La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich convocó al Comité de Crisis que le había pedido el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de la seguidilla de asesinatos a taxistas, que este jueves también contempló el ataque contra un colectivero que pelea por su vida. La resolución difundida ayer por la tarde plantea que "resulta necesario y urgente redoblar los esfuerzos coordinados entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe, a fin de restablecer la seguridad interior en la provincia". La convocatoria tiene como finalidad "contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de las tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano". La presidencia del comité estará compartida entre Bullrich y Pullaro y, en uno de los párrafos de la resolución, se asegura que "solicitarán al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 27 la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059". El plazo -prorrogable por decisión de ambas partes- del Comité será el 9 de julio de este año.
Antes de la decisión de Bullrich, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dio una conferencia de prensa. Sostuvo que el gobierno provincial no se arrepiente de la difusión de imágenes que dan cuenta de un endurecimiento de la política penitenciaria “a lo Bukele”. Por el contrario, redobló apuesta y aseguró que en la situación actual ninguna medida puede parecer extrema si el objetivo es recuperar la calma en la ciudad: “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para restablecer la paz social, en el marco de una decisión política de no negociar con las mafias. Nosotros no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada. Vamos a seguir con una política muy estricta y de mucha firmeza contra las organizaciones criminales y les vamos a demostrar que el Estado puede mucho más que ellos”.
En cuanto a la participación de las FFAA que plantea la resolución firmada por Bullrich, el artículo 27 de la ley 24.059 plantea que Defensa "dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior". Enviarán 150 móviles en su mayoría pertenecientes al Ejército Argentino.
En los hechos, el Comité de Crisis estará presidido por la ministra y copresidido por el gobernador, y lo integrarán los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argencina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Bullrich y Pullaro "ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad. Podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto".
La decisión de la ministra llegó en medio de un día muy intenso, sin colectivos en Rosario, y con la decisión de la UTA de mantener hasta hoy la medida de fuerza, sin garantías: lo volverán a evaluar. El propio secretario general del gremio, Sergio Copello, afirmó que "realmente esto no da para más. Y no solo para los colectiveros, no da para más para todos los trabajadores que están en la calle ganándose el pan día a día”. Sobre la sensación de los colectiveros, afirmó: “para volver a trabajar vamos a necesitar mucho coraje, y nuevas normas de seguridad”. En tanto, si bien los conductores de taxis retomaron el servicio ayer por la mañana, evaluaban reducir o retirar el servicio nocturno.
Durante la madrugada hubo allanamientos en distintos puntos de la ciudad donde quedaron demoradas 20 personas mayores de edad y un menor de edad, secuestrando material de interés para las investigaciones.eis personas y se secuestraron armas y municiones.
La ola de violencia iniciada esta semana comenzó con las muertes de Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, dos taxistas asesinados durante las madrugadas del martes y miércoles bajo una modalidad similar: ambos recibieron pedidos de viajes vía Whatsapp y se presume que fueron emboscados por pasajeros o sicarios que los esperaban en el punto de encuentro del viaje. Las pericias determinaron que en ambos casos se utilizó la misma arma, así como también balas pertenecientes a la policía provincial. Los asesinatos generaron el malestar de los gremios taxistas que iniciaron una medida de fuerza que contempló fuertes reclamos frente al Concejo Municipal de Rosario y obligó a suspender el acto de inauguración del año legislativo previsto para este jueves. El viernes por la mañana los trabajadores decidieron restablecer el servicio.
Pero el jueves por la noche continuó con una seguidilla de hechos que encendieron las alarmas en los distintos niveles del Estado. Cerca de las 19 horas, un chofer de la línea K fue baleado por un joven que frenó el colectivo en Mendoza y México, con intenciones de subirse. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) donde se encuentra en estado delicado, peleando por su vida. La ola de ataques continuó con dos hechos más. Apenas unas horas después, y casi en simultáneo, incendiaron un taxi en Pasco y Liniers, y balearon la comisaría 15 de Sarmiento y Ameghino. En estos últimos casos no se registraron personas heridas.
La situación demandó una reunión de emergencia en el OJO, la central de procesamiento de información para la prevención del delito. Durante la noche del jueves el gobernador convocó a un comité de crisis del que participaron funcionarios locales, provinciales y nacionales, así como también autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para definir las acciones a seguir. Al mismo tiempo, le pidió a Bullrich que convoqué al comité de crisis nacional.
En paralelo, el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, dispuso una serie de allanamientos que fueron efectuados durante la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI) con resultados positivos.
En total fueron cinco allanamientos en el marco de las causas que investigan los homicidios de los taxistas. Los procedimientos se hicieron en domicilios de Teniente Agneta al 1800, Uruguay al 5900, Belgrano y Avenida Argentina, Flammarion al 5000 y Lamadrid al 400 bis, donde se secuestraron celulares, municiones y una moto. Además, el Comando Radioeléctrico demoró a seis personas acusadas de arrojar armas y municiones al patio de un vecino durante el procedimiento.
Y en la mañana del viernes, Cococcioni convocó a una conferencia de prensa donde brindó detalles de las medidas en las que el gobierno busca avanzar. Allí aseguró que vienen trabajando “codo a codo” con Fiscalía para realizar las acciones investigativas correspondientes e intentar dar con los autores de los diversos hechos. Señaló que no descartan ninguna hipótesis y adelantó que se van a adoptar todas las medidas de refuerzo de seguridad urbana que estén al alcance del gobierno provincial, coordinando en conjunto con las fuerzas federales.
“Hemos logrado restablecer en cierta medida el patrullaje en la zona urbana. De 17 móviles estamos pasando a 120 en promedio, pero tenemos que ganar mucha más presencia policial en las calles. Así que se va a volcar efectivos de otras secciones, de la Policía de Acción Táctica, de la Tropa de Operaciones Especiales, e incluso del servicio penitenciario de Santa Fe, que en el marco de la ley de emergencia pueden ser volcados a colaborar en materia de seguridad pública”, expresó y agregó: “Tenemos que ajustar el régimen penitenciario para que nadie pueda hacer ningún movimiento fuera de lo que la ley establece, así como también el funcionamiento de la policía en calle”.
En esa línea, el funcionario confirmó que el gobierno nacional se puso a disposición del gobernador Pullaro y deslizó que podría haber un desembarco de más fuerzas federales en la ciudad. “Nosotros estamos pidiendo la mayor colaboración posible al gobierno nacional”, advirtió. “Pero más allá del número, lo que nos interesa es que se pueda realmente coordinar un trabajo en conjunto y que la presencia de las fuerzas federales, y de la policía de la provincia, sea con la intensidad y la proactividad que la situación amerita”, remarcó.
