Manuel Pailler, Walter Wayar, Dani Nolasco, Miguel Calabró y Enrique Cornejo, la senadora Leonor Minetti, y el diputado Edgard Domínguez, que expresan su "más enérgico repudio" al cierre de los CDR de todo el país, y particularmente la delegación en la provincia, decidido por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.
En el proyecto se destacó que estos CDR "han cumplido una función determinante a lo largo y ancho de la Argentina y de esta provincia durante muchos años, acercando a las comunidades a las políticas públicas nacionales" y que han actuado como "la principal herramienta de articulación de importantes programas sociales, contribuyendo al desarrollo de localidades, comunidades y población rural dispersas", igual que "han sido claves en el despliegue de respuestas en contextos de emergencias climáticas" en el interior de la provincia.
Tras este repaso por la función que cumplen los CDR la iniciativa afirma que es "incomprensible" que se los cierre, y que esta medida "solo puede explicarse como parte de las políticas de ajuste contra los sectores más vulnerables y empobrecidos de la Provincia y de la Nación".
Asimismo, en el mismo proyecto se aprobó el "mas enérgico repudio y preocupación" por los anuncios del gobierno nacional sobre el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo, la agencia de noticias Télam y otras reparticiones nacionales.
El tratamiento de estas declaraciones necesitó de negociaciones. Se acordó que solo dos senadores hablarían, Manuel Pailler (representante del departamento San Martín) y Walter Wayar (de Cachi).
Pailler recordó que los CDR son espacios de articulación de políticas públicas nacionales en las provincias. “Son el ex Ministerio (de Desarrollo Social) en los territorios”. En el país funcionan 56 CDR (que cerrarían en abril) que articulan políticas con gobiernos provinciales y municipales y con movimientos sociales. En Salta corre riesgo la fuente laboral de unos 50 trabajadores, destacó.
Diálogo, con el puñal en la yugular
Wayar tuvo un discurso más político y aprovechó el momento para asegurar que no es posible el diálogo bajo presión, en referencia a la reunión de hoy con los gobernadores y el denominado Pacto de Mayo convocados por la gestión de Milei. Afirmó que “el gobierno nacional, en base a mentiras”, amenazas y prepotencia “confunde a muchos ciudadanos”.
Dijo que debe discutirse la coparticipación, como manda la Constitución Nacional, pero mientras tanto, “la realidad es que nos tenemos que seguir rigiendo por una coparticipación anacrónica”, en la que el reparto que se aplica hoy es el mismo que se hacía cuando educación y salud dependían de la Nación, por ejemplo.
“El Presidente dice no hay más ATN para nadie. Miente. Porque para los carnavales de Corrientes le envió mil millones de pesos”. “Quién es para estar por encima de la Constitución”, cuestionó Wayar. También le reprochó que "dice estar en contra de la política" pero "lo peor de la política está en su gabinete”.
Sobre la convocatoria al diálogo que hizo el gobierno nacional, dijo que debe ser democrática. En cambio, “te convocan al diálogo y te ponen un puñal en la yugular”. “Si eso no es amedrentar, amenazar, querer someter, entonces qué es someter”.
"Y dicen que tenemos que vivir con la nuestra. Si nosotros viviéramos con la nuestra, saben cómo viviríamos. Devuelvan la nuestra", el aporte de la producción de la provincia, insistió. "La Nación es la voluntad y la esencia de las provincias. Lo que producen las provincias sostiene a la Nación", recordó. Y advirtió: “Mientras queremos ser moderados nos atropellan”. “Le seguimos dando tiempo, van a ir los señores gobernadores a esa reunión con el condicionamiento de que deben aprobar la ley ómnibus, los diez puntos”. “Les digo a los señores gobernadores, están mintiendo” porque está en su esencia, afirmó.
Que se culminen las obras
En el mismo tono, el Senado aprobó también un proyecto de declaración pidiendo a las y los legisladores nacionales por Salta que actúen "en defensa de los derechos de todos los salteños" y "gestionen y exijan dentro del marco de sus competencias y representación, lo que por derecho corresponde a todos los vecinos de nuestra provincia, instando al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con su rol constitucional y terminar las obras públicas, en consonancia a los convenios suscriptos", y que restituya "los recursos y subsidios que por ley corresponden, cuya titularidad recae en el Pueblo de Salta".
En cuanto a obras, el senador Juan Cruz Curá (Orán) presentó un proyecto de declaración pidiendo a la provincia que gestione ante Vialidad Nacional la continuidad de la obra de la autopista Orán-Pichanal.
Dijo que la ruta 50 en ese tramo "está destruida, no tiene mantenimiento, no tiene luz" y tras 16 años de avances lentos, la obra “hoy (está) paralizada por el gobierno nacional”. “Es una vergüenza que esta obra no se pueda terminar”. “Un monumento a la desidia, a la corrupción. A la falta de federalismo”, aseguró. Muestra, afirmó, “la falta de empatía con el norte”, que hay calidades de argentinos y argentinas, “de primera, de Córdoba para arriba; de segunda, de Córdoba para abajo”. También anunció que la Defensoría General hará una presentación judicial contra Vialidad Nacional.
Otras expresiones también derivadas de los recortes de la Nación las dio el senador por General Güemes, Enrique Cornejo, al presentar un proyecto para declarar de interés la visita de negocios que realizó el gobernador Gustavo Sáenz a Alemania, junto a la entonces secretaría de Minería de la Nación: Flavia Royón, y otros gobernadores. Al referirse a la importancia del crecimiento de la minería en la provincia, recordó que están faltando obras de infraestructura, las que habían sido comprometidas por la gestión nacional anterior pero que ahora quedaron truncas. Dijo que por ese motivo se está estudiando un impuesto a la minería para financiar estas obras.
El senador Leopoldo Salva, de Los Andes, mostró otra arista, esta vez sobre la suba en las tarifas del transporte. Un pasaje a Tolar Grande costará más de 28 mil pesos, uno a San Antonio de los Cobres, más de 13 mil, reseñó. “Es inalcanzable y quien lo sufre es la gente que menos tiene, la gente que tiene un problema de salud y se tiene que venir a la ciudad. Los costos son enormes", lamentó. Dijo que por eso "no quería dejar pasar este malestar” de todo el departamento y le pidió a la provincia que considere a estas zonas alejadas, “ver como podemos actuar para que esto se pueda minimizar”.