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Página/12 en Perú
Desde Lima
Hubo un golpe parlamentario contra los sistemas de justicia y electoral peruanos. En una votación marcada por irregularidades, el Congreso de mayoría derechista separó del cargo e inhabilitó por diez años a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, incluidos los supremos, y a los jefes de los organismos electorales.
El objetivo es copar este organismo clave. El fujimorismo y sus aliados promovieron inhabilitar a seis de los siete miembros de la JNJ --el séptimo se integró recientemente al organismo y es cercano a este sector--, pero algunos legisladores del bloque de derecha no quisieron ir tan lejos. La votación para la inhabilitación del presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, fue pospuesta para el lunes. Los magistrados destituidos, Inés Tello y Aldo Vásquez, eran voces importantes en la defensa de la autonomía de la JNJ y el blanco principal de los promotores del golpe contra este organismo. Tello ha dicho que no acatará su inhabilitación por considerar ilegal la votación que la aprobó.
Buscan una nueva mayoría
Esta victoria parcial del fujimorismo y sus aliados con la destitución de dos importantes magistrados les abre las puertas para buscar construir una mayoría en la JNJ. Esto les aseguraría una influencia decisiva en el sistema de justicia cuando se vienen los juicios a dirigentes políticos como Keiko Fujimori, y tomar el control de los organismos electorales --cuyos jefes deben ser ratificados o cambiados por la JNJ este año-- antes de las elecciones de 2026. Los inhabilitados Tello y Vásquez llevaban en la JNJ investigaciones por corrupción a la suspendida fiscal general Patricia Benavides, una aliada de la derecha. Destituirlos también busca frustrar esos procesos y reponer a Benavides en el cargo.
Perú Libre (PL), el partido marxista-leninista que llevó a Pedro Castillo al gobierno y después rompió con el expresidente, se sumó al fujimorismo y sus socios en el ataque a la JNJ. El secretario general de PL, Vladimir Cerrón, está prófugo por una condena de corrupción y tiene otros procesos judiciales en marcha.
“La democracia está en riesgo. Desde la dictadura militar (1968-1975) o el golpe de 1992 (de Alberto Fujimori) no se había visto algo así en el país”, señaló Aldo Vásquez, quien era vicepresidente de la JNJ.
Tello y Vásquez fueron inhabilitados por una acusación constitucional con 67 votos, el mínimo necesario para aprobarla, que se alcanzó con el voto de un congresista que estaba impedido de votar. La Constitución y el reglamento del Congreso establecen que los 30 miembros de la Comisión Permanente que aprueba en primera instancia una acusación constitucional, y luego la presenta al Pleno del Congreso para su votación definitiva, están impedidos de participar en esta segunda instancia. El parlamentario José Luna, del partido de derecha Podemos Perú, votó en el Pleno a pesar de ser integrante de la Comisión Permanente. Luna enfrenta varios procesos judiciales por corrupción.
Una magistrada pide la anulación
La magistrada Tello ha demandado al Congreso que se anule el voto de Luna por ser ilegal y, por lo tanto, quede sin efecto su inhabilitación. Señaló que se sigue considerando integrante de la JNJ. La mayoría parlamentaria ha respondido diciendo que Luna estaba habilitado para votar porque no lo hizo en la Comisión Permanente. Pero la Constitución establece expresamente que los miembros de la Comisión Permanente “están impedidos” de participar en la votación en el Pleno del Congreso en una acusación constitucional, sin diferenciar si votaron o no en la primera instancia.
“La Constitución es enfática. Interpretar que quien no votó en la Comisión Permanente está habilitado para votar en el Pleno, es distinguir donde la Constitución no lo hace”, ha señalado el reconocido constitucionalista Luciano López. Otros importantes juristas han opinado en el mismo sentido.
Una "cuestión de edad"
La acusación constitucional armada en el Congreso contra los miembros de la JNJ tuvo como argumento que mantuvieron en su cargo a Inés Tello después de cumplir 75 años, cuando la Constitución establece que ese es el límite de edad para ser integrante del organismo. Los magistrados de la JNJ han respondido que ese límite de edad es para postular e ingresar a este organismo, pero que el cargo, según otro artículo de la Constitución, se jura por cinco años y que cumplir 75 años durante ese periodo no está establecido como una causal de cese. Recordaron que la comisión que nombró a la actual JNJ tuvo esa misma interpretación y por eso designó por cinco años a Tello, para el periodo 2020-2025, cuando ya había cumplido 74 años.
Samuel Abad, uno de los abogados de la JNJ que se presentó ante el Congreso, indicó que “el Congreso no puede inhabilitar a los miembros de un organismo por no compartir su criterio interpretativo, eso significa afectar la autonomía e independencia de los órganos de justicia”.
Más allá de la controversia sobre la edad de la magistrada Tello y la ambigüedad constitucional en este punto que puede dar para distintas interpretaciones, lo cierto es que este asunto es una excusa sacada por el bloque de la derecha y ultraderecha del Congreso que capitanea el fujimorismo, para tumbar a los integrantes de un organismo que pretenden controlar.
El fujimorismo y sus aliados han avanzado en el objetivo de copar los sistemas de justicia y electoral. Crece la amenaza a los procesos anticorrupción. Y la golpeada democracia se debilita más.
