"Muchas de las víctimas de los hechos que se investigan en la megacausa La Huerta pasaron por nuestro claustros, como estudiantes o docentes". María Nazabal explica de esa manera el compromiso de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) con el proceso que busca llevar Justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en los partidos de Tandil, Azul, Olavarría, Saladillo, Rauch, Bolivar y Las Flores.
Pero también mira más allá y considera que una "parte importante del trabajo es dejar en claro que la dictadura no sólo ocurrió en las grandes ciudades, sino también en pueblitos como estos".
"Desde el retorno de la democracia en Argentina, las universidades públicas han generado espacios de trabajo, de docencia, de vinculación territorial y de investigación sensibles a la agenda de los derechos humanos", explica la coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Unicen.
La causa
El proceso comenzó en febrero de 2022, abarca hechos cometidos en nueve centros clandestinos de detención, y dos penales de la subzona 12, Azul y Sierra Chica. Se analizan alrededor de 120 desapariciones, a partir del testimonio de más de 250 testigos. Hay 26 represores sentado en el banquillo de los acusados.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que encabeza Matías Moreno es querellante en la causa, representada por los abogados Manuel Marañón y Verónica Bogliano. También participan los Equipos de Acompañamiento a Víctimas, que coordina Eliana Morrone.
La causa está en manos del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, las audiencias son híbridas, en algunos casos presenciales y en otros virtuales. En esos casos, juega un rol central la Unicen, cuya Facultad de Derecho retransmite las audiencias.
Un tramo de la causa aborda los crímenes cometidos contra trabajadores de la cementera Loma Negra, entonces perteneciente a la familia Fortabat, y la calera Avellaneda. Sin embargo, no hay e directivos ni accionistas de las empresas en el banquillo.
Una de la peleas, cuenta Soledad Restivo, que trabaja en los medios dependientes de la Subsecretaría de Extensión la universidad, es por la locación geográfica de las audiencias. “En 2012 tuvimos el juicio por la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, en 2014 tuvimos el Montepeloni 1, y en ambos casos, era la època del pleno compromiso del Estado nacional con el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado y el reclamo de Justicia", cuenta y agrega que "en esos casos, el tribunal se trasladó a Tandil y Olavarría, para facilitarles las cosas a los testigos”.
Cambio de época
El primer cambio en ese cambio de locación fue en 2017, en pleno macrismo, con el juicio conocido como "Montepeloni 2". "Dejaron de trasladarse y empezaron a poner una audiencia cada dos semanas, lo que dilataba el proceso y desgastaba a los testigos y querellantes”, cuenta Restivo que explica que en la actualidad las audiencias son híbridas ya que "los testigos son en su mayoría gente muy mayor y tiene problemas con la tecnología, no les resulta fácil declarar de manera virtual". De todos modos, aclara, "es una decisión del Tribunal”.
Para los consultados, las dilaciones son uno de los mayores problemas a la hora de obtener Justicia. La causa arrancó con tres imputados fallecidos y en el curso del proceso, murieron otros cuatro. Por eso, desde las organizaciones advierten sobre la necesidad de "acelerar el proceso". "Ahora reclamamos que al menos los alegatos y las sentencias se den a conocer desde Tandil”, explican desde las organizaciones Memoria por la Vida en Democracia y Mesa Multisectorial por el Juicio.
La expectativa entre los testigos es que se conozca la sentencia a mediados de este año.
Restivo observa, en los últimos años, “una pérdida de interés de la comunidad local en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”. Pero además, también da cuenta de un cambio de actitud que se expresa desde algunos sectores. “Antes las publicaciones de la universidad en las redes sobre estos temas no tenían comentarios negativos; y ahora sí", advierte: "No son trolls, son personas reales, vecinos de por acá. Creo que es un sentimiento que estaba latente, que estuvo siempre y ahora perciben cierta habilitación social".
Este cambio de época se observa también en la actitud de los abogados defensores de genocidas, mucho más protagónica en las audiencias recientes, las primeras de la era Milei. “El doctor Galán, defensor de Julio Méndez, viene presionando al tribunal para que resuelva a la brevedad. Lo hace abiertamente, interviene cada vez con más fuerza. Antes era mudo y ahora está empoderado”, concluye.
Julio Méndez, junto a su fallecido hermano Emilio, es dueño de la propiedad donde funcionó el pozo conocido como “la Quinta de los Méndez”, que integraba el mismo circuito queb "La Huerta". Ambos fueron sentenciados en 2012. Emilio murió en noviembre pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria, bajo el que Julio todavía permanece.
La misma suerte corrió uno de los principales imputados, el militar retirado Eduardo Bernardou. Al ser el único imputado en muchas desapariciones, todas esas causas se extinguieron con su fallecimiento, y los sobrevivientes y familiares quedaron privados de Justicia.
"No comparto el concepto de la impunidad biológica, la impunidad es judicial", define Nazabal al respecto.
Extensión universitaria
Desde el 2022, la Unicen brinda, a propósito de este juicio, una serie de contenidos de derechos humanos transversales a todas las carreras. "Para esto es imprescindible la participación de diversos actores sociales de la región, que trascienden a la comunidad académica, y permite un mayor diálogo de saberes, ya que se aborda en un contexto concreto y real", explican y agregan que "estas prácticas socioeducativas contaron con un tramo de formación teórica y uno práctico que incluyo más de 10 propuestas específicas de vinculación con el juicio".
También llevaron adelante el programa Escuelas con Memoria, a través del cual coordinaron más de cuarenta talleres de sensibilización, formación y debate en torno a los delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil, para más de mil quinientos estudiantes de quinto y sexto año del secundario.
El área de Derechos Humanos de la Unicen integra la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con la que comparte el firme compromiso que deben tener estas instituciones con la democracia y la formación de ciudadanías críticas.
