Desde Barcelona 

Tironeado con fuerza por sus compañeros de gobierno y las organizaciones secesionistas hacia la Declaración unilateral de la independencia (DUI), mientras que el Partido Socialista Catalán (PSC), Podemos, el grupo de Ada Colau –BCNen Comú–, la comunidad empresarial y el nacionalismo vasco, encabezado por el lehendakari Iñigo Urkullu, lo empuja hacia el anticipo de elecciones, Carles Puigdemont buscó un equilibrio que se demostró imposible. Primero siguiendo el consejo de unos, horas más tarde el de otros, la confusión marcó una jornada que se vaticinaba clave para el conflicto entre España y Cataluña. Al final, el presidente de la Generalitat tomó una decisión: ante la falta de garantías por parte del equipo de Mariano Rajoy de que la llamada a las urnas eche para atrás la suspensión del autogobierno regional, Puigdemont descartó anticipar comicios y dejar en manos del Parlament la respuesta definitiva a la ofensiva del gobierno español. 

“No hay ninguna garantía que justifique las elecciones”, expresó el presidente de la Generalitat ayer por la tarde como principal motivo para no convocar urnas autonómicas, alegando no haber recibido por parte del gobierno español la seguridad de que éstas se podrían celebrar con normalidad. En su esperada compareciencia, después de que durante la mañana trascendiera su intención de sí adelantar elecciones– incluso se habló de una fecha concreta, el 20 de diciembre– Puigdemont aclaró que había “considerado la posibilidad de ejercer la potestad” que le corresponde como presidente de la Generalitat para disolver el Parlament antes de que el Poder central aplique el artículo 155 “porque su deber era agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto político y de naturaleza democrática”. Sin embargo, Puigdemont decidió recular a último minuto y volver a su ruta inicial hacia la secesión. 

“El 155 es una aplicación fuera de la ley abusiva e injusta que busca erradicar no solo al independentismo sino a toda la tradición del catalanismo. No acepto estas medidas”, concluyó el presidente de la Generalitat, recalcando que ofreció “sacrificios” para lograr el diálogo sin obtener ninguna respuesta. Cerrándose a toda negociación, el líder catalán rehusó defender personalmente las alegaciones que su Govern presentó en contra del artículo en el Senado, donde– también ayer por la tarde– una Comisión territorial estudiaba las medidas propuestas para la aplicación del 155 que mañana mismo se pondrá en marcha, una vez sea aprobado por la Cámara alta.

El debate en el Parlamento catalán fue reflejo de las tensiones generadas tanto dentro como fuera del Palacio de la Generalitat por el choque constante entre quienes le reclaman al President un paso al costado con una convocatoria urgente de urnas para evitar el fin del autogobierno y quienes consideran que las elecciones serían una humillación imperdonable para el proceso secesionista, con lo que la única salida es seguir hacia adelante y declarar la independencia. La muestra más significativa de este debate la protagonizó el Consejero de Empresa y Conocimiento del gobierno catalán, Santi Vila, al presentar su dimisión tras el Pleno parlamentario por su frontal disidencia con la postura que, finalmente, decidió adoptar Puigdemont. “Dimito. Mis intentos de diálogo de nuevo han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al president Carles Puigdemont y a los catalanes”, expresó vía Twitter el ya ex conseller. Vila no es el único que a lo largo de la semana manifestó su posición contraria a la DUI y su apuesta por la convocatoria de unas elecciones autonómicas, por lo que su renuncia no hizo más que confirmar la fractura interna de uno de los partidos que gobierna la Generalitat– el PdeCat– y que lidera el movimiento independentista.

Paralelamente, en Madrid, la voz de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era la más esperada durante la sesión del Senado que estaba preparando la autorización para aplicar la norma. En su enumeración de argumentos a favor de la suspensión de la autonomía regional, la número dos de Rajoy destacó que es necesario intervenir para que “las instituciones de Cataluña dejen de estar al dictado exclusivo del independentismo”. Santamaría repitió el mantra de la “normalidad”, la “tolerancia” y la “buena convivencia” al que se aferra su gobierno para defender la implementación de la versión más dura de una ley que nunca llegó a aplicarse en España por sus riesgosos efectos sobre la democracia. 

Jornada de infarto– con lo poco que queda vivo de corazón después de casi dos meses de montaña rusa– la de ayer en Cataluña y en Madrid. A las tres de la tarde la declaración oficial de Puigdemont ya había sido anunciada y anulada dos veces, en sintonía con los vaivenes de opinión que, a su vez, trascendían desde el Senado, en la capital. Un juego de rumores– y de reacciones a los rumores– que, como tales, carecían de peso real pero contribuían a caldear el ambiente y a enturbiarlo a cada instante todavía más. Los miles de estudiantes independentistas que seguían la esquizofrénica jornada en la plaza barcelonesa de Sant Jaume, bajo el balcón de la Generalitat, pasaban de la euforia al llanto en cuestión de minutos, ilusionados a primera hora de la mañana con una DUI, decepcionados al mediodía con una convocatoria anticipada de elecciones (ver aparte). 

El anticipo de las urnas regionales que el presidente catalán parecía que iba a proclamar a las 13.30 en el Parlament desmontó de un soplo todas las informaciones que, hasta entonces, habían trascendido de las últimas reuniones maratónicas entre miembros de los diversos partidos que componen el gobierno regional. Porque cuando Carles Puigdemont abandonó el Palacio de la Generalitat el miércoles a las 2 de la madrugada, luego de siete horas de discusión, la respuesta a Rajoy más factible era la de una irrebocable declaración unilateral de la independencia. Factible, no segura, debido al enfrentamiento interno cada vez más acuciado en el seno de Junts pel Sí, la confluencia entre PdeCat– formación de Puigdemont– y Esquerra Republicana (ERC), que gobierna Cataluña desde 2015 con el objetivo central de la secesión. 

En efecto, el sector más moderado dentro del PdeCat imploraba por un adelanto de elecciones para frenar o atenuar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del autogobierno catalán, siendo esa opción la que dominó ayer– incluso en los titulares de todos los medios de comunicación– hasta que a las cinco de la tarde, Carles Puigdemont por fin salió a hablar en el Parlament y descolocó nuevamente a todos con su resolución de no convocar a las urnas y abrir la puerta a la declaración unilateral de la independencia.