Ante las idas y vueltas del oficialismo por el aumento salarial para senadores y diputados, que terminó con la promesa de presentar un proyecto de ley que derogue el incremento, la oposición “dialoguista” replicó con su propia propuesta para equiparar salarios en los tres poderes del Estado. El proyecto presentado por el interbloque de diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF) pone límites remunerativos al Presidente y a los funcionarios libertarios que perciben sueldos millonarios en distintos estamentos del Estado, así como limita también los ingresos del sector judicial. 

Mientras la política económica del Gobierno somete a un brutal ajuste al grueso de la población, se abrió una disputa salarial en la superestructura estatal. Todo comenzó el miércoles pasado, cuando los titulares de Diputados, Martín Menem, y de Senadores, Victoria Villarruel, dispusieron aumentar en un 30 por ciento los ingresos de los legisladores nacionales. La medida generó inmediato malestar social y el Gobierno se vio forzado a anunciar que dará marcha atrás. Según se informó, La Libertad Avanza presentará un proyecto para desenganchar las dietas de diputados y senadores de los aumentos de sueldo del personal parlamentario, la razón que se había argüido para justificar el aumento.

En ese contexto, el interbloque de HCF, que conduce Miguel Pichetto, salió a doblar la apuesta y a proponer límites a los ingresos de los tres poderes del Estado: del Presidente y vice por el Ejecutivo, los jueces de la Corte Suprema por el Poder Judicial, y de senadores y diputados por el Poder Legislativo. Además, impulsa que se ajusten según el índice de la actual o futura movilidad jubilatoria.

La iniciativa de HCF establece en su primer artículo que “el Presidente de la Nación percibirá la remuneración mensual más alta del Sector Público Nacional, no pudiendo ser la misma superior a los veinte salarios mínimos vitales y móviles, por todo concepto”. El propio Gobierno estableció que el salario mínimo de febrero es 180 mil pesos y 202.800 en marzo, por lo que de aprobarse y aplicarse la ley, Milei cobraría este mes un máximo de 4.056.000 pesos. La propuesta impulsa que su aplicación sea retroactiva al 1º de enero de este año.

En el artículo 2º, propone que “el vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los senadores y diputados no podrán tener una remuneración mensual que supere a la del Presidente de la Nación”. Eso también abarca al procurador general, al defensor general, a los consejeros de la Magistratura, los auditores generales y el defensor del Pueblo de la Nación.

El proyecto de los opositores dialoguistas también propone que las remuneraciones de los funcionarios del Ejecutivo nacional y organismos descentralizados del Estado no superen en todo concepto “el 90 por ciento” de lo establecido para el Presidente de la Nación. Algo que tampoco incomodaría a la casta libertaria que pasó a ocupar cargos jerárquicos con sueldos millonarios en un Estado al que atacan y destruyen con arengas de “austeridad” y “desguace”.

En el proyecto, HCF sostiene que Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo tienen un plazo de 180 días para elaborar “un escalafón salarial que incluya a todos los empleados, funcionarios y agentes que de ellos dependan orgánicamente”.

“En todos los casos las remuneraciones alcanzadas por la presente ley serán actualizadas automáticamente aplicando la movilidad previsional establecida por el artículo 32 de Ley 24.241 y sus modificatorias, o el mecanismo que lo reemplace en el futuro”, dice el texto que firman Pichetto, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Se trata del mismo bloque de diputados que solicitó una sesión especial para el miércoles próximo donde discutir otro proyecto propio para modificar la actual movilidad jubilatoria y atarla a la inflación. Se trata de un proyecto sin dictamen de comisión y necesita de la aprobación de dos tercios de los presentes para abrir el debate en el recinto. El presidente de la Cámara baja, Menem, aun no formalizó la convocatoria a la que debe acceder por reglamento.

La decisión del oficialismo de aumentar los estipendios de los legisladores chocó de lleno con el discurso anticasta y el “no hay plata”, desató el malhumor social y terminó abriéndole otro frente parlamentario al Gobierno: la oposición dialoguista busca trasladar el ajuste impulsado por el gobierno de ultraderecha al resto de los poderes del Estado, incluidos los funcionarios de Javier Milei.